Frenada la obra Doble calzada Popayán–Quilichao
Por bloqueos prediales
Especiales Proclama del Pacífico
La anhelada construcción de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao, considerada una de las obras viales más estratégicas para el desarrollo del suroccidente colombiano, cumple diez años entre trámites, bloqueos y promesas aplazadas. Lo que en 2015 se presentó como una revolución en movilidad y competitividad para el Cauca, hoy atraviesa su momento más crítico, la obra está prácticamente detenida.
Los factores son dos, pero sus efectos se multiplican: bloqueos prediales y redes eléctricas sin reubicar. Ambos han frenado los avances del Consorcio Nuevo Cauca S.A.S., concesionario del proyecto adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo el contrato N.º 11 de 2015.
El punto de quiebre, los predios sin liberar
Según los informes obtenidos por Proclama del Pacífico, el proyecto requiere más de 1.140 predios a nombre de la ANI para ejecutar los 77 kilómetros de doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. A la fecha, una parte considerable permanece bloqueada por procesos de expropiación que se tramitan ante los juzgados, en especial en la Unidad Funcional 4 (Mondomo–Santander de Quilichao).
El documento técnico en exclusiva para Proclama del Pacífico, detalla 10 procesos vigentes, 5 de ellos en cabeza del abogado y exconcejal Germán Jiménez, quien además trabaja para la Alcaldía de Santander de Quilichao. Sus casos, según la información analizada, han entrado en etapas judiciales que impiden la entrega de terrenos y obligan a la ANI a acudir a la vía más lenta y costosa, la expropiación.
Entre los procesos activos destacan los de Delaida Mosquera, Julián Eduardo Belalcázar Paz, Harby Grijalba y Orfilia Losada, la Alcaldía de Santander de Quilichao (por un terreno escolar) y Angélica Moreno y Carlos Paz Rueda, todos con resoluciones o demandas en curso ante los tribunales.
CASAHIDALGO: la constructora que ofrece anticipos para destrabar la vía
Ante la parálisis predial, la empresa CASAHIDALGO Constructores S.A.S., encargada de la gestión de compras y ejecución de obras, implementó un mecanismo de anticipos voluntarios con acuerdos directos con propietarios para entregar los terrenos antes de que la ANI complete el trámite de compra.
A través de contratos de cesión de derechos económicos y litigiosos, CASAHIDALGO ha desembolsado anticipos del 50% al 80% del valor del avalúo, ha cubierto arriendos por tres meses para reubicaciones temporales y ha realizado más de 180 pagos con 100 predios entregados en la UF4.
Esta figura, completamente legal, no reemplaza la compra estatal, pero permite que las obras avancen mientras se formaliza la adquisición.
En varios casos, como los de Belalcázar, Medina, Jiménez y Rivera, los propietarios desistieron de los litigios y firmaron acuerdos voluntarios con la constructora, lo que permitió liberar los terrenos y en esos puntos la doble calzada avanza. Sin embargo, los procesos que siguen bajo representación judicial mantienen bloqueada la continuidad del corredor.
Enajenación voluntaria vs. expropiación: una diferencia de años y millones
Recopilamos y contrastamos la información técnica, jurídica y social disponible sobre el proyecto de doble calzada Popayán–Santander de Quilichao, con especial atención al informe de expropiaciones y gestión predial más reciente, a fin de establecer por qué la obra está detenida, quiénes intervienen en el atasco y cuáles son las salidas legales y operativas que permitirían retomar su curso con garantías para el interés público y para los propietarios afectados.
El proyecto, concesionado bajo el contrato 2015, exige la liberación de franjas de terreno a favor de la ANI para construir la segunda calzada y adecuar la existente. Para cada predio se debe conformar un expediente con plano del área requerida, inventario de construcciones, mejoras y especies, estudio de títulos, ficha predial, avalúo corporativo elaborado por lonja y ficha social, todo ello sometido a aprobación de la interventoría. Sin ese expediente completo no es posible emitir una oferta formal de compra ni, por ende, perfeccionar la adquisición voluntaria o iniciar la expropiación cuando no hay acuerdo. La ausencia o el retraso en estos insumos sumados a objeciones, procesos judiciales y cargas administrativas explica buena parte del rezago acumulado.
Accedimos a un informe jurídico predial que revela con precisión el procedimiento que rige estas adquisiciones según la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y la Ley 1882 de 2018. En la enajenación voluntaria, el propietario acepta la oferta formal de compra (OFC), firma la promesa de compraventa y recibe el 80% del valor de inmediato, seguido del 20% restante tras la entrega y registro del predio. El proceso incluye el pago del 100% de los gastos notariales y registrales, y, lo más importante, compensaciones sociales por reubicación o pérdida de actividades económicas.
En contraste, la expropiación judicial o administrativa puede tardar años, genera costos tributarios al propietario (ganancia ocasional, registro, retención) y no reconoce compensaciones sociales, salvo que el dueño acepte la oferta durante el proceso judicial. El dinero del avalúo queda congelado en una cuenta judicial, y la entrega del predio puede darse por orden del juez aun sin acuerdo.
En términos prácticos, los propietarios que se niegan a negociar pierden beneficios económicos, tiempo y control sobre su propiedad.
El otro cuello de botella son las redes eléctricas
El segundo gran obstáculo para la doble calzada es la relocalización de redes eléctricas. La Compañía Energética de Occidente (CEO) debía retirar y reubicar 486 postes, 23 transformadores y 17 kilómetros de redes antes del inicio de la fase plena de construcción. Hoy, gran parte de estas estructuras siguen en pie, impidiendo el avance de maquinaria pesada y generando sobrecostos logísticos y de supervisión.
Fuentes de la interventoría confirmaron que, en sectores como Mondomo, La Venta y Dominguillo, se mantienen zonas críticas donde los postes y líneas aún invaden la franja de construcción, lo que ha derivado en suspensiones de frente de obra y afectaciones a los cronogramas pactados con la ANI.
Costos, demoras y desconfianza
Cada mes de retraso implica pérdidas económicas para el Estado, el concesionario y la región. La doble calzada debía estar lista en 2026, pero la persistencia de procesos judiciales y técnicos proyecta la entrega más allá de 2028, con un incremento en costos operativos y de mantenimiento de los tramos ya intervenidos.
Los comerciantes y transportadores del norte del Cauca expresan su frustración, los tiempos de viaje entre Popayán y Quilichao siguen superando las dos horas, mientras los costos de transporte y seguridad vial aumentan.
Un conflicto de intereses que exige transparencia
La investigación de Proclama del Pacífico también identificó un potencial conflicto de interés: el abogado Germán Jiménez, exconcejal de Santander de Quilichao, representa varios procesos de expropiación y al mismo tiempo figura como asesor jurídico de la administración municipal. Esta doble función plantea interrogantes sobre la imparcialidad en las negociaciones prediales, especialmente cuando uno de los predios en disputa pertenece al mismo municipio.
La ANI, por su parte, no ha divulgado un cronograma público actualizado que contemple los retrasos ni los costos adicionales. El concesionario Nuevo Cauca S.A.S. asegura que mantiene comunicación permanente con las comunidades y promueve mesas de socialización para destrabar la gestión, pero los resultados aún no son visibles.
Una decisión que define el futuro del Cauca
La doble calzada Popayán–Santander de Quilichao no es una obra cualquiera: representa la columna vertebral del corredor logístico del suroccidente colombiano, vital para conectar el Cauca con el Valle del Cauca y Buenaventura. Su estancamiento no solo retrasa el desarrollo vial, sino que congela oportunidades de empleo, comercio y turismo para miles de habitantes.
Por eso, más allá de los litigios, los informes técnicos hacen un llamado claro:
“La enajenación voluntaria es la vía más rápida, segura y beneficiosa para todos. Cada predio liberado es un paso hacia el desarrollo del Cauca y una garantía de que los recursos públicos no se pierdan en procesos judiciales interminables”.
La doble calzada del norte del Cauca no está detenida por falta de recursos, sino por exceso de trámites. Los bloqueos prediales, la lentitud de los juzgados y el incumplimiento de relocalización eléctrica han convertido una obra de infraestructura en un símbolo de burocracia e ineficiencia estatal. Si no se logra un acuerdo integral entre la ANI, el concesionario, la constructora y los propietarios, el proyecto podría convertirse en una década perdida para el desarrollo vial del Cauca. El reto inmediato es multiplicar esas salidas caso a caso predial, acelerar la relocalización de redes y garantizar, con información pública verificable, que ningún interés particular prevalezca sobre la utilidad pública de una obra fundamental para el Cauca.
***************
En contexto:
