Un asesinato
Alexander Andrete era un joven seminarista de la comunidad Trinitaria, que de su país, Haití, vino a Medellín, para cursar estudios con ánimo de tomar opción por el sacerdocio. Hasta el momento las autoridades no tienen claro quién cometió el crimen y cuáles fueron los móviles. Ocurrió a comienzos de la semana, en el municipio El Guamal, departamento del Magdalena, correspondiente a la diócesis de El Banco por jurisdicción eclesiástica.
En la zona operan grupos violentos, entre ellos el denominado “Clan Úsuga”. Fue muerto a tiros por dos sicarios cuando el seminarista se movilizaba en una motocicleta hacia una vereda entre Hato Viejo y Ricaurte, lugar designado para efectuar su misión pastoral de fin de año, que no era otra que llevar una voz de aliento a hombres y mujeres del sector olvidado y sumido en la pobreza y la violencia. Las escasas noticias que se conocen de este aislado municipio del sur del Magdalena tienen que ver con hechos violentos: grupos de guerrilla, paramilitares y organizaciones de justicia privada han mantenido en vilo a los treinta mil habitantes de un lugar casi desconocido para el resto de los colombianos.
El joven Alexandre Andrete es uno entre miles y miles de víctimas de una guerra inmisericorde que se libra en las oscuras regiones donde la presencia de la autoridad es escasa, o por lo menos insuficiente, y donde opera la Ley a antojo particular, sin que el Estado se ocupe de cumplir su función constitucional de garantizar la vida y los bienes de las personas. Hay muchos lugares en Colombia donde la fuerza pública vive en fortalezas, después de sus límites se cocinan los más horrendos crímenes a hombres y mujeres indefensos. No opera ningún derecho, ni a la vida, ni a un trato digno, ni a la libre movilización. Son sitios vedados, hay que pedir permiso al mafioso que gobierna el lugar, para circular por el territorio.
Este tipo de lugares los hay en los Llanos Orientales, en la Costa Pacífica, en el sur del Cauca, en el Magdalena Medio, en el Chocó, en la costa norte desde el Urabá hasta la Guajira. Lugares vedados, impera la ley de las armas asesinas, los “sicarios” disparan, después preguntan. Y con la persona que se habla, nadie sabe de quién se trata, a lo mejor forma parte de uno de los grupos armados, como ocurrió con la Comisaria de Familia de Piamonte (Cauca) y su esposo, sindicados de ordenar las extorsiones y los asesinatos provenientes de las FARC.
Son lugares tradicionalmente constituidos en polvorín, pisar su entorno es pisar las ardientes brazas de un fogón de leña. Son lugares donde no se puede ir por antojo, a riesgo de ser asesinado, sin más motivo que el de visitarlo. El caso del seminarista Andrete avergüenza por tratarse de un extranjero, más cuando era un hombre de paz en misión por orden de la iglesia católica. Pero son muchos los desaparecidos, los muertos, muchos encontrados como NN aguas abajo del río Magdalena, del San Juan, del Patía, del Inírida, del Orteguaza, del Caquetá, además de los cientos de compatriotas varados en los caminos y carreteras de este país que nada lo conmueve, con una bala en mitad de la frente.
