25 de Julio: Día Internacional de la mujer afrodescendiente
El próximo lunes 25 de julio se celebra la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes desde una perspectiva social, cultural y política. Esta conmemoración se inició en 1992 en el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas realizado en Santo Domingo (República Dominicana), donde mujeres negras de más de 70 países crearon la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora, ARMAAD.
La conmemoración internacional busca ampliar y fortalecer las organizaciones de mujeres negras, la construcción de estrategias para la inclusión de los temas fueron creados para luchar contra el racismo, el sexismo, la discriminación, los prejuicios y otras desigualdades sociales y raciales. Es un día para ampliar las alianzas, dando visibilidad a la lucha, la acciones de promoción, presentación y debate sobre la identidad de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
En todos los países se organizan festejos, en casi todos se recuerdan a las mujeres afro que fueron las primeras en salir a la luz. Su gran lucha por ser vistas y tener los mismos derechos que tienen todas las mujeres en el mundo sin distinción alguna. La fecha es propicia para ampliar la toma de conciencia acerca de sus derechos humanos, derechos civiles, políticos y culturales; en la participación política, empoderamiento económico, salud, educación, trabajo, acceso a la vivienda, acceso al crédito, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos, acceso a la tierra, respeto a la cultura, derecho a vivir sin violencia y en todo lo que represente inclusión social, política y económica.
En este día conmemorativo, debería proponerse, nuevamente, la necesidad del diseño de políticas públicas específicas con acciones afirmativas que permitan cerrar las brechas, tanto de la población afrodescendiente en general, como de las mujeres que son golpeadas por la desigualdad con mayor rigor en todos los ámbitos. Es urgente reconocer que las barreras de prejuicios sociales vinculados con su condición étnica, y también con su condición de género, causa, por ejemplo, que las mujeres negras registren uno de los índices más elevados de desempleo femenino y los porcentajes más altos entre las mujeres que trabajan en ocupaciones que requieren poca o nula calificación. Ante este panorama, los gobiernos locales, que son las estructuras de poder formal más cercanas a las personas, tienen el deber de implementar estrategias y acciones que respondan a la diversidad y especificidad de su territorio, como incluir dentro de sus políticas de equidad de género, el enfoque étnico que permita visibilizar la exclusión y discriminación de las mujeres, en este caso, afrodescendientes, para diseñar estrategias que les proporcionen igualdad de oportunidades para el acceso a la educación y al empleo.
El día internacional de la mujer afrolatinoamericana y afrocaribeña se convierte en el escenario ideal para reconocer las contribuciones de las mujeres afro en la construcción de la sociedad, así como en el espacio propicio para generar conciencia en torno a sus problemáticas y necesidades, con el fin de garantizar su efectivo empoderamiento para el goce de sus derechos culturales, sociales, económicos y políticos.
Herramientas de protección
La protección de la diversidad y la lucha contra la discriminación en Colombia se encuentra ampliamente consignada y desarrollada en la Carta Constitucional de 1991. Sin embargo, en el caso de la lucha contra la discriminación racial y de género, la normatividad colombiana ha ampliado los mecanismos de protección y promoción de los derechos de las mujeres y de las poblaciones étnicas diferenciadas.
Existe en Colombia una amplia normatividad relativa a los derechos de las mujeres que tiene por objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir o sancionar situaciones de vulneración de sus derechos. Cabe mencionar la ley 984 de 2005, mediante la cual Colombia adopta el “Protocolo facultativo de la Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer”. Igualmente, la ley 582 de 2000 que tiene por objetivo garantizar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los distintos niveles decisorios del poder público, y que ha sido complementada por la ley 823 de 2003 que tiene por fin garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres mediante la creación de un marco institucional y la orientación de políticas y acciones gubernamentales. En materia de prevención de la violencia el Congreso de la República promulgó la Ley 1257 de 2008, que dicta normas para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer y en el ámbito interamericano se promulgó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
De igual manera, la lucha contra la discriminación racial cuenta con normatividad para la garantía efectiva de los grupos diferenciales. En este caso, cabe mencionar la Ley 1482 de 2011 que modifica el código penal con el objetivo de castigar conductas o hechos de abierta discriminación.
En el ámbito internacional, también se han desarrollado herramientas y espacios que combaten las múltiples formas de discriminación racial o que reivindican a los pueblos afrodescendientes. Se trata aquí, de la “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial” que compromete a los Estados en el combate contra este flagelo. Igualmente, la declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Decenio 2013-2022 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que se constituye en plataforma para el reconocimiento y la promoción de los derechos de los pueblos afrodescendientes para garantizar su efectiva inclusión en el desarrollo social y económico.
