$240 billones para obras se moverían con el Plan de Desarrollo
En materia de infraestructura para la competitividad, el Plan contempla inversiones cercanas a los 240 billones de pesos, financiadas a través de las asociaciones público privadas.
En medio de controversias, al proyecto del Plan de Desarrollo ‘Todos por un nuevo país’ le quedó pendiente solo la firma presidencial, para la cual el mandatario de los colombianos se toma en promedio unos 15 días.
Tras la conciliación que se dio este miércoles entre Senado y Cámara, para adoptar el texto definitivo, hubo diferencias en lo aprobado en cada una de esas corporaciones, como la prohibición de la venta de Isagén, aprobada en Senado pero no en Cámara.
267 artículos quedaron en el documento, luego de haber partido de 206 propuestas en el proyecto inicial presentado por el Gobierno Nacional.
El monto de la que será la carta de navegación para los próximos cuatro años es de 703,9 billones de pesos, con los cuales se pretende convertir a Colombia, en el 2018, en un país que avance hacia la consolidación de la paz, más equitativo y educado.
Para ello se aplicarán seis estrategias: competitividad y desarrollo de la infraestructura; más colombianos saliendo de la pobreza (movilidad social); transformación del campo, lo que implicará un revolcón institucional y una clara política agraria; seguridad, justicia y democracia; buen gobierno, y crecimiento verde.
Más de 200 de las iniciativas pasaron en el Congreso sin mayores contratiempos. La idea de aplicar un programa de transformación productiva para la mejora en productividad y competitividad de la industria, por ejemplo, no podía causar discrepancia.
Entre tanto, hubo propuestas tumbadas y otras fuertemente modificadas.
Es así como, desde el primer debate en las comisiones económicas, los parlamentarios se dieron a la tarea de eliminar la medida que buscaba incrementar las tarifas del impuesto al consumo de licores.
También se cayó el artículo relacionado con la aplicación de una tasa mínima por el uso del agua; tampoco pasó la idea de cobrar sobre las rentas de capital (como dividendos) para financiar la seguridad social.
Impuestos, medidas para incentivar la minería pero intentando no afectar el medioambiente, normas relacionadas con pensiones, transformación del sistema de salud fueron algunas de las propuestas que más demoraron la aprobación.
Las llamadas licencias exprés, por ejemplo, diseñadas para incentivar la industria minera, que fueron tumbadas en una de las dos cámaras, revivieron y quedaron en el texto final. Esto implicará que las empresas mineras estarán sujetas a menos trámites, pero ceñidas a zonas de exploración que determinará el Gobierno, con base en mecanismos de protección ambiental.
El campo estará favorecido, porque la pobreza monetaria rural pasará de 42,8 a 36 por ciento en los cuatro años, mientras que el Gobierno aspira a que el crecimiento de la economía se incremente en un punto anual, tomando como referente el año anterior.
Con respecto a los subsidios que incluye el Plan de Desarrollo aprobado, se destacan los de energía y gas, que fueron extendidos hasta el 2018 para los estratos bajos de la población.
También obtuvo luz verde el tema del cobro por alumbrado público, que fue uno de los artículos polémicos, pues en la actualidad se cobra con base en una ley antigua (de 1913), y la propuesta de reformarla incluía la obligatoriedad de dicho cobro. Finalmente se determinó que se establecerá como una contribución que se solicitará a partir de una metodología elaborada por el Ministerio de Minas, con tarifas elegidas en cada municipio.
El pago de pasivo pensional a ciertos hoteles –por ejemplo, los incautados por el Gobierno–, para que el Estado pueda venderlos, también obtuvo el visto bueno, aunque no faltaron los reparos a la propuesta.
De igual manera se le extiende un nuevo salvavidas a Satena, la aerolínea oficial, que será subsidiada para cubrir el costo de operación hacia nuevas zonas donde no llegan vuelos comerciales.
En educación, uno de los ejes del Plan, hasta el 2018 se aspira a una cobertura de 40 por ciento de estudiantes en jornada única, mientras que se proyecta cobijar a 1’100.000 niños de primera infancia con atención integral.
El Plan de Desarrollo aprobado en el Congreso tiene a muchos abogados revisando normas, pues algunos congresistas, como Sofía Gaviria, quedaron inconformes y con la sensación de que “el trámite cumplido tiene vicios de forma”.
Para la senadora, no hubo continuidad en las propuestas que se aprobaron en los primeros y segundos debates, e incluso estima que no se cumplió lo establecido en la norma del Congreso, sobre tiempos para publicar el texto de la conciliación. Ella era una de las autoras de la medida que impedía al Estado vender activos energéticos tipo Isagén.
Algunos congresistas señalan incluso que “nunca habían visto tanto desorden en un trámite similar”.
