El pasado 30 de noviembre el alcalde de Miranda, José Leonardo Valencia Narváez, expidió el decreto 154 de 2016, por medio del cual suprimió 16 cargos de la planta de personal (un profesional universitario, dos jefes de oficina, cinco técnicos operativos, dos técnicos administrativos, cinco auxiliares administrativos y un conductor), justificándose en una re-estructuración administrativa realizada por la contratista Julieth Nataly Bastidas Rosero a través de un contrato valorado en 60 millones de pesos.
Este lunes 26 de diciembre de 2016 visitaron las instalaciones de Proclama del Cauca 6 de las 16 personas despedidas y la presidenta del sindicato SINALSERCOL, subdirectiva Miranda, Alexandra Briñez Téllez, para poner en conocimiento público presuntas irregularidades en el proceso de restructuración, pues de acuerdo con Cristian Rafael Baca Quintana, vocero del grupo, los despidos se realizaron de manera arbitraria al ser notificados por la secretaria general de la Alcaldía, Elizabeth Villaquirán Chávez, y no por el nominador. El grupo de exfuncionarios, integrado además por Diana Velasco, Alberto Muñoz, Mónica Rodríguez, Norfalia Ulcué y Jennifer Enríquez, argumentaron que interpondrán las acciones legales porque el despido corresponde a una evidente persecución política y a la violación del fuero sindical.
Para los funcionarios despedidos, el decreto 154, que es del día 30 de noviembre de 2016 y fue publicado el día 2 de diciembre de 2016, “primero se ejecutó y después se publicó”, según Briñez Téllez, quien afirmó además que no tiene sentido despedir a 15 funcionarios si se mantiene una nómina paralela con 182 cargos y que además, la Administración expide un decreto (155 también del 30 de noviembre) aumentándoles el sueldo sólo a los 13 secretarios de despacho que a partir del primero de diciembre pasaron de $2’700.000 a percibir una remuneración de $3’500.000, lo que equivale a un aumento de casi un 30%.
Diana Velasco y Norfalia Ulcué también denunciaron que fueron víctimas de acoso laboral y de realizar actividades no contempladas en las respectivas cargas laborales y al ser consultadas sobre el por qué estas situaciones no se pusieron en conocimiento oportunamente, argumentaron que por temores y por las retaliaciones con que eran amenazadas.
El Municipio de Miranda actualmente está pagando demandas laborales por más de 1.000 millones de pesos por decisiones judiciales, según explicó Alberto Muñoz, quien sostuvo que esta nueva medida del alcalde Valencia Narváez traerá graves consecuencias económicas para la administración pública lo que se traduciría en detrimento patrimonial, además de la afectación a las madres cabeza de familia despedidas, a los pre-pensionales y a padres de familia con personas con discapacidad a cargo. Ratificó que desconocen los estudios técnicos que justificaban los despidos y que espera que sean las instancias jurídicas quienes resuelvan el asunto en cuestión.
Proclama del Cauca contactó al alcalde municipal, José Leonardo Valencia Narváez, en la búsqueda del equilibrio informativo y argumentó ante las denuncias presentadas que es natural que todo proceso de mejoramiento administrativo traiga este tipo de consecuencias y que la entidad territorial debe ajustarse a los procesos de modernización institucional y al rediseño administrativo previsto para lo cual se creará la Secretaría de Posconflicto, Secretaría de la Mujer, la de Desarrollo Rural y el Instituto Municipal para el Deporte.
