Universidades públicas sin financiación

Universidades públicas sin financiación.

Fuera de tono con el espíritu de discusión democrática y civilizada, propio de las universidades, y movido más por el interés de grupos radicales que buscan generar la sensación de caos, fueron considerados por el alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz Bravo, el rector de UNICAUCA, Deibar Rene Hurtado y gremios de profesores, trabajadores y estudiantes de la universidad, los ataques lanzados con explosivos por un grupo de encapuchados, mientras las autoridades municipales y universitarias dialogaban en la tarde y anochecer del jueves 13 de noviembre, para lograr el cese de los disturbios protagonizados en el sector de Tulcán y el barrio Bolívar.

En la negociación participaban funcionarios de la Defensoría del Pueblo y oficiales de la Policía local.

 El grupo de encapuchados justificaban su accionar violento, en que la Asamblea Departamental sólo aprobó el reajuste en el 1%, de la estampilla cobrada a los contratistas con el departamento del Cauca, cuando había solicitado el 1.5%.

Tanto los diputados de la Asamblea departamental como los alcaldes municipales consideraron, qué, el 1,5%, es muy alto, con mayor razón cuando los contratistas son extorsionados por diferentes grupos armados que se han posicionado en la región.

Aunque  el incremento del 1%, significaría un ingreso anual cercano a los $7.000, esta cifra es mínima para lo que en realidad necesita urgentemente la universidad, este año, cercana los $38.000 millones y que tiene su principal origen en la disminución creciente del presupuesto, a partir de la vigencia de la Ley 30 de 1992, pues fue tasado según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, IPC. En estas circunstancias la Nación les gira a las universidades públicas unos recursos insuficientes, tal como lo enfatizó el rector de UNICAUCA, en declaraciones concedidas en rueda de prensa convocada el jueves 14 y durante el Foro sobre la crisis de la educación superior, realizado el viernes 15 de noviembre, en el paraninfo Caldas, con intervenciones de los presidentes nacionales de la Asociación Nacional de Profesores Universitarios, ASPU, y del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia, SINTRAUNICOL.

La situación se agrava pues el número de matriculados se multiplicó exponencialmente mientras lo girado por el gobierno se quedó estancado. Además, con la gratuidad de las matrículas la universidad dejó de disponer ágilmente de dineros que sujetos a lentos trámites burocráticos dependen de flujos de caja del presupuesto nacional, afectados por un creciente déficit.

El creciente número de estudiantes. Matriculados en todas las universidades oficiales. Durante. En los cerca de 32 años que lleva vigente la ley 30, gran cantidad de profesores, empleados y trabajadores universitarios trabajan precarizados, vinculados mediante contratos temporales que les niegan derechos laborales de ley.

La ampliación de las sedes de las facultades, su mantenimiento, la dotación de laboratorios y de aulas especializadas y el desarrollo de la investigación en todas las áreas, también sufren por la disminución de ingresos, al igual  que servicios de bienestar estudiantil, como las residencias gratuitas, que en UNICAUCA, en Popayán, son de las pocas que subsisten en las universidades publicas del país.

En realidad, la crisis financiera de las universidades públicas ya golpeó a instituciones tan prestigiosas como la de Antioquia, considerada una de las cuatro G, o cuatro grandes universidades públicas, que junto a las del Valle, Nacional e industrial de Santander reciben el 60% del presupuesto total destinado por el gobierno a las universidades públicas. El 40% restante se distribuye entre las cerca de 20 universidades públicas regionales, como las del Magdalena, Sucre, Nariño, del Cauca, etc, que sufren déficit crónico.

La meta propuesta por el actual Gobierno de crear 500.000 nuevos cupos en los 4 años de su período y la construcción de nuevas universidades en regiones apartadas del país crea más retos y presiones al presupuesto insuficiente.

Urge la reforma de la ley 30 de 1992 para empezar a reajustar a las necesidades reales el presupuesto de las universidades públicas, con mayor razón, cuando por la gratuidad de la educación muchos estudiantes se están trasladando desde las privadas.

Otro punto importante a transformar tiene que ver con la gobernanza interna de las universidades y la composición de los Consejos Superiores para que tengan mayor participación y poder de decisión estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades.

Hay que ver si alcanza el tiempo y la capacidad de llegar a acuerdos en el Congreso para que el gobierno del Pacto Histórico logre sacar adelante las reformas a la ley 30 para empezar a llenar los huecos presupuestales acumulados y para reformar en todos sus niveles a la anquilosada educación colombiana.

En la Universidad Nacional adelantan una constituyente interna para discutir temas como la pertinencia de programas de estudio,  la composición del Consejo Superior, la elección del rector decanos. Etcétera, etcétera.  La Universidad Distrital también está paralizada mientras desarrollan una constituyente que les permita superar la crisis que afronta.

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