Treinta años de deuda silenciosa casi quiebran a Popayán
Redacción Proclama del Pacífico | Popayán, Cauca.
Un contrato firmado en 1993 por el entonces alcalde Luis Fernando Velasco Chaves, convirtió 4.800 millones de pesos en una bomba fiscal de más de 125.000 millones. La firma de los hermanos Solarte, uno de los emporios de construcción vial más poderosos del suroccidente colombiano, esperó más de tres décadas por su pago. Esta es la historia completa.
A principios de los años noventa, la carretera Panamericana que cruza Popayán de sur a norte —la carrera novena— solo tenía cuatro carriles y estos terminaban abruptamente en la piedra de El Tablazo. La ciudad crecía, el tráfico se asfixiaba, y un joven político de 27 años que acababa de ganar la alcaldía tenía una visión ambiciosa para transformar la movilidad de la capital caucana.
Su nombre: Luis Fernando Velasco Chaves. Hoy, tres décadas después, ese mismo hombre es uno de los políticos más reconocidos del suroccidente colombiano —fue senador de la República, presidente del Congreso entre 2015 y 2016, y ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro entre abril de 2023 y julio de 2024—. Pero en 1993, cuando gobernaba Popayán entre los 28 y los 30 años de edad, tomó una decisión que marcaría a la ciudad para siempre.
El contrato que lo cambió todo
Tras ganar la alcaldía de Popayán, Velasco Chaves se propuso como una de sus obras principales extender la autopista hacia la salida a Cali y construir anillos viales para repartir el tránsito hacia los barrios del oriente y el occidente. La demanda se relaciona con un contrato de concesión para la construcción, conservación y mantenimiento de la vía Panamericana, el cinturón vial de los barrios del norte, suroccidente y suroriente, así como la explotación de un peaje ubicado en el norte de la ciudad. En diciembre de 1993, la administración municipal suscribió ese contrato de obra pública con la firma de ingenieros encabezada por Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte. El modelo de contratación dependía financieramente de la concesión de un peaje urbano que se construiría en inmediaciones del hoy Parque Industrial, al norte de la ciudad.
El problema fue estructural desde el principio. Como los fondos propios del municipio no alcanzaban para financiar el proyecto, se optó por el cobro de peaje, pero la ciudadanía se negó a pagarlo y al alcalde le tocó buscar otra alternativa. Como la comunidad se opuso, la financiación por peaje fue cambiada a un cobro de sobretasa a la gasolina, proyecto aprobado por el Concejo en 1994. El contrato se firmó y ejecutó sin contemplar lo más importante: el consentimiento de las comunidades involucradas, quienes al final se opusieron e impidieron el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio.
Quiénes son los Solarte
Entender la magnitud de lo que estaba en juego exige conocer a los contratistas del otro lado de la mesa.
Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte nacieron en Guaitarilla, en el sector del Pueblo Nuevo, en Nariño, en una casa antigua de muros altos de tapia y tejado de barro. La familia se sostenía con una porqueriza. Los hermanos le dieron prioridad al estudio, pero no dudaban en sacarle el cuerpo al colegio para ayudar en el cuidado de los cerdos.
Ambos estudiaron ingeniería civil en la Universidad del Cauca con la ayuda de Arturo, el mayor de los Solarte, que ya por esa época se convertía en uno de los industriales harineros más importantes de la región. Tras trabajar por un período breve en las bodegas de granos de Arturo, los hermanos incursionaron en la construcción vial como subcontratistas.
En 1966 armaron su propia compañía y arrancaron con una primera licitación: la construcción de diez kilómetros de carretera entre El Tablón y Las Mesas, en Nariño. Solo en 1983 lograron su primer gran contrato para rehabilitar 100 kilómetros de la carretera entre Pasto y Rumichaca, en la frontera con Ecuador.
Desde allí, el crecimiento fue sostenido. Bajo diferentes sociedades, Carlos Alberto y Luis Héctor estuvieron involucrados en tantos contratos que llamaron la atención de la Superintendencia de Transporte. En 2012, ese organismo reveló que los hermanos tenían participación en el 12,3 por ciento de las concesiones viales y aeroportuarias del país, contaban con 2.600 piezas de maquinaria y un personal de 100 ingenieros y 6.000 operarios.
Las sociedades CSS Constructores S.A., CASS Constructores y Cía. SCA, Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol S.A.), Constructora LHS S.A. y la Organización Solarte y Cía. SCA facturaron en conjunto, en 2011, un poco más de un billón de pesos, con un patrimonio sumado de 740.000 millones y activos por 1,8 billones.
Con la muerte de Luis Héctor en mayo de 2012, víctima de una enfermedad a los 63 años, la compañía sufrió su primer gran golpe. La presión de los herederos —con la viuda Nelly y su hija María Victoria a la cabeza— forzó la ruptura de la sociedad familiar.
Estos eran los contratistas a quienes Popayán les debía. No eran particulares ordinarios. Eran los constructores de carreteras más importantes del suroccidente colombiano.
La primera década de evasión: 1994–1999
Firmado el contrato y ejecutada la obra, el municipio quedó sin mecanismo de pago. El peaje rechazado nunca se cobró. La sobretasa a la gasolina, aprobada por el Concejo como solución de emergencia en 1994, resultó insuficiente para honrar la deuda en los tiempos pactados.
Las administraciones posteriores se vieron obligadas a firmar otro contrato para pagar cuotas anuales. Esas cuotas se cumplieron hasta 1999, cuando la deuda ya superaba los 10.000 millones de pesos con intereses.
Entonces llegó el segundo error histórico.
Mal aconsejado por un abogado que consideró que la deuda estaba cubierta, el entonces alcalde Felipe Fabián Orozco se negó a cancelar las cuotas, lo que ocasionó una demanda que, al ser fallada a favor de los contratistas, no fue cancelada por las siguientes administraciones, que interpusieron recursos legales para dilatar el proceso mientras la deuda crecía exponencialmente por los cuantiosos intereses acumulados durante más de veinte años.
La disputa se intensificó cuando el alcalde Felipe Fabián Orozco interpretó que el contrato había mutado de concesión a obra pública. La firma Solarte demandó esa interpretación y el caso fue llevado a un tribunal de arbitraje.
Fue la decisión más costosa en la historia fiscal del municipio.
Nueve alcaldes, un problema que nadie quiso resolver
Una serie sucesiva de decisiones por parte de nueve administraciones convirtió los 4.800 millones de la deuda de 1993 en 72.600 millones en 2019, confirmados en un laudo arbitral por daño emergente y lucro cesante, los cuales crecieron exponencialmente hasta llegar a los 120.000 millones en enero de 2024.
La mecánica fue siempre la misma: el municipio interponía recursos de apelación, ganaba tiempo, pero los intereses seguían corriendo. Apelar judicialmente la decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca y continuar aplazando el pago —que cada día sumaba 40 millones de pesos— habría dejado a la ciudad para 2027 con una liquidación cercana a los 200.000 millones de pesos.
Para las administraciones anteriores no fue una opción redirigir rentas ni alimentar con suficientes recursos el fondo de contingencias judiciales. El problema se heredaba de período en período, envuelto en tecnicismos jurídicos, mientras la ciudad dejaba de invertir en vías, en agua potable, en salud, en escuelas.
El laudo de 2019: la sentencia que nadie podía ignorar más
En mayo de 2019, el Tribunal Arbitral conformado en la Cámara de Comercio de Cali estableció que Popayán debía cancelar 72.594 millones de pesos a la firma de Ingenieros Hermanos Solarte por el incumplimiento del contrato de obra firmado en 1993. El laudo también fijó que el pago debería hacerse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria, y que en caso de mora se causarían intereses moratorios.
El municipio intentó anularlo. No lo logró. El laudo arbitral emitido en mayo de 2019 no fue anulado por el Consejo de Estado cuando se promovió el recurso en junio de ese mismo año, con una tasa de mora del 31,53 por ciento anual.
La deuda ya no era discutible. Era una obligación judicial ejecutoriada.
2024: la ciudad al borde del precipicio
Para inicios de 2024, la obligación superaba los 125.000 millones de pesos y crecía a un ritmo de más de 1.000 millones por mes. Sobre la mesa estaban los escenarios que cualquier administración municipal teme: embargos de recursos del Sistema General de Participaciones, bloqueo financiero, pérdida de autonomía presupuestal y el ingreso obligado a la Ley 550 de reestructuración de pasivos, un mecanismo que Popayán ya había vivido años atrás y que implica ceder el control de sus finanzas a un promotor externo designado por el Ministerio de Hacienda.
La Secretaría de Hacienda, dirigida por Juliana Sarmiento, presentó una propuesta de pagos: 36.000 millones como cuota inicial en 2024, seguidos de pagos adicionales de 20.000 millones en 2025 y 2026. Pero los acreedores no cedían.
Los hermanos Solarte exigieron 90.000 millones de pesos para resolver la deuda, mientras el municipio proponía un techo de 75.000 millones. Las negociaciones se rompieron dos veces.
Gobernar con responsabilidad raramente produce aplausos inmediatos. Juan Carlos Muñoz Bravo lo sabe. Heredó una ciudad con una bomba fiscal activa, tomó la decisión que nadie antes quiso tomar, asumió el costo político de sacrificar inversión presente para saldar una deuda del pasado, y está cumpliendo. No es fácil explicarle a un barrio sin pavimentar que el dinero fue a pagar intereses de un contrato firmado tres décadas atrás. No es fácil defender ante la opinión pública un desembolso de 110.000 millones de pesos que no tiene cinta para cortar ni foto para el archivo. Pero hay una forma de medir a un alcalde que trasciende las inauguraciones: la de quien recibe una ciudad comprometida y la entrega saneada, con sus cuentas en orden, su autonomía financiera recuperada y su palabra en pie. Eso es exactamente lo que Popayán está recibiendo.
La jugada que destrancó todo
El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, posesionado en enero de 2024, decidió asumir personalmente las conversaciones. La Alianza con Popayán —movimiento político del alcalde— buscó el saneamiento fiscal como prioridad de gobierno. En pocos meses de gestión, la perseverancia y transparencia en las negociaciones con los apoderados de los hermanos Solarte dieron resultados.
El movimiento definitivo fue en julio de 2024. La administración municipal anunció su intención de acogerse a la Ley 550 ante el Ministerio de Hacienda, enviando un mensaje contundente a los acreedores: o se renegociaba, o todos entraban en un escenario de pagos a largo plazo e incertidumbre jurídica.
Funcionó. La administración ofreció disculpas formales a los contratistas a quienes el municipio no les había cumplido, un gesto que resultó clave para recuperar la confianza en la negociación.
El acuerdo de septiembre de 2024
Se propuso pagar seis cuotas que sumarían alrededor de 110.000 millones de pesos, destinados al fondo de contingencias judiciales, lo que exigió un gran sacrificio de recursos de inversión. El acuerdo logró sentar a los dos grupos de acreedores —los herederos de Carlos Alberto Solarte y los de Luis Héctor Solarte, ya fallecido— en una misma mesa, algo que las administraciones anteriores no habían podido conseguir. La suspensión de los procesos judiciales en curso quedó condicionada al cumplimiento de los pagos, y el Tribunal Administrativo del Cauca y la Procuraduría General de la Nación quedaron como garantes del acuerdo.
Los pagos y el punto de no retorno
Tras desembolsos de aproximadamente 38.000 millones en noviembre de 2024, más de 34.000 millones combinados en abril y noviembre de 2025, y cerca de 14.000 millones en abril de 2026, el municipio alcanzó el 80 por ciento de la deuda total pagada. La meta es cerrar definitivamente en abril de 2027.
Sin este acuerdo, el escenario habría sido otro. De no haberse destrabado la negociación, Popayán habría enfrentado parálisis institucional severa, cierre del acceso a créditos y pérdida de autonomía sobre su ejecución presupuestal.
Lo que quedó en el camino
La historia tiene un desenlace técnicamente positivo, pero deja heridas abiertas que ningún comunicado oficial responde. Treinta años de intereses, al ritmo de 40 millones diarios en su peor momento, representan miles de millones que nunca se convirtieron en hospitales, ni en acueductos, ni en vías rurales en un departamento donde la pobreza multidimensional supera el promedio nacional.
Nueve administraciones tomaron decisiones que convirtieron una deuda manejable en una crisis institucional. Ninguna fue investigada penalmente por ello. Ninguna respondió con su patrimonio personal por el costo del aplazamiento.
El municipio que hoy cierra la cuenta es el mismo que nunca la abrió: la ciudadanía de Popayán, que paga con sus impuestos y con el sacrificio de su inversión pública la factura de decisiones tomadas antes de que muchos de sus habitantes nacieran.
Crecimiento de la deuda (1993–2027)
Plan de pagos ejecutado
Actores principales
Gobernar con responsabilidad raramente produce aplausos inmediatos. Juan Carlos Muñoz Bravo lo sabe. Heredó una ciudad con una bomba fiscal activa, tomó la decisión que nadie antes quiso tomar, asumió el costo político de sacrificar inversión presente para saldar una deuda del pasado, y está cumpliendo. No es fácil explicarle a un barrio sin pavimentar que el dinero fue a pagar intereses de un contrato firmado tres décadas atrás. No es fácil defender ante la opinión pública un desembolso de 110.000 millones de pesos que no tiene cinta para cortar ni foto para el archivo. Pero hay una forma de medir a un alcalde que trasciende las inauguraciones: la de quien recibe una ciudad comprometida y la entrega saneada, con sus cuentas en orden, su autonomía financiera recuperada y su palabra en pie. Eso es exactamente lo que Popayán está recibiendo.
