Docentes de las ocho instituciones educativas del municipio reciben formación sobre convivencia escolar, protocolos de atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El proceso contempla la construcción de una ruta municipal para orientar la atención de situaciones que afectan a las comunidades educativas.
La convivencia escolar en Sotará, Cauca, es objeto de un proceso de formación que reúne a docentes de las ocho instituciones educativas del municipio. La Alcaldía, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, adelanta jornadas de capacitación sobre la Ley 1620 de 2013, que establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y define mecanismos para prevenir y atender situaciones que afectan los derechos de los estudiantes.
El trabajo se concentra en uno de los desafíos cotidianos de las instituciones educativas: reconocer las situaciones que alteran la convivencia, establecer su gravedad y determinar qué procedimientos deben seguir los docentes y directivos para atenderlas.
Durante las jornadas se estudian las tipologías de situaciones contempladas en la normativa, los protocolos de intervención y las rutas de atención que deben activarse según las características de cada caso. También se abordan las responsabilidades de las instituciones educativas y la importancia de respetar el debido proceso.
De las aulas a una ruta municipal de convivencia
La secretaria de Desarrollo Social de Sotará, Yamileth Chicangana, explicó que las capacitaciones están acompañadas por la construcción de rutas internas de convivencia en cada institución educativa.
Estos documentos servirán de base para estructurar la Ruta de Convivencia Escolar Municipal, una herramienta con la que se busca establecer procedimientos y orientaciones comunes para atender las situaciones que se presenten en los establecimientos educativos del territorio.
El proceso contempla las particularidades de cada comunidad escolar y la necesidad de coordinar las actuaciones de docentes, directivos, familias y entidades responsables de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Alejandra Murcia, docente orientadora de la Institución Educativa Piedra de León, destacó la importancia de que los profesores conozcan las distintas situaciones de convivencia y sepan cuándo corresponde activar los protocolos de atención. También llamó la atención sobre las prácticas restaurativas, que permiten trabajar los conflictos mediante el diálogo, el reconocimiento del daño y la reparación de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa.
Desde la Institución Educativa Los Comuneros de Rioblanco, su rector, Arístides Paz, señaló que conocer los procedimientos y las responsabilidades de cada actor resulta necesario para atender adecuadamente las situaciones que involucran a los estudiantes.
Una preocupación similar expresó Óscar Fernando López, docente de la Institución Educativa El Crucero, quien destacó la necesidad de disponer de herramientas normativas y reglamentarias para afrontar los conflictos cotidianos del aula. Su planteamiento también comprende la corresponsabilidad de las familias, los establecimientos educativos y las entidades competentes.
Tatiana Luna, docente orientadora de la Institución Educativa Los Robles, valoró estos encuentros como espacios para actualizar conocimientos, compartir experiencias y trabajar conjuntamente con la Administración Municipal en la atención de las necesidades de las comunidades educativas.
La Ley 1620 de 2013 contempla mecanismos de promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones que afectan la convivencia escolar. Su aplicación exige que las instituciones cuenten con procedimientos definidos y conozcan las competencias de las autoridades que intervienen cuando se presentan casos que requieren atención especializada.
En Sotará, el trabajo adelantado con los docentes busca trasladar esas disposiciones legales a procedimientos aplicables en las instituciones educativas. La construcción de las rutas internas será uno de los insumos para elaborar la ruta municipal, con la que se pretende orientar la respuesta institucional ante los conflictos escolares y las situaciones que puedan comprometer los derechos de los estudiantes.
