Durante el debate de control político al programa de 100 mil viviendas gratis, el senador Carlos Alberto Baena, del Movimiento Político MIRA, denunció que el Gobierno Nacional posiblemente terminó comprando a los constructores casas a valores más elevados de lo que realmente costaban y que existe un decreto que le da la facultad a Fonvivienda de recuperar las propiedades si el beneficiario se atrasa en el pago de los impuestos, la administración o los servicios públicos.
El precio máximo (techo) para la compra de las 100 mil viviendas en el año 2.012 era de 70 salarios mínimos mensuales, es decir $ 39.669.000 (por casa); lo curioso del caso es que por lo menos el 54 % de los proyectos que compró el Gobierno a los constructores, se adquirieron a este valor. “En nuestra investigación encontramos que en algunos de los 330 proyectos del programa, se ofrecían con anterioridad predios a 26 o 30 millones de pesos, y el Ministerio de Vivienda terminó adquiriéndolas a 39 millones de pesos. Todo por el afán de cumplir con las metas trazadas y por no utilizar mecanismos de negociación del precio, como exigir avalúos de lonja o convocar a subasta inversa para negociar a precios del mercado, según las regiones. Con esos sobreprecios se habrían podido generar ahorros para construir más viviendas. ”
El senador Baena alertó también sobre la existencia del Decreto 0847 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (abril 25 de 2.013), que estipula que los beneficiarios del programa pueden perder la propiedad de los predios si se atrasan seis meses en el pago de los servicios públicos o en los impuestos como el predial, o si dejan de pagar durante tres meses el valor de la administración.
