Tres municipios del departamento obtuvieron cero por ciento en la medición del DNP; Inzá, Jambaló y La Vega quedaron en deuda con sus comunidades
- El Departamento Nacional de Planeación midió la eficacia de 42 municipios del departamento. Solo tres superaron el 95 %; otros tres obtuvieron cero. Esta es la radiografía de lo que sus gobernantes prometieron y lo que realmente ejecutaron.
Cuando un alcalde o una alcaldesa toma posesión, lo primero que hace es presentar un Plan de Desarrollo Territorial. Es su carta de navegación: el documento donde queda escrito, con metas concretas y presupuestos asignados, todo aquello que prometió durante la campaña electoral. Construir un acueducto, pavimentar un tramo de carretera, entregar kits alimentarios, abrir un centro de salud. Todo queda registrado.
Pero prometer no es cumplir. Y en Colombia, durante décadas, la ciudadanía careció de herramientas confiables para verificar si lo prometido se ejecutaba o si los recursos públicos terminaban en otro destino. Esa brecha entre la promesa y la realidad es, precisamente, la que el Sistema de Planeación Territorial (SisPT) del Departamento Nacional de Planeación busca cerrar.
Los resultados de la medición de eficacia para la vigencia 2025, publicados por el DNP el 3 de junio de 2026, exponen un panorama que debería preocupar a los caucanos: de los 42 municipios evaluados, solo diez superan el 50 % de cumplimiento. Más de la mitad del departamento no llega al 10 %. Y en tres municipios la cifra es la peor posible: cero.
Antes de entender los números, conviene saber cómo se producen. El SisPT es la plataforma donde cada municipio y departamento del país registra las metas de su Plan de Desarrollo y reporta su avance. Es la versión mejorada del antiguo Kit de Planeación Territorial (KPT) y funciona como un tablero de control público: permite saber, producto por producto, cuánto se programó, cuánto se invirtió y cuánto se ejecutó.
La medición de eficacia no es una encuesta de opinión ni un ejercicio académico. Es un cálculo técnico que cruza tres fuentes oficiales de información:
El SisPT, donde se registra la programación física de los indicadores del Plan de Desarrollo (cuántas aulas se van a construir, cuántos kilómetros de vía se van a pavimentar).
La PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), donde se reporta el avance real de esos indicadores (cuántas aulas se construyeron efectivamente, cuántos kilómetros se pavimentaron).
El CUIPO (Categoría Única de Información Presupuestal Ordinaria), donde se registran los compromisos y obligaciones financieras (cuánto dinero se comprometió y cuánto se pagó realmente).
Solo cuando un indicador del Plan de Desarrollo aparece simultáneamente en las tres plataformas —lo que el DNP llama la triple intersección— se considera válido para la medición. Si un municipio reporta metas en el SisPT pero no registra inversión en el CUIPO, o si ejecuta recursos sin trazabilidad hacia un indicador concreto, esos productos simplemente no cuentan. Es una forma de garantizar que no haya maquillaje: el avance debe ser verificable desde la planeación hasta el último peso ejecutado.
El resultado final se expresa en una escala de 0 a 100 puntos. Incluye un Índice Base —el avance físico de cada producto ponderado por el peso de su inversión dentro del presupuesto total del municipio— más cinco bonos adicionales que premian la coherencia entre plataformas, la estabilidad de la programación financiera y la articulación entre planeación y ejecución. Ningún bono puede aportar más de 2 puntos, de modo que la base de la calificación siempre es el cumplimiento real.
¿Para qué le sirve esto a un ciudadano común? Para algo muy concreto: saber si el alcalde está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Si su municipio tiene un puntaje alto, significa que las obras se están ejecutando conforme al plan aprobado. Si el puntaje es bajo, significa que hay un desfase grave entre la promesa y la realidad, ya sea porque no se están ejecutando los proyectos, porque los recursos se están gastando en cosas distintas a las planeadas, o porque la administración municipal ni siquiera es capaz de reportar su propia gestión de manera coherente.
En cualquiera de esos escenarios, la comunidad tiene derecho a preguntar por qué.
Los tres que sí cumplen
En un departamento donde la mayoría de municipios presenta cifras de ejecución precarias, tres administraciones municipales lograron puntajes que cualquier entidad territorial del país envidiaría. No son municipios con grandes presupuestos ni con ventajas geográficas evidentes. Son, en cambio, municipios donde la planeación y la ejecución coincidieron casi en su totalidad.
Silvia: 99,70 % — El municipio que prácticamente cumplió todo
El alcalde Juan Carlos López Morales tiene un dato que mostrar y que pocos mandatarios en Colombia pueden exhibir: de cada cien compromisos medibles contenidos en el Plan de Desarrollo de Silvia, 99,7 fueron ejecutados durante la vigencia 2025. No se trata de una aproximación ni de un cálculo generoso. Es el cruce verificado entre lo que se planeó en el SisPT, lo que se reportó como ejecutado en la PIIP y lo que se respaldó presupuestalmente en el CUIPO.
Silvia es un municipio con una población mayoritariamente indígena misak, mestiza y campesina, enclavado en la zona oriente del Cauca, a más de dos horas de Popayán. Que una administración municipal logre el puntaje más alto del departamento dice mucho sobre la capacidad técnica de su equipo de gobierno y sobre la disciplina institucional con la que se gestionaron los recursos. Cumplir lo prometido en un territorio con dificultades de acceso, limitaciones presupuestales y complejidades interculturales no es un accidente: es el resultado de una decisión deliberada de gobernar con rigor.
Caldono: 98,20 % — Gestión rigurosa en zona de conflicto
El segundo lugar lo ocupa Caldono, bajo la administración del alcalde Ramiro Moreno Lemos, con un puntaje de 98,20 %. Este municipio del nororiente caucano ha sido históricamente uno de los más golpeados por el conflicto armado en la región. Los enfrentamientos entre grupos armados, las restricciones de movilidad y la presencia intermitente del Estado en zonas rurales son parte del paisaje cotidiano de Caldono.
Por eso el dato resulta doblemente significativo. Alcanzar un 98,20 % de eficacia en la ejecución del Plan de Desarrollo en un territorio donde la violencia ha sido un obstáculo constante para la gobernabilidad demuestra que las circunstancias adversas no son excusa para la inacción. Si Caldono pudo ejecutar prácticamente todo lo planeado, la pregunta que deben responder los demás municipios con puntajes bajos es qué razones tienen ellos para no haberlo logrado.
El alcalde Manuel Fernando Guerrero Ortega cierra el grupo de los tres mejores con un puntaje de 97,10 %. La Sierra es un municipio del macizo colombiano, al sur del Cauca, una zona de ruralidad dispersa donde las veredas quedan a horas de camino de la cabecera municipal y donde las condiciones topográficas dificultan la ejecución de cualquier obra pública.
Que La Sierra figure entre los tres primeros del departamento es una señal poderosa: ni la lejanía, ni la dispersión poblacional, ni la estrechez fiscal son impedimentos insalvables cuando hay voluntad de gestión. Lo que reflejan estos 97,10 puntos no es solo que se entregaron los productos comprometidos, sino que la información financiera y la información de planeación coinciden, que hay trazabilidad entre el peso invertido y el resultado entregado. Eso, en un país donde el desorden presupuestal es la norma en muchos territorios, tiene un valor que va más allá de la estadística.
Estos tres alcaldes merecen el reconocimiento público de sus comunidades y del departamento. Cumplir con lo prometido no debería ser excepcional, pero en el contexto actual del Cauca, lo es.
Los tres que le quedaron debiendo todo a su gente
En el extremo opuesto de la tabla, tres municipios registran un puntaje de eficacia de cero por ciento. Conviene dimensionar lo que eso significa: un puntaje de cero no quiere decir que el municipio haya tenido un mal año. Quiere decir que, según los sistemas de información del Estado colombiano, no existe evidencia verificable de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial, o que la información entre las tres plataformas oficiales carece de toda coherencia.
Puede tratarse de un problema técnico de reporte, de incapacidad administrativa, de desorden institucional o de algo peor. Pero desde la perspectiva de los ciudadanos que eligieron a estos mandatarios y que esperan agua potable, vías, centros de salud y escuelas, el resultado es idéntico: no hay forma de verificar que sus recursos se estén invirtiendo en lo que se les prometió. Y eso, en una democracia, es gravísimo.
Inzá: 0,00 % — La crisis institucional que pagaron los ciudadanos
El caso de Inzá es particularmente dramático. El alcalde electo para el período 2024-2027, Gelmis Chate Rivera, fue destituido por el Consejo de Estado tras comprobarse que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023. La sentencia, confirmada el 31 de octubre de 2024, dejó al municipio sin mandatario elegido popularmente y abrió un período de inestabilidad institucional que se prolongó hasta julio de 2025, cuando Delio Hernán Trujillo Campo fue elegido en elecciones atípicas. El resultado de un puntaje de cero que, aunque tiene explicación política, no tiene justificación ante las comunidades indígenas y campesinas de uno de los municipios más extensos y necesitados del oriente caucano.
Los más de 30.000 habitantes de Inzá —muchos de ellos pertenecientes al pueblo nasa y ubicados en zonas de difícil acceso— no eligieron la crisis institucional que les tocó vivir. Pero sí la padecieron en forma de obras paralizadas, proyectos sin ejecutar y una administración municipal que, durante buena parte de la vigencia 2025, funcionó en modo de emergencia.
Jambaló: 0,00 % — El silencio de las cifras
La alcaldesa Lida Emilse Paz Labio, lideresa nasa con más de 23 años de trabajo comunitario en el norte del Cauca, llegó a la alcaldía con el respaldo de su comunidad y la promesa de un gobierno incluyente y cercano. Sin embargo, la medición del DNP arroja un dato que contradice cualquier narrativa de buena gestión: cero por ciento de eficacia.
Jambaló es un municipio-resguardo donde el 97 % de la población pertenece a los pueblos nasa y misak. Sus necesidades en infraestructura, salud, educación y conectividad son estructurales y urgentes. Que la administración municipal no registre avance verificable en la ejecución de su Plan de Desarrollo deja a más de 18.000 habitantes sin respuestas y sin herramientas para exigir rendición de cuentas basada en datos.
Sea porque la información no se reportó, porque se reportó de manera inconsistente, o porque efectivamente no hubo ejecución trazable, el resultado es el mismo: Jambaló aparece en la última franja posible de esta medición. La alcaldesa Paz Labio tiene la responsabilidad de explicar públicamente qué ocurrió y qué correctivos se están implementando para revertir esta situación antes de que termine su mandato.
La Vega: 0,00 % — El macizo olvidado
El alcalde Alex Ramos enfrenta el mismo dato devastador: cero por ciento. La Vega, uno de los municipios más poblados del macizo colombiano con cerca de 48.000 habitantes, arrastra décadas de abandono estatal, carencias en vías terciarias, deficiencias en servicios de salud y una economía campesina que depende de una infraestructura que rara vez recibe la inversión prometida.
Un puntaje de cero en este contexto no es solo un dato estadístico: es la confirmación documental de que las comunidades campesinas de La Vega no tienen forma de verificar que lo prometido en el Plan de Desarrollo se esté ejecutando. En un municipio donde cada peso de inversión pública puede significar la diferencia entre tener o no tener agua potable en una vereda, la opacidad informativa y la falta de ejecución trazable constituyen una forma de abandono que las cifras del DNP ahora hacen visible e innegable.
El panorama departamental: una mayoría en deuda
Los tres primeros y los tres últimos son los extremos, pero el grueso de los municipios del Cauca se concentra en una zona intermedia que, en la mayoría de los casos, también resulta preocupante.
Solo diez de los 42 municipios evaluados superan el 50 % de eficacia. Veintidós municipios —más de la mitad del departamento— no alcanzan siquiera el 10 %. Y la capital departamental, Popayán, apenas registra un 45,90 %, una cifra que debería llamar la atención dada la capacidad técnica e institucional que se le supone a la ciudad con mayor infraestructura administrativa del Cauca.
Ranking completo de eficacia — Municipios del Cauca, vigencia 2025
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), Subdirección de Planeación Territorial, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Documento técnico: Medición de eficacia para las entidades territoriales, vigencia 2025. Bogotá, D.C., 3 de junio de 2026.
Por qué esta medición le importa a usted
Los Planes de Desarrollo Territorial no son documentos decorativos. Son la hoja de ruta que define cómo se van a invertir los recursos públicos de un municipio durante cuatro años. Cada peso que aparece en esos planes debería traducirse en una obra, un servicio o un programa que mejore la calidad de vida de las personas. Cuando un municipio obtiene un puntaje alto en la medición de eficacia, significa que ese contrato social entre el mandatario y su comunidad se está cumpliendo. Cuando el puntaje es bajo o nulo, significa que el contrato se rompió.
La Ley 152 de 1994 estableció que el DNP tiene la responsabilidad de diseñar sistemas de evaluación que permitan medir el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo. La Ley 2294 de 2023 —que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026— fue un paso más allá: ordenó que toda la información presupuestal de las entidades territoriales se reporte a través de una plataforma única (CUIPO), eliminando la duplicidad de reportes y haciendo más difícil esconder la ineficiencia detrás del papeleo.
Esa es la razón por la que el SisPT existe: para que la ciudadanía tenga información verificable sobre la gestión de sus gobernantes. No es un sistema perfecto —una calificación alta puede reflejar buena ejecución, pero también buena capacidad de reporte, y una calificación baja puede obedecer a problemas técnicos y no necesariamente a corrupción—, pero es la mejor herramienta disponible para medir si las promesas electorales se convierten en hechos concretos.
Los caucanos merecen saber cómo se están invirtiendo sus recursos. Merecen saber si las aulas que les prometieron se construyeron, si las vías que les ofrecieron se pavimentaron, si los centros de salud que necesitan están funcionando. Esta medición es el primer paso para responder esas preguntas. Lo que sigue es responsabilidad de cada comunidad: exigir que sus mandatarios rindan cuentas con la misma transparencia con la que pidieron el voto.
