Sentencias constitucionales, ¿se discuten o se acatan?

Los colombianos deberíamos hacer seguimiento respecto de lo que está pasando en la administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la dirección de Gustavo Petro, ex guerrillero y ex senador; y debería ser así, con el convencimiento de que a corto plazo, de lograr el presidente Santos la tan anhelada paz, serán muchas las personalidades de este talante que estarán gobernando las entidades territoriales, locales y por qué no, hasta tendremos presidente; personas que en otrora, estaban convencidos que a través de las armas lograrían tomar el poder; pues no, finalmente entendieron que era mucho más fácil acceder a estas instancias democráticas, con la propuesta programática empuñada en sus manos, tal y como hoy día lo hace el Alcalde de la capital colombiana.

Es una administración que ha dado para todo, pero que sin lugar a dudas, agoreros y escépticos, tendrán que reconocerle al alcalde su profundo afán de acercar el estamento gubernamental a las comunidades de estratos 0 y 1. Basta con recordar que hoy día en Bogotá, la empresa de acueducto y alcantarillado aplica el cobro del servicio de agua potable tomando en consideración el consumo denominado mínimo vital, la apertura de los centros de atención para drogadictos, valga decir, este programa busca el beneficio de personas sin distingo de estrato, pues la drogadicción no discrimina clase social, otro tema fundamental el del desarme total.

Ahora bien, otra iniciativa de Petro digna de reconocer, pues se identifica con una iniciativa ciudadana liderada en Popayán, es la que recoge la aplicación del decreto No 564, que en alguna etapa de nuestra vida trabajamos para que en Popayán se reconociera el esfuerzo que familias de escasos recursos realizan para ganar el sustento diario y que a la letra refiere “por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el distrito capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T – 724 de 2003 y en los autos números 268 de 2010, 275 de  2011 y 084 de 2012”.

Traigo a colación este tema, ya que quienes recuerdan el trabajo que lideró el grupo de ciudadanos en defensa del patrimonio público del Municipio de Popayán, nuevamente oirán sobre la referida sentencia, que se invocó en tutelas y en la acción popular que impetramos.

La pretensión de los ciudadanos era, que por lo menos en las decisiones que tomó la administración municipal de entonces, tutelara los intereses de la población vulnerable de los recicladores estableciendo acciones positivas en dos vías: una, incorporándolos como socios de la nueva empresa, como lo ordena la sentencia T – 724, y dos, fortaleciendo y reconociendo la labor de los recicladores en un acuerdo municipal, específicamente mediante el cual se constituye el fondo para recicladores, incluyendo en uno de sus artículos la remuneración de la actividad, voluntad del decreto No 564.

Los ciudadanos hicieron la tarea que finalmente se perdió, puesto que la justicia no tuteló los derechos de estos ciudadanos pasando por alto la Sentencia de la Corte; nos queda la esperanza que la actual administración municipal y el concejo, amparen los derechos que tienen los recicladores. Es el momento de enderezar el camino para demostrar que la definición del político es contraria a la que piensa el común de la gente, y es que en campaña son sociales y demócratas, pero que en el ejercicio del poder, son omnipotentes y avasalladores con quienes los ayudan a elegir.