¿Quién asume la responsabilidad cuando un funcionario investigado continúa ocupando posiciones de poder e influencia sobre las instituciones?
Esa pregunta ya no puede seguir siendo eludida.
No solo interpela al investigado; también interpela a quienes tienen el deber constitucional de administrar justicia.
El caso de Álvaro Hernán Prada vuelve a poner sobre la mesa un problema que trasciende a una persona y pone a prueba la fortaleza del Estado de derecho: la excesiva duración de los procesos judiciales cuando involucran a altos funcionarios. Durante años, el expediente de Prada, ha permanecido en la Corte Suprema de Justicia sin una decisión definitiva, mientras la Procuraduría ha solicitado una decisión condenatoria dentro del proceso.
¿Qué hacer entonces para exigir que la justicia cumpla con su deber?
Porque la esencia de la justicia no consiste únicamente en investigar, sino también en decidir.
La Constitución garantiza el debido proceso, y este comprende el derecho de toda la sociedad a que las actuaciones judiciales se desarrollen dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas.
La Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, también está obligada a actuar con esa diligencia.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué algunos procesos permanecen abiertos durante años sin una decisión de fondo y si esa demora es compatible con una justicia pronta y eficaz.
Cada día de retraso fortalece la desconfianza ciudadana. Cada aplazamiento alimenta la percepción de que existen expedientes que parecen dormir el sueño de la impunidad, mientras sus protagonistas continúan ejerciendo poder e influencia sobre las instituciones.
La Corte Suprema tiene la facultad de absolver cuando las pruebas así lo indiquen o de condenar cuando la evidencia lo justifique. Lo que no puede hacer es permitir que la incertidumbre se convierta en la respuesta permanente.
Una justicia que demora excesivamente sus decisiones termina debilitando la confianza pública y erosionando la legitimidad de las instituciones.
La justicia no puede convertirse en un espectador silencioso mientras los expedientes envejecen en los despachos. Cuando las decisiones llegan demasiado tarde, no solo se afectan los derechos de las partes; también se hiere la credibilidad del Estado.
Porque una democracia no se debilita únicamente por la corrupción o por el abuso del poder. También se debilita cuando la justicia tarda tanto que deja de cumplir su función esencial: resolver los conflictos con oportunidad y garantizar que la ley se aplique sin privilegios ni demoras injustificadas.
Otra pregunta, entonces, ya no es únicamente quién está siendo investigado. La verdadera pregunta es otra: ¿quién responde cuando la justicia tarda tanto que la ciudadanía termina percibiéndola como impunidad?
¿Quién responde por los «presuntos» delitos que sigue sumando Álvaro Hernán Prada?
Prada sigue demostrando que no le teme a la ley porque esta es incapaz de juzgarlo y él lo sabe bien.
Otras publicaciones de Stella Ramirez G. en Proclama del Pacífico:
