“Se consolidarán censos para iniciar reconstrucción en Toribío y Corinto después de los actos terroristas”: Gobernador

Un total de 3 civiles y 3 policías muertos, 97 heridos, aproximadamente 600 viviendas afectadas en el Municipio de Toribío y 123 en Corinto, además de daños a vehículos, motocicletas e infraestructura pública, es el censo parcial que reporta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que desplazó a estas localidades equipos especializados para atender a la población víctima de los atentados terroristas y hostigamientos perpetrados por las Farc el fin de semana en el Nororiente del Cauca.

Las tareas de Acción Social incluyen la coordinación de las actividades con las autoridades locales y la comunidad, el acompañamiento a siete grupos de trabajo en el levantamiento del censo, la asesoría a los familiares de las víctimas mortales, el apoyo a todas las acciones encaminadas a restablecer los servicios públicos y a la reparación de daños de viviendas. Así mismo, la atención de las personas heridas en los centros hospitalarios cuyo valor está totalmente cubierto por el Gobierno Nacional.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- CXHAB WALA KIWE, rechazó “la orden del presidente Juan Manuel Santos respecto de destruir las casas de los indígenas, campesinos y pobladores urbanos de Toribío, Caldono, Jambaló, Corinto y Caldono, donde la guerrilla se ha escudado y desde donde presuntamente dispara sus armas y lanza artefactos explosivos” según lo manifiesta en un comunicado de prensa la organización indígena.

“Tras los crímenes de guerra de las FARC, el gobierno ordena cometer más crímenes de guerra” sostiene el comunicado oficial de la ACIN argumentando que “esta medida no es un acto militar, sino que de realizarse constituye un crimen de guerra. El ataque y las represalias contra bienes civiles están totalmente prohibidos por el DIH (Artículo 3 del IV Convenio IV de Ginebra, Artículo 52 de Protocolo Adicional I). Lo que ordena el derecho internacional humanitario es exactamente lo contrario: si un actor armado violando las normas de la guerra utiliza un bien civil y sobre todo una vivienda como escudo, el actor enemigo debe abstenerse de atacarlo. Y cuando haya dudas, se debe presumir que se trata de bienes civiles protegidos que no pueden ser atacados”.

Respecto a la instalación del batallón de alta montaña, la organización indígena también rechazó la medida “sin pretender rechazar la presencia del Estado en el país” pues consideran que las instalaciones solo servirían como objetivo militar de la guerrilla, que tendrá un argumento más para cargarla contra Tacueyó y su población y que además “le queremos recordar al gobierno que la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas -que es fuente indiscutible de derechos en Colombia- establece que cualquier operativo y proyecto de infraestructura de tipo militar en territorios indígenas debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las autoridades y comunidades”. También le advierte la ACIN al jefe guerrillero: “Señor Cano: su guerra popular hace rato se convirtió en una guerra contra el pueblo. Es hora de dialogar para encontrar una solución política a este conflicto que nos extermina”.

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