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Miércoles, 7 de octubre de 2026
miércoles 5 septiembre, 2012 a las 4:00 pm

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó por estafa al excongresista Piamba Castro

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y seis meses de prisión al excongresista José Gerardo Piamba, después de encontrarlo culpable de los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal, en el reconocido proyecto de las “casitas azules”.
El alto tribunal consideró que existían pruebas testimoniales y documentales suficientes que vinculaban a Piamba con la defraudación a más de cien grupos familiares que invirtieron más de 10 mil millones de pesos en urbanizaciones piratas en Popayán, pues el exrepresentante promocionó tres proyectos de vivienda de interés social, sin contar con las licencias del municipio y en terrenos que no eran aptos.

La Procuraduría General también había solicitado que se emitiera fallo condenatorio por su complicidad en la captación de entre 5 y 7 millones de pesos por familia pobre, aunque en algunos casos se aceptaron hasta 35 mil pesos, a través de Corpooccidente y la Corporación Promotora de Paz Corpopaz, que era dirigida por su ex esposa Isabel Cristina Ceballos.

Foto: Tomada de Internet
Cabe recordar que mientras ejercía como representante del Partido Conservador, el caucano José Gerardo Piamba Castro hizo parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que adelantó la investigación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la llamada ‘yidispolítica’.
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lunes 27 agosto, 2012 a las 8:25 pm

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstiene de denunciar a la periodista Cecilia Orozco

Este fue el comunicado que dio a conocer hoy, 27 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el cual se abstiene de denunciar a la periodista Cecilia Orozco por los delitos de injuria y calumnia, por una columna de opinión publicada en El Espectador donde Orozco cuestiona algunas decisiones de esa Sala.
Comunicado de la Corte

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reitera su enfático rechazo a los términos e inexactas afirmaciones de las columnistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco Tascón en la revista Semana y el diario El Espectador, respectivamente. Sin embargo, en aras de contribuir al clima de ponderación y mesura que tanto necesita el país, depone el interés personal de sus magistrados de reclamar, por vía judicial, respeto a su honra y buen nombre, empañados sin razón o argumento alguno por las citadas periodistas.

Los actos y determinaciones de la Sala, que pretenden deslegitimar las columnas de opinión, fueron adoptados en estricto cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, con la misma responsabilidad, sentido de justicia, compromiso, seriedad e imparcialidad que han distinguido a esta Corte. Carácter reconocido nacional e internacionalmente y que, en los últimos años, ha servido de punto de referencia en los sistemas judiciales del continente en materia de cumplimiento de tratados multilaterales de Derechos Humanos y estándares de verdad, justicia y reparación.

La decisión de rotar la coordinación de la comisión que investiga los nexos de congresistas con grupos armados ilegales obedece a la idea original de imprimir nuevos aires a dichos procesos cuando den muestras de desgaste o falta de dinamismo, como viene ocurriendo en estos casos. El acierto de esta disposición, que implica la puesta en marcha de variadas estrategias, requiere un compás de espera para evaluar su funcionamiento y efectividad.

La unificación de la jurisprudencia penal –plasmada en providencias al alcance de todos los ciudadanos y entregadas oportunamente a los medios de comunicación para su escrutinio– radica en el esfuerzo continuo de la Corte por interpretar en debida forma los postulados legislativos. Los jueces no legislan, aplican la Constitución y las leyes.

Aclarado lo anterior y por tratarse de una conducta punible de acción privada, los magistrados de la Sala de Casación Penal se abstienen de formular la respectiva querella. No obstante, aprovechan la oportunidad para invitar al periodismo colombiano a la autorreflexión bajo la premisa de que el periodista tiene una responsabilidad social, que emerge precisamente de los derechos de información y expresión, por su misma naturaleza, relativos, pues no existe un derecho fundamental a la difamación.

Dado en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de agosto de 2012.

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