Revocatoria del mandato como estrategia de campaña
Revocatoria del mandato como estrategia de campaña
El Consejo Nacional Electoral convocó para mañana viernes 28 de octubre a una audiencia pública en Santander de Quilichao, para cumplir con el requisito de garantizar los derechos a la información y defensa que se deducen de la inscripción de una iniciativa de revocatoria del mandato de la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González, promovida por el ciudadano Mauricio Penagos Hurtado.
El día 30 de septiembre de 2022, Penagos presentó una solicitud de activación del mecanismo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Exactamente igual a como ha ocurrido en cientos de poblaciones colombianas donde han fracasado todos esos procesos, o casi todos, porque tras 31 años de entrada en vigor la posibilidad de revocar algún mandato, de toda esa cascada de solicitudes, solo una logró el objetivo, hace cinco años, en un pequeño pueblo de Boyacá.
El mecanismo de control cívico lo frustraron en Colombia. Los procesos de revocatoria no alcanzaron a convertirse en herramienta de responsabilidad política y de participación ciudadana, porque los convirtieron en eventos de revanchismo de minorías perdedoras motivadas por candidatos malogrados y en campaña de desprestigio de la Administración vigente, como estrategia frente a las próximas elecciones.
Esos procesos fueron convertidos, como en nuestro caso, en actos de venganza contra decisiones administrativas que afectan intereses personales, comerciales o profesionales.
Aunque saben que es casi imposible cumplir con los requisitos y lograr los objetivos, también saben que la revocatoria no es lo importante, porque no es solicitud de organismos sociales cívicos, sino de quienes necesitan crear escenarios desestabilizadores como estrategia política, aprovechando la coyuntura actual para dificultar la gobernabilidad y fomentar retaliaciones políticas.
Estoy seguro de que las comunidades quilichagueñas no permitirán que las manoseen o las manipulen para el beneficio de alguien en particular, ni para sabotear la gobernabilidad en el municipio. Tampoco permitirán la inauguración de las campañas políticas con este mecanismo constitucional y legal, pero viciado.
Por otra parte, para realizar la revocatoria de mandato en Santander de Quilichao se requiere recolectar mínimo 8.243 firmas válidas de ciudadanos que formen parte del censo electoral, que equivalen al 30 % de los votos que obtuvo Lucy Amparo cuando fue elegida alcaldesa (27.475 votos).
Si se cumpliera con ese requisito se convoca a una votación en los siguientes dos meses, en la cual deben votar -correctamente- mínimo de 17.425 ciudadanos (40 % de los votos totales que se emitieron en la votación cuando fue elegida: 43.563).
Esto no es nada fácil. Conseguir las firmas del censo electoral y lograr que la autoridad verifique su validez, muy pocas veces se ha logrado, bien sea por suplantación, porque no coinciden los números de documentos o porque firmaron personas que no tienen su cédula inscrita.
A lo anterior hay que sumarle que en la supuesta votación se debe obtener un apoyo a la revocatoria de la mitad más uno de los votos depositados.
Luego viene la certificación de los recursos utilizados en la campaña. El Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa si se violaron los topes y que no haya ninguna financiación irregular. Este paso, aunque parece sencillo, es clave y varias se han caído por esto.
Y al tiempo con los pasos anteriores, obviamente, la mandataria acudirá a acciones judiciales que son legales, pero que dificultarán la normalidad y los tiempos de la iniciativa.
Pero hay un asunto más complejo. La convocatoria para Santander de Quilichao no es única. Si las casi 100 revocatorias que están en trámite llegaran a las urnas, el Estado debería pagar más de 500.000 millones de pesos, para realizar las jornadas de votación. Ese dinero no está presupuestado y en las actuales circunstancias económicas es casi un imposible hacerlo.
En conclusión, para que en Colombia funcionen las revocatorias, hay que hacer una reforma electoral, para que el mecanismo sea empleado por la ciudadanía y no por una oposición que lo convierte en herramienta para deslegitimar el mandato de su contrincante, lo que hace que se tergiverse el verdadero fin para el cual fue creado.
Esto también demuestra una vez más de que se hace necesaria la implementación o el fortalecimiento de procesos de educación política y democrática, inclusive desde la escuela primaria, de modo que sea masificada la formación cívica, en beneficio de toda la sociedad y no de los politiqueros que manipulan audiencias en provecho privado.
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