Responsables los agentes secretos
Mientras que en Estados Unidos adelantan una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades sobre la noche de orgía de los militares estadunidenses que vinieron en la avanzada del presidente Obama a Cartagena, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que los militares extranjeros eran los responsables de los escandalosos hechos. La ministra fue directa, y defendió a «capa y espada» a Cartagena. «Me genera mucha tristeza, porque se nos ha vuelto como si Cartagena fuera la culpable», señaló la señora Holguín.
«Donde hay un hombre, hay prostitución»
Durante su drástico pronunciamiento, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, también pronunció la siguiente frase: «Donde hay un hombre, hay prostitución». Y, a renglón seguido, sostuvo: «Culpable es el Servicio Secreto, y déjenme decirles de manera cruda: la prostitución existe en todas partes; donde hay un hombre, hay prostitución», expresó la funcionaria, a quien por primera vez se la observó molesta por los acontecimientos escandalosos que sucedieron con ocasión de la Cumbre de las Américas, por la delegación de los Estados Unidos.
Hernando Molina Araújo, hijo de la ‘Cacica’ Consuelo Araújo, e hijastro del exprocurador general Edgardo Maya, fue capturado por hacer parte de las bandas paramilitares, según las autoridades judiciales. Molina es acusado del homicidio del indígena Óscar Enrique Montero Arias, asesinado el 15 de abril de 2004. El capturado es acusado a la luz de varios testimonios recaudados, de ser el segundo al mando de la organización de «Jorge 40».
Drogadicción, enfermedad pública
El Congreso inició el primer debate de un proyecto de ley que le ordena al Estado cubrir integralmente los procesos de rehabilitación de los adictos a los estupefacientes, y por primera vez se abre la oportunidad a que sean vistos como enfermos, más no como delincuentes. El tratamiento que el Estado debe entregar va desde la desintoxicación hasta su reinserción a la sociedad, de acuerdo con la ponencia presentada por el senador Juan Manuel Galán.
Amenazas a concejal y su equipo de trabajo
El concejal del movimiento Progresistas, que respalda al alcalde Gustavo Petro, Carlos Roberto Sáenz, denunció que durante la última semana su equipo de trabajo ha sido víctima de llamadas amenazantes. «El último episodio se registró ayer por la noche. Personas extrañas ingresaron a la casa de una de mis colaboradoras y robaron los computadores», reveló. El concejal señaló que las amenazas son, principalmente, contra mujeres y activistas que integran su equipo de trabajo.
El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, dijo en Cuba que perdona a quienes le han deseado la muerte, y reiteró su fe en Dios para superar el cáncer que padece. «A quienes tienen algunos malos deseos para conmigo, los perdono; tengo una gran fe en lo que estamos haciendo en este trabajo intenso contra la enfermedad que me emboscó el año pasado; para vivir, seguir viviendo y cada día más seguir dando esta vida a un pueblo, a una revolución», dijo en un video trasmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
La tortura en los falsos positivos
El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, confirmó que los estudios hechos a los cuerpos de los jóvenes evidenciaron serias muestras de tortura antes de recibir un tiro de gracia. «En la segunda necropsia, que yo realicé, encontré traumas diferentes a los traumas que se habían encontrado por proyectil de arma de fuego», señaló el director de Medicina Legal. Siete jóvenes desaparecieron de Soacha, y fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, el 27 de enero de 2008 en la vereda Agua la Virgen, de Ocaña, en Norte de Santander.
En concepto del Consejo de Estado se anuncia que se debe citar a nuevas elecciones para la Gobernación del Valle del Cauca. En consecuencia, señala la alta Corte, la falla en la que incurrió el gobernador, Héctor Fabio Useche, es absoluta; por lo tanto, debe convocarse a elecciones para escoger su remplazo. Useche fue encontrado responsable, junto a una docena de funcionarios más, por el detrimento de 40.767 millones de pesos de la Industria Licorera del Valle (ELV), cuando hacía parte del gobierno de Juan Carlos Abadía. El PIN y el MIO están buscando un candidato sin antecedentes o investigaciones, para lanzarlo de candidato a la Gobernación. El sector de Unidad Nacional, conformado por liberales, Cambio Radical, conservadores y de la U también buscaun candidato para el primer cargo de ese departamento. Mientras tanto Aurelio Iragorri Valencia, seguirá por ahora como gobernador.
La Procuraduría General de la Nación les exigió a la Alcaldía de Bogotá y al Canal Capital la copia de los contratos suscritos para la trasmisión del concierto de Paul McCartney, para establecer si se invirtieron de manera correcta los 800 millones de pesos destinados para ese fin. La Procuraduría busca demostrar si hubo una debida inversión de los recursos, o si por el contrario, existieron irregularidades. El gerente del Canal Capital, Hollman Morris (foto), y los funcionarios del Distrito, tendrán que explicar las inquietudes que tiene el ministerio público.
Licencia
El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga Oliveros, solicitó, mediante escrito al Senado de la República, una licencia de tres meses no remunerados para preparar su defensa en el «carrusel de las pensiones». Villagarra afirmó que espera demostrar su inocencia frente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Contraloría General, en los procesos penales, disciplinarios y fiscales. Otros magistrados también anunciaron licencias para defenderse a «capa y espada».
Traidor y populista
«Si ser traidor es ir a favor de los pobres, seguiré siendo traidor, porque muchos colombianos necesitan de la ayuda del Guillermo colombiano», dijo en Málaga, Santander, el presidente Santos al contestarles a sus críticos por haber anunciado la entrega gratuita de casas. «Me han criticado por entregarles a los campesinos y desplazados por la violencia las tierras que perdieron por el conflicto armado», manifestó Santos. «Si ser populista es enfocar las políticas del Gobierno para que el más pobre de los pobres sea beneficiado por esas políticas, entonces me declaro populista», enfatizó.
El Ministerio Público consideró que la gobernadora del Huila, Cielo González, dio mal manejo de los recursos del Estado, provenientes de las regalías, cuando ocupó la Alcaldía de Neiva. En consecuencia, la sanciona con destitución, y la inhabilita por 11 años para ejercer cargos públicos. La señora González habría invertido unos dineros del Estado en una empresa que no estaba vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es la segunda gobernadora en ser destituida, después del gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche.
Las declaraciones de la canciller
«Rayos y centellas»le han caído a la canciller María Ángela Holguín, después de varias salidas en falso durante las últimas 24 horas, que originaron la solicitud de su renuncia por parte de congresistas, especialmente de la región de San Andrés Isla. Finalmente, la congresista Ángela María Robledo dijo que es lícito defender la soberanía de San Andrés y Providencia, y agregó que reconoce que las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, son válidas. Le recordaron en el Congreso, que «entre las declaraciones más desafortunadas se encuentra la relacionada con que donde hay hombres hay prostitución, esa expresión es una ofensa para los hombres y las mujeres», dijo una representante a la Cámara.
Por vicios de trámite fue demandado el proceso de votación y elección del fiscal General, Eduardo Montealegre. La demanda será estudiada por la sección quinta del Consejo de Estado. El fiscal Montealegre fue elegido con 16 votos el pasado 22 de marzo por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Un pronunciamiento final se hará en cinco meses.
Abogados que representan a las víctimas en el juicio contra Giancarlo Auque, exdirector de inteligencia, encargado, del DAS, solicitaron que se revelen documentos reservados contenidos en la denominada «caja o contenedor 6». Los documentos que contiene información «que comprometen la seguridad nacional» fueron encontrados en un allanamiento que hizo la Fiscalía al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. «Hay información que tiene que ver con los objetivos y los blancos que aquí estamos, y concretamente hay información sobre el Comité de solidaridad, del colectivo de abogados, sobre la marcha de víctimas del 6 de marzo », dijo uno de los juristas. El juez 6º anunció el estudio de la petición, y dará a conocer en los próximos días su respectiva decisión.
Dos demandas contra el TLC
El senador Camilo Ernesto Romero fue el primero en demandar la ley de implementación del TLC, argumentando violación a la Ley Vargas Lleras, es decir, a la prohibición de la señal de televisión en Internet. «Esta norma es inconstitucional, porque penaliza al usuario que enlace un noticiero o cualquier programa de televisión, para ser publicado y retransmitido en un blog o en una página web», sostiene. Carlos Andrés de Zubiría presentó la segunda demanda a la Ley 1520 de 2012, argumentando que se aprobó con vicios de procedimiento.
Desaparece líder de la marcha patriótica
El dirigente comunitario Herman Henry Díaz desapareció el 18 de abril en el Terminal de Transporte del municipio de Puerto Asís. La Defensoría regional, reveló que Herman Henry Díaz compró un tiquete en el terminal de Puerto Asís, con destino a la inspección de El Tigre. El dirigente, nunca abordó el intermunicipal. Henry Díaz coordinaba el transporte para que 200 delegados a la Marcha Patriótica que se desplazaran hasta Bogotá. Dirigentes de la marcha patriótica anunciaron denunciar el caso ante los organismos internacionales de derechos humanos.
La gobernadora del Huila, Cielo González, al parecer engañó al Partido de la U para lograr su aval como candidata al cargo, reveló el presidente de la colectividad, Juan Lozano. La gobernadora, como es de amplio conocimiento público, fue sancionada con destitución por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. «Lo que queda claro es que al partido no se le habría dicho la verdad, y ya el partido tendría que proceder a desvincularla y quitarle la condición de militante y aplicarle las sanciones más severas», expresó Lozano.
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