Pico y Placa - Popayán: 3 y 4 | Cali: 3 y 4
Miércoles, 18 de noviembre de 2026

Reclutamiento de menores, delito recurrente

Imagen por: https://chatgpt.com/ Hay una dificultad inicial cuando se intenta dimensionar el reclutamiento de menores en Colombia: contar los casos conocidos no equivale necesariamente a conocer la magnitud completa del fenómeno. La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz,...

Imagen por: https://chatgpt.com/

Imagen por: https://chatgpt.com/

JESÚS-ALBERTO-AGUILAR

Hay una dificultad inicial cuando se intenta dimensionar el reclutamiento de menores en Colombia: contar los casos conocidos no equivale necesariamente a conocer la magnitud completa del fenómeno.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, reportó 686 casos durante 2024 y 435 en 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 fueron registrados otros 113 casos. Para este último periodo, Cauca aparecía con 35 reportes, seguido por Norte de Santander con 25, mientras Antioquia y Nariño registraban nueve cada uno.

Las cifras han cambiado conforme avanzan las actualizaciones institucionales. En junio, por ejemplo, la Defensoría había informado de 51 casos entre enero y mayo de 2026, de los cuales 14 correspondían al Cauca. En ese corte, Norte de Santander ocupaba el primer lugar con 15 registros y Antioquia tenía cuatro.

Esa evolución obliga a precisar fechas cada vez que se compara un territorio. El dato disponible hasta agosto contradice una afirmación del texto original según la cual Cauca sería el segundo departamento con más casos después de Antioquia: con el corte más reciente consultado, Cauca encabezaba los reportes de 2026.

Una reducción que no necesariamente significa menos casos

La Defensoría ha insistido en que cualquier descenso de los registros debe interpretarse con cautela. El 1 de septiembre de 2026 informó que había conocido 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026 y llamó la atención sobre un subregistro que puede esconder una realidad mayor.

Iris Marín Ortiz explicó que una reducción de los casos reportados no necesariamente representa una disminución del reclutamiento. La entidad relacionó ese subregistro con el miedo, la naturalización de la violencia y el desconocimiento sobre los mecanismos disponibles para informar lo ocurrido.

Ese elemento modifica la lectura de las estadísticas. Un territorio puede mostrar menos denuncias sin que ello permita concluir que los grupos armados están reclutando menos menores. Algunas familias pueden guardar silencio por temor a represalias, desplazarse o acudir a mecanismos comunitarios sin que el hecho llegue inmediatamente a los registros institucionales.

La Defensoría también ha advertido que algunos casos solo se conocen cuando los menores reclutados mueren durante enfrentamientos entre grupos armados o en operaciones de la Fuerza Pública. La entidad ha reiterado que quienes han sido reclutados mantienen su condición de víctimas, incluso cuando posteriormente participan en hostilidades.

Cauca y las formas de vinculación

En el Cauca, la preocupación no se limita al número de casos conocidos. El texto que origina esta crónica plantea que las formas de reclutamiento han cambiado y que ya no siempre corresponden a incursiones armadas en escuelas o al traslado forzado visible de grupos de menores.

La idea coincide parcialmente con advertencias institucionales más amplias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha señalado que la vinculación de niñas, niños y adolescentes puede producirse mediante fuerza o engaño y que entre los factores de riesgo aparecen la pobreza extrema, las dificultades para acceder a educación, salud, deporte y otras ofertas estatales, además de la presencia de actores armados en barrios y veredas.

El texto suministrado describe un escenario en el que jóvenes serían atraídos mediante dinero, motocicletas, armas, ropa y reconocimiento social. También menciona municipios como Argelia, Balboa, El Tambo, Suárez, Toribío y Bolívar. Sin embargo, esa escena está construida como un ejemplo narrativo y no viene acompañada de un caso, testimonio identificado, expediente o informe que permita presentarla como un hecho ocurrido en una vereda determinada.

Por esa razón, tampoco es posible atribuir como cita colectiva a “líderes indígenas, afros, campesinos y mestizos” la frase “se nos están llevando a nuestros niños, niñas y adolescentes y nos estamos acostumbrando” sin identificar quiénes la pronunciaron, cuándo y en qué contexto.

Reclutar y utilizar también están penalizados

Desde julio de 2026, la legislación colombiana contempla expresamente el reclutamiento, utilización u obligación de participar directa o indirectamente en hostilidades de menores de 18 años. La Ley 2590 de 2026 modificó el artículo 162 del Código Penal y estableció penas de 480 a 600 meses de prisión para quien incurra en esa conducta con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.

La misma ley modificó el artículo 188D para sancionar a quien induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a menores de 18 años para cometer delitos. La pena prevista allí es de 18 a 30 años de prisión.

Este punto resulta relevante frente a otra de las ideas expuestas en el texto original: los menores no necesariamente son vinculados únicamente para combatir. Pueden ser utilizados para diferentes tareas relacionadas con estructuras armadas o actividades delictivas. El ICBF aborda precisamente el reclutamiento, uso y utilización como fenómenos relacionados que requieren prevención y restablecimiento de derechos.

Lo que no puede afirmarse sin una fuente concreta es que a los menores de 14 años se les utilice sistemáticamente como campaneros, cobradores de extorsiones, transportadores de paquetes o que sean puestos deliberadamente delante de otros combatientes durante enfrentamientos para reducir el impacto de las bajas de comandantes. Son afirmaciones graves que requieren testimonios, expedientes judiciales o investigaciones institucionales identificables.

Ni voluntarios ni combatientes adultos

El texto también cuestiona la utilización de la palabra “voluntarios” para describir la vinculación de menores. En este punto existe una base jurídica clara: la legislación colombiana protege a toda persona menor de 18 años frente al reclutamiento y utilización por actores armados. La Defensoría ha reiterado que la vinculación no elimina su condición de víctima.

La discusión tampoco puede reducirse a la capacidad del menor para aceptar o rechazar una oferta. El contexto importa. Las instituciones han identificado como factores de vulnerabilidad la pobreza, la ausencia de oportunidades educativas y recreativas, la violencia familiar, la presencia territorial de estructuras armadas y otras condiciones que pueden facilitar la captación.

En agosto de 2026, el ICBF anunció que reforzaría sus acciones preventivas frente al reclutamiento y utilización de la niñez y la adolescencia por grupos armados. La entidad señaló la necesidad de trabajar con comunidades, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales para reducir los riesgos.

El desafío, entonces, no se agota en perseguir penalmente a quienes reclutan. También exige presencia educativa, social y comunitaria en los territorios donde los menores encuentran menos alternativas y los grupos armados mantienen capacidad de influencia.

Un delito que sigue reclamando respuestas

Las cifras disponibles permiten afirmar que el reclutamiento continúa ocurriendo en Colombia. También muestran que Cauca permanece entre los departamentos con mayor afectación y, con el corte hasta agosto de 2026, encabezaba los registros conocidos por la Defensoría.

Lo que las cifras no permiten conocer por sí solas es cuántos casos permanecen ocultos. Esa es precisamente una de las advertencias centrales de la Defensoría.

Detrás de cada registro hay una niña, un niño o un adolescente separado de su vida familiar, educativa y comunitaria. Frente a ellos, la responsabilidad directa corresponde a quienes reclutan, utilizan o instrumentalizan menores. Al Estado le corresponde prevenir, proteger, investigar y restablecer los derechos de las víctimas.


Otras publicaciones de Jesús Alberto Aguilar Guerrero en Proclama del Pacífico:

Jesús Alberto Aguilar Guerrero

logo_proclama_optimizado

Redacción Proclama del Pacífico

Periodismo verificado desde Santander de Quilichao, Cauca.

Le puede interesar

Pc

Compartir en: 

Proclama Radio

En Vivo

Lo Más Leído