Razones para una paz duradera
«Ingenuos, inocentes y hasta bobos son los que piensan que los asuntos de una guerra tan compleja como la que padece Colombia se dirime más rápido en una Notaría».
De la guerra saben los que combaten y las familias de los que mueren, para la sociedad que no participa en la confrontación es un enfrentamiento entre bandas armadas y las fuerzas de la legalidad, una noticia morbosa, convertida en tentación mediática o simplemente un deleite informativo.
En Colombia no ha sido caracterizada, histórica ni políticamente, como una forma de resolver los conflictos sociales, económicos y políticos, excepto cuando se le otorgó carácter político a la sublevación del Movimiento 19 de Abril, M19 y el Movimiento Armado Quintín, con acuerdos dieron paso a la Constitución de 1991.
En esas circunstancias el diálogo de La Habana, aunque tácitamente el Estado reconozca la guerrilla como entidad política, la guerra no ha sido definida en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, particularmente en el marco del Protocolo II.
Quizá allí estriben los obstáculos más sobresalientes que han impedido contemplar escenarios teóricos que le otorguen tanto al Estado como a los grupos beligerantes un estatus político que, sin riesgo de profundizar y externalizar el conflicto, y sin que el Estado pierda su soberanía política, la oportunidad de encontrar una salida expedita al conflicto.
En esa trayectoria encontramos que la contienda colombiana no tiene parangón con guerras como las de Salvador y Nicaragua, y, en ningún momento de su trágica historia ha sido objeto de interpretaciones clásicas, como la que ofrece el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, institución que posee las mejores investigaciones sobre la guerra y la paz en el mundo:
“La guerra puede ser definida como una forma violenta de resolver un conflicto entre grupos humanos, llámense Estados, grupos de oposición o insurgentes, que tienen una finalidad política; su intensidad depende de la escala de violencia utilizada y en principio debe estar sometida a ciertas reglas jurídicas que determinen su legalidad”.
No es fácil para la dirigencia política de un país, entroncada con grupos económicos que detentan el poder, coincidir en torno a la definición sobre la guerra y admitir que en la propia historia universal, incluida la cultura helénica, tiene orígenes religiosos, antropológicos, económicos y culturales.
Olvidan que Jehová, en la mitología del Antiguo Testamento, fue protagonista de prolongadas guerras de exterminio.
Edades en que la concepción teocéntrica no admitía la humanización de la guerra, a la que se le puso límites civilizatorios sólo a partir del siglo pasado.
Crímenes de guerra, genocidios, exterminios masivos, matanzas y holocaustos, hoy sacralizados, tuvieron la impronta de órdenes divinas:
Guerras de carácter territorial en las que se arrebataban ganados, se incendiaban ciudades, se imponía la esclavitud sexual, se sacrificaba a los niños y se expoliaban pueblos en nombre de Dios.
Guerras en las que no había misericordia y se glorificaba a los guerreros que en sus carruajes regresaban exhibiendo las cabezas de los enemigos como trofeos de las victorias religiosas alcanzadas.
Y como en la edad bíblica de la más cruda barbarie, cuando los dioses daban ordenes de perpetrar asesinatos, en Colombia, desde los púlpitos eclesiásticos, en la llamada “Primera Violencia”, en los inicios del desarrollo industrial y la des ruralización del país, altos jerarcas y sacerdotes de la Iglesia azuzaban el exterminio de los rojos, gaitanistas, liberales, ateos y comunistas, por ser presuntamente enemigos de la civilización cristiana.
Sobra afirmar que la Iglesia eximía a sus ejecutores del castigo del infierno, sin necesidad de bulas pontificias, y no por azar ni coincidencia sus operadores políticos y agentes fratricidas eran fervientes devotos de la Virgen María.
Tarde llegaron el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a Colombia y cuando arribaron encontraron resistencia política armada en el Estado, tanto que desde el poder sus más conspicuos voceros los calificaban como una puerta siniestra para el ingreso de forajidos a la institucionalidad.
Mientras en la otra orilla, cuando se adjudicaba, irrecusablemente, a la insurgencia la autoría de gravísimas violaciones a la normatividad humanitaria, replicaba que su lucha no era contra los Convenios de Ginebra, normatividad que hoy las Farc en su favor invocan.
Ingenuos, inocentes y hasta bobos son los que piensan que los asuntos de una guerra tan compleja como la que padece Colombia se dirime más rápido en una Notaría.
La solución al conflicto colombiano va más allá de una simple reconciliación política con presencia de Obama, el Papa Francisco, Putin, Hollande, Merkel, Raúl Castro, Bachelet y Maduro.
En su arqueología política se mueven geológicamente profundos intereses y posiciones, se cruzan mafias, monopolios económicos, paramilitares, genocidios, rapiña, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, secuestros, toma de rehenes y ejecuciones extrajudiciales.
Enormes son sus capas políticas geológicas de corrupción, narcotráfico, saqueos, desempleo, democracia limitada y desigualdad social, donde el único vencido ha sido el país y, entre los triunfantes, las multinacionales vendedoras de armas. Hasta pronto.
