…PULIR UN VERSO

El fundamento de la democracia se corresponde con la división tripartita del poder público, y por ende con su autonomía, la que se identifica con su propia naturaleza. Por ello es que en la medida en que las decisiones del poder judicial se respeten, en esa misma medida la estabilidad del sistema de controles y su propia supervivencia está asegurada. Forma parte de la democracia liberal.

Así esas decisiones comporten un alto contenido de impopularidad, como ha ocurrido en el caso de la Fiscal Morales, deben ser acatadas sin reservas. Máxime si provienen de un órgano tan respetable como el Consejo de Estado, que a lo largo de su existencia se ha ganado el reconocimiento no solo de los colombianos, sino de la opinión académica internacional, por el profesionalismo de sus fallos y seriedad de sus providencias.

Quienes por espacio de años hemos litigado en ese escenario, conocemos de primera mano sobre su bien ganado prestigio. Este largo preámbulo para señalar que, como a miles de colombianos, no nos gustó la reciente decisión del máximo órgano de justicia administrativa en Colombia, al declarar la Nulidad del acto administrativo del nombramiento de la Fiscal General, la cual se produjo por fallas de procedimiento, relativas a la fórmula jurídica de interpretación razonable sobre el número de votos válidos que en su momento adoptó la Corte Suprema.

El fallo, por consiguiente, el que todavía no se conoce en su integridad, consultó apreciaciones de orden numérico, ajeno a cualquier otro tipo de consideraciones que no eran del caso y que no podían serlo.

El hecho es que desde la Constitución de 1991 -expresión máxima del Constituyente primario-la Fiscalía General de la Nación adquirió una destacada importancia, que en nuestro criterio, alcanzó su punto más alto durante los trece meses que duró en cabeza de Vivianne Morales, y devolvió a los colombianos la confianza en sus determinaciones.

Creemos que las investigaciones realizadas bajo su dirección hasta la fecha, con valentía inaudita, comenzaron a dejar atrás la perniciosa práctica de la justicia de primera y de segunda clase. Así lo registran procesos como el de las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales del DAS, que tienen en la cárcel a algunos de los miembros de la cúpula del gobierno Uribe, como a Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión, a Bernardo Moreno en espera de juicio y como prófugos a María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, el de los «falsos positivos» que estremeció a la opinión pública nacional y extranjera, el de Agro-Ingreso Seguro que permitió conocer la existencia de una verdadera «empresa criminal» para hacerse a dineros públicos destinados a los campesinos, pero desviados a influyentes y poderosas familias del país; y el de los falsos desplazamientos de guerrilleros y paramilitares, que se burlaron, con la connivencia de algunos funcionarios, de la fe pública depositada en esos procesos; el del ‘carrusel de contrataciones’ de Bogotá, entre otras investigaciones de profundo impacto en la sociedad colombiana.

Cabe decir finalmente, que la decisión del Consejo de Estado, como en otros pronunciamientos, hiló tal vez demasiado delgado, con el fin de conservar la majestad de sus decisiones y prefirió «sacrificar un mundo, para pulir un verso».

Sin duda, el mejor homenaje que se le puede rendir a la justicia colombiana en estos momentos, para que pueda seguir brillando en éstas instancias instructoras, es que Vivianne Morales, de nuevo sea incluida en la terna de elegibles por parte del Presidente Santos, y que la Corte, la señale de nuevo como titular de esa Institución, en la que los colombianos volvieron a creer, gracias a ella.

Leer más…