
El 16 de marzo de 2015, la hoy candidata presidencial Paloma Valencia Laserna formalizó en entrevista con Alfonso Luna Geller una propuesta que define su visión de Estado: la división administrativa del Cauca mediante un referendo.
La iniciativa busca separar el departamento en dos entidades autónomas, una para comunidades indígenas y otra para sectores mestizos.
Esta tesis de segregación, planteada hace once años, adquiere hoy una relevancia crítica al analizar la idoneidad de quien aspira al mando supremo de la nación.
La visión de la candidata sostiene que la creación de un departamento indígena permitiría a estas comunidades ejercer su autonomía y sus movilizaciones en un espacio delimitado, mientras el sector mestizo se enfocaría en un modelo de desarrollo basado en la inversión e infraestructura.
Esta segmentación poblacional refleja una concepción del Estado basada en fronteras internas que impiden la integración social. La propuesta incluye también a las comunidades negras, quienes deberían decidir su adhesión a uno de los dos entes o gestionar su propia administración.

Esta claudicación institucional ante la obligación de integrar la diversidad representa un retroceso civilizatorio.
La creación de entidades basadas en la identidad étnica institucionaliza el conflicto y condena a las poblaciones a un aislamiento que funciona como una cárcel natural.
La unidad de una nación surge de la capacidad de sus instituciones para armonizar visiones distintas en un mismo territorio, no de la separación física de sus ciudadanos.
Separar a los habitantes por criterios raciales o culturales constituye un modelo de segregación que anula el intercambio social y económico. Estas «reservas políticas» terminan convertidas en guetos institucionales donde la falta de contacto profundiza los prejuicios y radicaliza las diferencias.
El desarrollo de las sociedades modernas depende de la porosidad de sus fronteras internas. La división propuesta condena a los pueblos a una convivencia endogámica que limita el acceso a mercados, tecnologías y diálogos interculturales.
La historia demuestra que los sistemas basados en la separación racial perpetúan la violencia. El establecimiento de fronteras administrativas por etnia genera disputas irreconciliables por recursos, agua y vías de comunicación. Lejos de evitar confrontaciones, la partición del Cauca crearía un escenario de tensiones permanentes entre territorialidades vecinas con identidades enfrentadas.
La estabilidad de un territorio depende de la vigencia de una ley común y de una justicia que no distinga el origen de las personas.

Este planteamiento de confinamiento busca que la reivindicación social quede aislada del sistema productivo mestizo. Sin embargo, el orden público requiere la resolución de las causas estructurales de la desigualdad, no el ocultamiento de los conflictos tras muros administrativos.
Un Estado que propone dividirse para convivir refleja incapacidad para ejercer autoridad.
Fragmentar el Cauca representa una solución simplista que sacrifica la multiculturalidad.
El progreso exige la integración de talentos y tierras bajo un propósito nacional único. La segregación territorial constituye una derrota de la democracia y una sentencia de estancamiento para el suroccidente colombiano.
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