¡Qué tal esto! construyen casetas para peaje sin terminar las obras de la doble calzada

El Tribunal Administrativo del Cauca admitió una acción popular que cuestiona la ubicación del peaje Piendamó, en el sector El Túnel de Cajibío. Las familias cercanas a la construcción temen quedar expuestas a atentados, accidentes de tránsito y emergencias sin rutas adecuadas de evacuación. La justicia deberá establecer si existen riesgos que obliguen a modificar el proyecto.
En el sector El Túnel, sobre la carretera Panamericana, entre Popayán y Santander de Quilichao, unas 60 personas miran con preocupación una construcción que cambiará la vida cotidiana del lugar. Se trata de la estación de peaje Piendamó, una infraestructura prevista desde hace más de una década que hoy enfrenta un proceso judicial por los riesgos que, según sus vecinos, representa para quienes viven a pocos metros de las casetas de recaudo.
La controversia llegó al Tribunal Administrativo del Cauca. Mediante auto del 10 de noviembre de 2026, el magistrado Naun Mirawal Muñoz Muñoz admitió una acción popular presentada por Halma Lucero Vidal Torijano y habitantes de El Túnel contra el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Nuevo Cauca S. A. S.
Los demandantes sostienen que la ubicación de la estación amenaza derechos colectivos relacionados con la seguridad, la salubridad pública y la prevención de desastres.
La decisión judicial abrió formalmente el debate, aunque dejó una primera conclusión que resulta indispensable precisar: el Tribunal admitió la demanda, pero negó la solicitud de suspender inmediatamente las obras y la futura operación del peaje. Tampoco ordenó su reubicación.
El proceso apenas comienza. Sin embargo, pone bajo examen una pregunta que las familias del sector llevan meses planteando a las instituciones: ¿qué tan seguro resulta instalar una estación de recaudo rodeada de viviendas, en una zona donde se han registrado hechos de violencia y existen preocupaciones por la circulación vehicular?
Una decisión de 2015 que hoy llega a los tribunales

La historia administrativa del peaje comenzó mucho antes de que sus casetas se levantaran en El Túnel.
El 13 de mayo de 2015, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 0001348, mediante la cual dispuso trasladar la antigua estación de Tunía, situada en el PR 30+480 de la carretera Panamericana, al PR 17+200. La nueva ubicación recibiría posteriormente el nombre de Piendamó.
La decisión quedó incorporada al proyecto de cuarta generación Popayán–Santander de Quilichao, contratado mediante la concesión APP número 011 de 2015 entre la ANI y Nuevo Cauca S. A. S.
La iniciativa contempla la intervención del corredor que conecta la capital caucana con el norte del departamento, una de las principales rutas de comunicación con el Valle del Cauca y el sur del país. La concesión incluye dos estaciones de recaudo, Piendamó y Mondomo.
Durante años, la discusión pública alrededor de estas instalaciones estuvo centrada en su costo para transportadores, comerciantes y habitantes de los municipios vecinos.
Proclama del Pacífico abordó esa controversia en mayo de 2025, cuando obtuvo una respuesta oficial de Nuevo Cauca sobre las estaciones proyectadas, sus ubicaciones y las condiciones contractuales del recaudo. La investigación fue publicada bajo el título Los tres peajes que preocupan en el Cauca.
Pero en El Túnel comenzó a tomar forma otro reclamo. Para los residentes más próximos a las casetas, el problema principal no era cuánto tendrían que pagar por utilizar la carretera.
Era el lugar escogido para cobrar.
Las viviendas que quedaron cerca de las casetas
Una ortofotografía aérea aportada por los demandantes identifica viviendas situadas, según las mediciones presentadas, a aproximadamente 34,7, 46,9, 66,1, 71,6, 84,8, 99,4, 104, 172, 207 y 230 metros de la infraestructura proyectada en uno de los sentidos de circulación.
Las cifras forman parte del expediente judicial. Todavía no constituyen distancias certificadas por un peritaje independiente.
La proximidad de esas construcciones es el punto de partida de la reclamación.
Los demandantes describen El Túnel como una zona con pendientes, curvas y una configuración topográfica semejante a una hondonada. A su juicio, estas características dificultarían la evacuación de personas y el ingreso de organismos de socorro en determinadas emergencias.
También consideran necesario evaluar qué sucedería si un vehículo pesado sufriera un accidente al aproximarse a las casetas, si se produjeran filas prolongadas o si ocurriera un ataque con explosivos.
Son escenarios planteados por la comunidad que requieren comprobación técnica.
La preocupación se extiende a quienes transitan diariamente por la Panamericana. Una estación de recaudo obliga a reducir la velocidad y, dependiendo del volumen de tráfico, puede provocar la acumulación de vehículos.
Los demandantes piden establecer si esas condiciones resultarían seguras en el punto escogido.
«Nosotros somos los invisibles»

Halma Lucero Vidal Torijano, residente de la finca Villa Claudia y una de las promotoras de la acción popular, explicó las razones de la demanda durante una entrevista concedida a PiendaRadio TV, en el espacio conducido por Jaime Franco Posada.
Su testimonio permite comprender una dimensión de la controversia que difícilmente aparece en los planos de ingeniería: la angustia de quienes sienten que las decisiones sobre una infraestructura de gran tamaño se tomaron sin resolver sus inquietudes particulares.
«Yo soy afectada y represento 60 personas que quedamos atrapadas en la zona del peaje», afirmó.
Vidal sostiene que los habitantes han participado en reuniones con entidades públicas y representantes de la concesión, pero considera que sus preocupaciones por la seguridad territorial no recibieron una respuesta satisfactoria.
La entrevistada recuerda que la comunidad ha buscado explicaciones sobre los estudios de ubicación y vulnerabilidad. Según su relato, las conversaciones institucionales se concentraron principalmente en aspectos económicos y tarifarios.
Una frase de la entrevista resume su percepción del trato recibido: «Nosotros somos los invisibles y esta acción popular va a sacar a los invisibles».
La afirmación expresa el sentimiento de una comunidad que teme quedar en medio de las consecuencias de una decisión pública sobre la cual considera que tuvo escasa capacidad de incidencia.
Vidal también insiste en que la demanda no pretende impedir la existencia de peajes. El reclamo consiste en determinar si esa infraestructura puede funcionar de manera segura en el lugar elegido y, de no ser así, buscar otra localización.
Los atentados que alimentan el temor

La situación de orden público del Cauca ocupa buena parte de la demanda. Los accionantes mencionan acontecimientos violentos registrados durante 2026 en distintos sectores del corredor Panamericano, entre ellos hechos ocurridos en El Túnel el 25 de abril y la presunta desactivación de material explosivo en inmediaciones del sector el 19 de junio.
También hacen referencia al atentado del 8 de agosto contra el peaje de Mondomo o Cachimbal y a ataques contra otras estaciones del departamento, entre ellas El Mango y Villa Rica.
Estos antecedentes fueron incluidos para sustentar la preocupación por la exposición de residentes, trabajadores y conductores. Los demandantes citan, además, la Alerta Temprana de Inminencia 036 de 2023, emitida por la Defensoría del Pueblo, relacionada con riesgos de seguridad en Cajibío y el corredor Panamericano.
Una concertación que dejó preguntas abiertas
Vidal Torijano reconoce que la discusión tarifaria tuvo su propio desarrollo, pero sostiene que las inquietudes sobre la ubicación y las condiciones de seguridad no fueron examinadas con la profundidad solicitada.
En la entrevista afirmó que durante aproximadamente año y medio insistió en obtener estudios específicos sobre el lugar.
También relató dificultades para intervenir en una reunión celebrada en octubre, en la que, según su versión, la discusión estaba orientada a las tarifas.
Lo que los habitantes piden a la justicia

La acción popular solicita que se determine si la construcción y la futura operación de la estación amenazan los derechos colectivos invocados. Para ello, los accionantes piden una evaluación técnica, integral e independiente de los riesgos asociados a la localización del proyecto.
El estudio debería examinar las características del terreno, la distancia de las viviendas, la seguridad vial y territorial, las posibles consecuencias de una explosión, las rutas de evacuación y las condiciones de acceso de los organismos de socorro.
También solicitan estudiar la formación de filas vehiculares, las condiciones de desaceleración, los escenarios de emergencia y las medidas que podrían adoptarse para reducir la exposición de la población.
Una exigencia central consiste en comparar la ubicación actual, en el PR 17+200, con otras alternativas fuera del núcleo habitado. Los demandantes pretenden que, si el análisis demuestra un riesgo alto, intolerable, imposible de mitigar razonablemente o desproporcionado para los residentes, se ordene la reubicación definitiva de la estación en un sitio técnicamente adecuado.
Asimismo, solicitan participación comunitaria durante las evaluaciones y las decisiones posteriores, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
El Tribunal admite la demanda, pero no suspende las obras
La providencia del 10 de noviembre admite la acción popular al comprobar que reúne los requisitos legales necesarios para iniciar el proceso. Pero niega la medida cautelar de urgencia mediante la cual los demandantes pretendían detener provisionalmente las obras, impedir el recaudo y evitar la concentración de personal operativo mientras se estudiaban los riesgos.
El Tribunal explicó que la documentación aportada permite reconocer la existencia de viviendas próximas a las casetas y preocupaciones legítimas sobre la seguridad del lugar. No obstante, consideró insuficientes los elementos disponibles para establecer un daño concreto e inminente que justificara una suspensión inmediata.
La providencia deja abierta la posibilidad de revisar la decisión cautelar si aparecen nuevas pruebas que permitan establecer una amenaza concreta, actual e inminente.
ANI y Nuevo Cauca deberán entregar documentación
Uno de los efectos inmediatos del auto es la obligación de las entidades demandadas de responder a los hechos y pretensiones de la acción popular.
El Tribunal dispuso notificar al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, a la ANI y a Nuevo Cauca S. A. S.
Una vez cumplidas las notificaciones y los términos procesales establecidos, las entidades tendrán diez días para contestar.
Además, deberán remitir los documentos que tengan en su poder sobre la localización, construcción, seguridad y futura operación de la estación Piendamó.
Ese requerimiento puede resultar decisivo para aclarar algunas de las preguntas que han acompañado la controversia.
¿Qué estudios respaldaron la selección del PR 17+200? ¿Cómo se valoró la proximidad de las viviendas? ¿Existen análisis específicos sobre riesgos de orden público, circulación vehicular y evacuación? ¿Qué medidas se han previsto para proteger a residentes y usuarios?
Las respuestas deberán contrastarse con los documentos que lleguen al expediente.
El Tribunal también negó la solicitud de vincular como demandados al municipio de Cajibío, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, porque no se acreditó el requisito de reclamación previa frente a esas entidades.
Esto no impide que puedan solicitarse informes o pruebas relacionados con sus competencias.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, deberá ser notificada del proceso.
Una comunidad que insiste en ser escuchada

Halma Lucero Vidal Torijano recibió con satisfacción la admisión de la demanda, aunque manifestó su desacuerdo con la negativa de suspender las obras. Durante la entrevista anunció que la comunidad continuará utilizando los mecanismos judiciales disponibles para que se estudie la posible reubicación.
Su posición es firme. Considera que la seguridad de las familias debe ser examinada antes de que el proyecto entre en funcionamiento.
También advierte que los riesgos, si llegan a materializarse, podrían afectar a quienes circulen por la vía, incluso a personas que desconocen la existencia de las viviendas cercanas.
Fuentes documentales
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Auto del Tribunal Administrativo del Cauca del 10 de noviembre de 2026, expediente 19001-23-33-000-2026-00329-00, aportado para esta crónica.
Entrevista de PiendaRadio TV a Halma Lucero Vidal Torijano.
Resolución 0001348 de 2015 del Ministerio de Transporte.
Información oficial de Nuevo Cauca sobre peajes y tarifas.
Consulta de procesos judiciales en SAMAI.