PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRÁNSITO EN POPAYÁN
SE AVECINA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRÁNSITO EN POPAYÁN
Desde finales del periodo del alcalde Fuentes, la administración local viene trabajando un proyecto de negocio para entregar a un operador privado rentables servicios que hoy presta de manera directa la Secretaría de Tránsito Municipal.
Hasta ahí todo parece normal, lo que no es claro y llena de dudas es cómo se adelantará el proceso licitatorio de manera objetiva, transparente y con pluralidad de oferentes, pues es un negocio bastante lucrativo con expectativas multimillonarias.
Se sospecha que dicha privatización se adelantará con la firma QUIPUX S.A.S. “Eventual Concesionario”, que como empresa multinacional tiene entre sus componentes misionales apoyar a los gobiernos locales y nacionales en su operación de tránsito, bajo modelos auto sostenibles de asociación público privada, tendientes a resolver problemas de tránsito, transporte y movilidad.
La firma tiene estructurados negocios en más de 50 ciudades alrededor del mundo: Colombia, Brasil y Costa de Marfil. Según informe de los contratistas de la Secretaría de Transito, desde ya se direccionan preferencias con ésta empresa que adelantan cursos de inducción y reinducción al personal contratista lo que indican que la decisión está tomada.
Por mandato legal, el negocio no es posible entregarlo directamente a un particular, por tratarse de la prestación de servicios públicos de carácter administrativo, que como tal debe corresponder a un proceso de licitación pública, con estudios previos, análisis de mercados, previa construcción de pliego de condiciones objetivos, transparentes y con pluralidad de oferentes, pues de hacerlo a dedo implica un prevaricato con graves riesgos para componente tarifario del servicio.
Hasta el momento no hay evidencia documental de apertura proceso licitatorio para privatizar importantes servicios prestados a 37.561 vehículos automotores matriculados: 21.682 carros y 15.879 motocicletas, sin tener en cuenta los comparendos aplicados a muchos automotores matriculados en otras ciudades. Tampoco se sabe qué pasará con más de 2.300 vehículos entre motos y carros abandonados desde el 2007, los cuales no han sido rematados conforme lo autoriza la Ley 1730 del 2014 constituyendo un verdadero detrimento patrimonial para el Municipio.
De celebrarse un contrato de concesión sin estudios previos de impactos reales sobre el tiempo de la concesión que por lo general se hace por más de 15 años, donde los mayores costos operativos afectarán las tarifas de los servicios, para apalancar costos, gastos, utilidad e imprevistos, lo que hace muy lucrativo el negocio con gravoso impacto para los propietarios de los vehículos matriculados en Popayán, lo que tendrá como consecuencia que los nuevos propietarios prefieran matricularlos en municipios vecinos como Timbío y Piendamó.
Algunos municipios del país, sin éxito, han privatizado lo relacionado con el registro automotor, de conductores, control de multas, recaudo de la contribución por concepto de semaforización y señalización, recaudo de cartera por los servicios de patios y grúas, emisión de gases y otros servicios. En los negocios se pactan comisiones sobre la utilidad bruta que generen todos los servicios del tránsito, los que se incrementarán anualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), donde el municipio se libera de los costos y gastos operativos; medida financieramente viable pues mejora las rentas de libres destinación, pero dejando al arbitrio del operador el incremento de las tarifas, que como ocurre con SERVIASEO, afectan los bolsillos de los usuarios.
No se conoce si el Municipio entregará parte de las instalaciones de la actual Secretaría de Tránsito, y qué pasará con sus contratistas, así como a cargo de quién quedarán adecuaciones arquitectónicas para estructuración técnica, legal y financiera de los nuevos concesionarios y qué destino se le dará a los equipamientos e instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor y la sucursal bancaria que existen actualmente.
El Municipio espera recaudar a través del nuevo operador más de 3.500 millones de pesos por multas causadas entre 2013 y 2018. El nuevo concesionario podrá, eventualmente, asumir los trámites como expedición de licencias, matrículas y traspasos, la administración de parqueaderos y grúas, y las nuevas zonas de parqueo, conocidas como zonas azules y la nada despreciable foto-multa. Ese negocio podría producirle al operador privado más de 20 mil millones pesos anuales.
Una fuente de la secretaría de Tránsito asegura que el año pasado esta dependencia produjo entre 800 y 1.200 millones de pesos mensuales. La pregunta del millón: ¿Cuál es el sustento financiero y jurídico para entregar éste jugoso negocio a un particular, cuando el mismo Municipio desmontó el contrato de grúas con particulares, pues según su decir, en los últimos tres años por concepto de grúas los particulares recaudaron tres mil quinientos millones de pesos, pero el Municipio no recibió recursos?
