POT desactualizado frena avenida de Próceres
POT desactualizado frena avenida de Próceres.
En Popayán se dan casos tan peculiares, como el que los lotes de engorde propiedad de los descendientes del poeta Guillermo Valencia, situados a lado y lado de la carrera 9ª, entre la piedra norte en El Tablazo, hasta el río Cauca, y cruzados por redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, de gas y telecomunicaciones, figuren como rurales y como tales paguen bajos impuestos; y, desde la otra orilla del Cauca, hacía el sur, por la misma carrera 9ª (antigua Panamericana) figuren como urbanos, incluyendo el sector de Campobello, profusamente construido de bloques de apartamentos para estratos cinco y seis.
Decisiones como estas tomadas hace muchos años y aún vigentes han permitido a prominentes familias preservar sus lotes de engorde, sin cancelar los impuestos que deberían pagar por mantener sin construir la franja de terreno más valorizada de la ciudad, dotada de vías de acceso y redes para todos los servicios públicos, en un municipio que cuenta con limitados ingresos propios e intenta aplicar el catastro multipropósito al que se opone férreamente la senadora y también heredera Paloma Valencia; especialmente, porque a pesar de los intentos de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT iniciados por tres alcaldes, (F. Fuentes, C. Gómez y JC. López) no han podido; y el actual Juan Carlos López Castrillón, a pesar que, al inicio de su gobierno desde la Oficina de Planeación Municipal, partió de estudios hechos por sus antecesores y con un equipo multidisciplinario integró a la mayoría de secretarias del municipio, a seis meses de terminar su mandato no lo va a lograr, como anunció en reciente rueda de prensa para anunciar la demanda a directivos de la CRC, por dar tres conceptos diferentes en un año, sobre la viabilidad ambiental de la ”Avenida de los próceres”, y parar la obra cuando ya había adjudicada la licitación y los contratistas movilizado maquinaria para iniciar obras, lo que puede generarle al municipio otra multimillonaria demanda similar a la que perdió con los hermanos Solarte.
El que el POT esté desactualizado ocasiona, que como en una colcha de retazos, terrenos vecinos se alternen clasificados como rurales y urbanos, complicando la planificación y ejecución de obras como la Avenida de los Próceres, que a pesar de intentar unir la carrera 9ª con la variante y a lado del trazado encontrar varias urbanizaciones y condominios construidos, en un trayecto de 400 metros figura como urbana y en 3.600 como rural.
En relación con la actualización del POT, debido a la demora del estudio de riesgos y del concepto de la CRC, a seis meses del final de su mandato, tampoco le dan los tiempos para su aprobación, tal como anunció el alcalde JC López, en la mañana del miércoles 14 de junio, durante rueda de prensa para dar conocer las dificultades que han impedido el inició de la construcción de la “Avenida de los Próceres”, a pesar que después de ser ordenada por ley de 2017, gestionada por el entonces senador Luis Fernando Velasco, y además de obtener presupuesto de la Nación y ser adjudicada su licitación durante la actual administración municipal, aún no ha podido iniciarse su construcción, por incongruencias entre la CRC y el Municipio, pues inicialmente, en marzo 2022, la Corporación Autónoma del Cauca, conceptuó que la obra no requería licencia ambiental y, en abril de 2023, cuando ya estaba adjudicada y el contratista ubicó maquinaria, consideró que sí era necesaria, pues, según el POT de 2002, un tramo de 3.600 metros que conduce a la variante está en área rural, y además afecta un humedal y en el diseño del proyecto deben tener en cuenta el área de protección obligatoria a orillas del río Cauca y la futura adecuación del jardín botánico Francisco José de Caldas, que junto al Museo de los Próceres también fue incluido en la ley que permitió la construcción de la avenida, y además debe dejarse espacio para el parque lineal a orillas del río Cauca, tal como opina el ingeniero civil y exprofesor de la universidad del Cauca Orlando Muñoz, vecino del sector y habitante de Villa Robledo.
Numerosos de los asistentes a la rueda de prensa convocada por el alcalde, opinaron que la CRC se atraviesa en la aprobación del POT, por pura politiquería y en el caso de la Avenida de los Próceres, por oposición al alcalde y al actual ministro del interior Luis Fernando Velasco, quien logró la aprobación en el Senado de la Ley que ordenó su construcción.
Otros ingenieros habitantes del sector de influencia de la nueva vía, consideran que el trazado de la avenida debe sufrir cambios para no afectar un pequeño humedal y el espacio de 30 metros a orillas del río Cauca, por donde hace años por iniciativa del ambientalista Gustavo Wilchez Chaux, se diseñó un corredor ambiental y camino peatonal para promover el ecoturismo y observatorio de aves.
Para quienes conocemos la inoperancia de la CRC en el cumplimiento de sus funciones en defensa de los recursos naturales en el departamento, no nos extraña, que sobre la licencia ambiental para la construcción de la avenida de los Próceres, en un año, haya expedido tres conceptos diferentes: primero: que no requería licencia ambiental, por estar ubicada en zona urbana; 2º, que sí, porque afectaba parte de zona rural y el tercero que no, en 400 metros que según el POT de 2001, son zona urbana; pero que si se exige licencia ambiental en 3.400 metros clasificados como rurales hasta llegar a la variante.
La CRC, nacida como Corporación para la Reconstrucción del Cauca, tras el terremoto de 1983, años después no fue exitosa en reemplazar a la experimentada Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, en el manejo y control de los recursos naturales en el departamento.
Desde que la renombraron como Corporación Autónoma del Cauca, se convirtió en otra cuota de poder más para repartir entre los grupos políticos que parasitan al departamento, y, a diferencia de la CVC del Valle, en ella predominaron más los intereses de los caciques de turno que los aspectos profesionales y técnicos relacionados con sus múltiples funciones en el tema ambiental, y a diario muestra su inoperancia en el cumplimiento de sus labores no sólo en Popayán, sino en todos los municipios del Cauca donde a diario devastan los recursos naturales en completa impunidad, tumban colinas para extraer materiales y construyen sobre humedales, como en Pisojé; abren carreteras sin permiso como hicieron hace años en la vereda Guayabal a orillas de la cuenca alta del río Quilichao; arrasan con selvas en el Pacífico, contaminan ríos y quebradas y alteran sus cauces, tampoco hay manejo organizado de los residuos orgánicos y sólidos, etc.
Muchas irregularidades por el estilo que persisten en Popayán, a pesar que el alcalde López inició la aplicación de la Ley que desde el gobierno de Duque ordenó la implementación del catastro multipropósito e incorporó al área urbana terrenos ya edificados que figuraban como rurales; y a pesar, que el municipio logró casi duplicar los ingresos por impuesto predial, aún permite que la evasión sea alta, al no actualizar el mapa urbano y rural y, en medio de la confusión, muchos no paguen impuestos de plusvalía urbana por valorización y loteo de antiguas fincas y aún continúen pagando bajas tarifas de predial rural.
Situación anómala que persiste gracias a que en los cuatro puntos cardinales en una misma manzana se confunden predios rurales y urbanos.
Además el municipio y el perímetro urbano está florecido de urbanizaciones piratas, invasiones y condominios diseñados y construidos a la buena de Dios y el Diablo, en medio de la ausencia de mapas claros que se prestan a que por debajo de la mesa autoricen construcciones y reine la anarquía, sin que puedan cumplir sus verdaderas funciones las curadurías y planeación municipal al no actualizar el POT que debe regular el uso y vocación de suelos y presta para toda clase de componendas que permiten el enriquecimiento de unos pocos funcionarios y particulares.
EL CASO DE PISOJE BAJO.
Las consecuencias nefastas de la no actualización del POT y de la inoperancia de la CRC en la protección de humedales, nacimientos de agua y colinas y áreas forestales, revienta en continuos problemas que afectan comunidades de barrios construidos en medio del desorden, sin trazado de calles, sin instalación de redes de acueducto, alcantarillado, conducción de aguas lluvias y otros servicios, tal como le tocó afrontar hace tres semanas a la secretaria de Infraestructura del municipio de Popayán, Karina Betancur, cuando habitantes de la urbanización Guayacanes del Río, el barrio San Fernando y vecinos de Pisojé bajo, amenazaron bloquear la carrera 5ª, debido a los frecuentes daños a la vía causado por el continuo tránsito de pesadas volquetas que extraen material de relleno de una mina situada en Pisojé alto; y por las frecuentes inundaciones que deben afrontar cuando los aguaceros torrenciales descienden por la carretera, arrastran tierra de una colina que aplanaron durante varios años, y se juntan con aguas servidas del condominio Anarkos y otras edificaciones levantadas sobre un humedal y nacimientos de agua, sobre los cuales no intervino a tiempo la CRC, y, que por carecer de redes de alcantarillado, se ven obligadas a construir pozos sépticos cuyos desechos emergen durante las lluvias torrenciales y desembocan en Guayacanes del Río y viviendas vecinas al río Cauca, causando graves daños y pérdidas.
La alcaldía inició trabajos de emergencia para remover los materiales arrastrados por las lluvias que obstaculizaban el creciente tráfico automotor que a diario se desvía por la carrera 5ª, alterna a la congestionada 9ª, y con la empresa CONEXPE, contratista de las volquetas que transportan materiales, concertó la construcción de canales a lado y lado de la carretera para conducir las aguas lluvias y servidas que desembocan sobre la carrera 5ª para llevarlas a colectores de mayor capacidad situados cerca a la sede de la UNAD.
Problemas similares afrontan los habitantes de la vereda González al descender sobre sus predios y viviendas las aguas lluvias que con fuerza desembocan de las empinadas calles de la urbanización San Eduardo, situada en la parte alta y por la construcción de la carretera que busca conectar la vereda González con la urbanización La Paz y en cuyo trazado debieron incluir de emergencia la construcción de redes de alcantarillado y aguas lluvias, que hace años debió hacer la empresa de Acueducto Municipal.
La denuncia ante la Procuraduría General de la Nación instaurada por el municipio contra la CRC por la confusión en la expedición de tres conceptos ambientales contradictorios sobre el requerimiento o no de licencia ambiental para la construcción de la Avenida de los Próceres, retrasando el inicio de las obras cuando fue adjudicada la licitación y los contratistas ubicaron maquinaria para emprenderla, es una muestra más de la anarquía, que reina y seguirá reinando en el municipio, mientras no sea actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial y la CRC no cumpla sus funciones a tiempo.
