Popayán eligió contralor municipal. “Curiosidades” que ponen a pensar.
En la sesión plenaria del Concejo Municipal de Popayán, que se realizó en la mañana de este sábado 09 de enero de 2016, se eligió, por unanimidad entre 15 aspirantes, al contralor municipal para el período constitucional 2016-2019, nombramiento que recayó en el contador público Gerardo Alberto Ramos Bravo.
Ramos Bravo tiene además un posgrado en derecho empresarial, y ha sido alcalde encargado, secretario general y privado de la Alcaldía de Popayán, y también revisor fiscal de diferentes entidades de salud del Cauca.
Una «curiosidad» burocrática que Proclama del Cauca detectó con los últimos nombramientos es que en junio de 2010, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Víctor Libardo Ramírez Fajardo, alcalde de Popayán en esa época, quien hoy es el gerente de Cedelca. Pero la misma decisión disciplinaria también cobijó a Óscar Rodrigo Campo Hurtado, en su condición de secretario de infraestructura y alcalde encargado, hoy es el gobernador del Cauca; a Julio Hernán Tobar Ocampo, en su condición de jefe de la oficina Asesora Jurídica, hoy es el contralor general del Cauca y a Gerardo Alberto Ramos Bravo, secretario general e interventor, para la época de los hechos, hoy elegido contralor municipal de Popayán.
La decisión disciplinaria, que al final, al parecer resultó favorable a los implicados se produjo inicialmente por posibles irregularidades en un contrato que la administración municipal celebró con un abogado particular para que reclamara en nombre del municipio de Popayán los aportes pensionales que había hecho al Instituto de Seguros Sociales y Fondos de Pensiones privados de los funcionarios pensionados del Municipio. De acuerdo con la investigación, el abogado contratista habría conseguido que el Seguro Social hiciera una devolución de aportes al municipio de $2.660.013.562 y sobre dicha suma la administración municipal le habría reconocido honorarios por $617.123.146, correspondiente al 20 por ciento del valor obtenido. Posteriormente, la Alcaldía de Popayán habría establecido conjuntamente con el ISS que la devolución real de aportes que debía hacerse era $600.020.032 y no $2.660.013.562, como se reconoció inicialmente. Esta situación obligó al municipio a reintegrar al ISS la diferencia económica, más los intereses que superaron los 12 millones de pesos.
“El municipio de Popayán resultó perjudicado patrimonialmente porque el reintegro a que tenía derecho era únicamente de $600.020.032, suma inferior al reconocimiento y pago de los honorarios al contratista, tasados en $617.123.146 sobre la base de los $2.660.013.562 cobrados excesivamente por el abogado contratista”.
Los hechos que se produjeron hace más de 5 años tiene hoy a los protagonistas de las “curiosidades” a la vanguardia de la administración pública territorial y de los entes de control de la misma. “Esperamos con optimismo el éxito de sus gestiones”, dijo casi con sarcasmo el líder comunitario Julián Méndez Ausecha a Proclama del Cauca.
