El presidente convocó movilizaciones para el 20 de julio.
El presidente Gustavo Petro elevó este lunes 6 de julio la confrontación política al denunciar, a través de su cuenta de X, un supuesto fraude tecnológico y financiero en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella.
En una extensa publicación, el mandatario afirmó que tendría información sobre la presunta utilización de algoritmos para modificar los resultados electorales desde un servidor ubicado en Los Ángeles, California. También señaló posibles irregularidades en mesas instaladas en el exterior y en algunas zonas de Antioquia, Norte de Santander y Bogotá. Petro no acompañó su pronunciamiento con documentos técnicos, decisiones judiciales o pruebas verificables que permitieran confirmar públicamente sus acusaciones.
Según su versión, los sistemas habrían utilizado datos de ciudadanos que habitualmente no votan para registrar sufragios irregulares a favor de De La Espriella. El presidente también aseguró que algunos electores habrían podido votar varias veces durante la jornada electoral, afirmación que deberá ser investigada y determinada por las autoridades competentes.
Señalamientos sobre empresas extranjeras
Petro vinculó sus denuncias con supuestas actuaciones de empresas privadas extranjeras. En su publicación mencionó a la firma israelí Black Cube como presunta proveedora de apoyo tecnológico y a una compañía de lobby que, según él, habría trabajado para mejorar la imagen internacional de De La Espriella.
Estas acusaciones no han sido confirmadas por organismos electorales, judiciales ni de control. Tampoco se conoce, hasta el momento, una decisión institucional que establezca la existencia de manipulación algorítmica, financiación extranjera ilegal o alteración de los formularios electorales.
El jefe de Estado sostuvo, además, que los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría habrían sido incapaces de detectar una presunta intervención externa. Sin embargo, su mensaje no precisó qué análisis forense, informe técnico o autoridad habría identificado el supuesto servidor y las operaciones denunciadas.
Petro desconoce la legitimidad del Gobierno entrante
En el punto más fuerte de su pronunciamiento, Petro aseguró que no reconoce la legitimidad del próximo Gobierno y afirmó que, en su criterio, Iván Cepeda habría sido el verdadero ganador de las elecciones.
La declaración contradice el resultado oficial que reconoció el triunfo de De La Espriella. Medios internacionales informaron que el escrutinio definitivo confirmó su victoria por un margen cercano a 250.000 votos y que Cepeda reconoció posteriormente el resultado electoral, aunque mantuvo cuestionamientos políticos sobre la influencia extranjera en la campaña.
El pronunciamiento de Petro no modifica por sí solo los resultados. Cualquier reclamación sobre fraude debe ser presentada ante las autoridades electorales y judiciales, acompañada de elementos probatorios que permitan abrir investigaciones y determinar responsabilidades.
Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo, los… https://t.co/JK7z8mMFp0
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026
Convocatoria para el 20 de julio
Petro cerró su publicación convocando a sus seguidores y a sectores sociales a concentrarse el próximo 20 de julio en plazas públicas del país, en lo que denominó un “grito de independencia nacional”.
La convocatoria se produce en medio de una transición marcada por acusaciones mutuas. De La Espriella ha anunciado auditorías al Gobierno saliente y la conformación de un equipo jurídico para presentar denuncias por las presuntas irregularidades que su comisión de empalme asegura estar encontrando. Hasta ahora, varias de esas afirmaciones tampoco han sido acompañadas públicamente de pruebas detalladas.
La denuncia presidencial abre una nueva etapa de tensión institucional. Corresponderá a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía y a los jueces determinar si existe sustento técnico y jurídico para investigar las acusaciones o si se trata únicamente de una confrontación política sin respaldo probatorio.
