Personera de Jamundí habría golpeado a personera de Cali / Personera de Jamundí enfrentará indagación por agresión.
Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de Daniela Romero Patiño, delegada de la Personería de Cali, puso en evidencia un presunto caso de agresión física y verbal por parte de Martha Isabel Gutiérrez Segura, personera del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. El episodio, ocurrido el pasado 7 de julio en un centro comercial del sur de Cali, desató una serie de reacciones institucionales, incluida la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Romero, quien se encontraba en compañía de su hija menor de edad en una zona de juegos, relató que fue abordada por Gutiérrez con expresiones despectivas. Según el testimonio entregado a las autoridades, tras una breve discusión, la funcionaria de Jamundí la habría abofeteado y sujetado del cabello ante la mirada de varios testigos. La víctima fue valorada médicamente y recibió un diagnóstico de trauma contuso facial, además de manifestar afectaciones emocionales derivadas del hecho.
La denuncia penal fue interpuesta por el delito de lesiones personales y va acompañada de una solicitud formal de garantías institucionales, ya que, según Romero, no se trata del primer altercado entre ambas. En mayo del mismo año, durante un consejo de seguridad en Jamundí, ya se habrían presentado agresiones verbales que fueron reportadas internamente.
El Ministerio Público, a través de su órgano disciplinario, abrió una indagación preliminar para determinar si la conducta atribuida a Gutiérrez constituye una falta en su condición de servidora pública. Por su parte, la Personería de Cali activó sus propios protocolos internos para acompañar a la funcionaria afectada y brindar respaldo jurídico y psicológico.
Hasta el momento, Gutiérrez no ha emitido declaraciones públicas. No obstante, fuentes cercanas a su despacho indicaron que se trataría de una situación de índole personal. Las versiones serán contrastadas en el curso del proceso judicial y disciplinario.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los límites del comportamiento institucional de los funcionarios públicos fuera de su ámbito laboral, así como sobre el impacto que estos episodios tienen en la confianza ciudadana frente a las entidades encargadas de la defensa de los derechos humanos y el control disciplinario en el territorio.
El desarrollo de las investigaciones permitirá establecer si existen méritos suficientes para formular cargos o aplicar medidas correctivas. Entretanto, la expectativa se centra en las decisiones que tomen tanto la Fiscalía como los órganos de control disciplinario.
