Otra vez proyectan la carretera de la eternidad
Otra vez proyectan la carretera de la eternidad
Cuando el Ministerio de Hacienda entregó su aval financiero al proyecto El Estanquillo-Popayán, y se anunció que el próximo 14 de julio se abrirá la licitación, un estremecimiento particular recorrió el suroccidente colombiano.
Un acto administrativo que bien podría diluirse en el vasto mar burocrático, como ya ha ocurrido. Sin embargo, de nuevo vibra una esperanza, un juramento de asfalto y acero que se cierne sobre la caprichosa geografía de nuestra tierra.
Hablamos de túneles y puentes, sí, pero el fondo de esta historia es el desvelo de un camino que, por fin, anhelará conectar los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo con ese hermano del sur, el Ecuador.
Uno no puede evitar mirar el mapa, trazar con el dedo esa ruta que se extiende por el territorio, y sentir cómo resuenan en el alma los ecos de años, quizás décadas, donde la desconexión ha sido una condena invisible. Es la crónica de regiones exuberantes, pletóricas de cultura y biodiversidad, pero que han padecido el ahogo de una infraestructura que, más que arterias viales, recordaba venas coaguladas. El acceso, la salida, el simple trajín de personas y el fluir de los productos, se ha transformado, con frecuencia, en una epopeya de paciencia, en un tributo de sacrificios incalculables. ¿Cuántas oportunidades se diluyeron en la lentitud de una trocha, en el riesgo latente de un derrumbe, en la distancia que la vía se negaba a acortar? Ciertamente, ninguna cifra puede apresar la magnitud de esa pérdida.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha concebido la estructura del proyecto, y el Ministerio de Hacienda ha dado su bendición financiera, un hálito vital que valida la solidez de su modelación económica, ajustada, nos aseguran, a las pulsaciones del mercado.
Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lo inscribió y viabilizó en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.
Estas entidades, con sus nombres y sus funciones, se erigen hoy como personajes de una narrativa que, por una vez, parece entonarse con la melodía correcta, la de saldar una deuda histórica que nos pesaba.
Este trazado vial es, en esencia, un compromiso sellado, un pacto con más de un millón de almas. Mi mente vuela hacia la gente de Timbío, Rosas, Patía, El Tambo, La Sierra, Sotará (Paispamba), cuyas vidas han sido delineadas por la precariedad de la conexión. Para ellos, la edificación de 14 túneles y 116 puentes vehiculares, además de 12 puentes peatonales, cinco nuevas intersecciones, y seis intervenciones de rehabilitación y mejoramiento, trasciende la mera ingeniería. Constituyen promesas esculpidas en el tiempo: minutos que se rasgan del reloj de los viajes, productos que arriban frescos a los mercados, estudiantes que abren puertas al conocimiento, pacientes que alcanzan a tiempo la esperanza de un hospital. Es, en su fibra más íntima, la oportunidad de vivir con una dignidad que la carencia vial, hasta hoy, les había robado.
El Estado, a través de sus preceptos legales —Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, que enmarcan las APP—, posee el mandato jurídico ineludible, pero más aún la inmensa obligación ética, de asegurar la conectividad.
Las intervenciones en sitios críticos y la estabilización de taludes mediante obras geotécnicas, pensadas para la seguridad de quienes transitan, resuenan como una nota de cordura en una región que ha visto demasiada improvisación. Se trata, en el fondo, de suturar la geografía con la urdimbre de la vida, de lograr que los Andes, esos testigos milenarios, dejen de ser un muro para transformarse en un portal de oportunidades.
La audiencia pública de adjudicación, programada para diciembre de 2025, marcará un hito. Será el momento en que esta visión, este anhelo largamente cultivado, tome forma definitiva en las manos de aquellos que cargarán sobre sus hombros la responsabilidad de forjar el futuro.
Imágenes: https://www.presidencia.gov.co/prensa
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