ONU apoya restitución de tierras en casos críticos en Colombia.
- El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas dio un impulso decisivo a la restitución de tierras en Colombia, respaldando el avance de 12 casos de difícil resolución en siete departamentos del país, en una apuesta por destrabar procesos históricos de despojo y desplazamiento forzado.
Tras dos años de trabajo articulado con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa logró impactar territorios en Bolívar, Cauca, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta y Chocó, donde persisten conflictos complejos asociados a la tenencia de la tierra.
La estrategia, desarrollada a través de la Convocatoria de Litigio Estratégico y con una inversión de 1,25 millones de dólares, alcanzó a más de 3.200 personas, entre comunidades campesinas, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.
Uno de los momentos más significativos del proceso se vivió durante el cierre del proyecto en Bogotá, donde lideresas y representantes de las organizaciones sociales expusieron los avances y desafíos. Entre ellas, Cecilia Lozado Camacho, de la Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta (ASOMUDEM), dejó un testimonio que resume la dimensión humana del proceso:
“Nosotras hace mucho dejamos de llorar. Ahora lo que pedimos es justicia (…) Tenemos esperanza en volver a nuestra tierra”.
El programa no solo permitió avances jurídicos concretos —como la presentación de demandas colectivas en Córdoba y Cauca—, sino que también fortaleció el tejido organizativo de las comunidades y promovió la participación de entidades clave como la Agencia Nacional de Tierras.
Además, se diseñaron rutas específicas de litigio estratégico para comunidades negras y con enfoque de género, consolidando un modelo que busca responder a las particularidades de cada territorio. También se elaboraron informes de afectaciones y se brindó orientación para la ampliación de títulos colectivos.
Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente y otros actores técnicos jugaron un papel determinante en el acompañamiento de los casos, aportando capacidades especializadas en escenarios de alta complejidad.
Desde la institucionalidad, el balance es positivo. Paula Villa, directora jurídica de la URT, destacó que este convenio permitió “generar puentes para avanzar donde antes no los teníamos”, al tiempo que subrayó la importancia de abordar la restitución desde una mirada colectiva del territorio.
Por su parte, Alice Beccaro, coordinadora del Fondo Multidonante, enfatizó que la alianza permitió potenciar los procesos desde una perspectiva integral y confirmó que se proyecta una nueva convocatoria enfocada en zonas de interés ambiental.
En un país donde la restitución de tierras sigue siendo uno de los pilares de la paz, esta iniciativa marca un avance significativo. Sin embargo, el reto continúa: transformar estos logros en retornos efectivos y sostenibles para las comunidades que aún esperan justicia.
