Nueva producción Reporteros de Colombia

“Sentí que me estaba comiendo a mi hijo”. Con estas palabras y con la voz entrecortada, doña Carmen Elisa Ramírez* describió el momento en que recibió del Estado 20 millones de pesos como reparación administrativa por el asesinato de su único hijo. La noche del 13 de febrero de 2006, un grupo de hombres encapuchados, uniformados y fuertemente armados, entró a la casa de Carmen Elisa en Huisitó, Tambo, y sin mediar palabra mataron a Edwin Campos*.

“Desde esa noche mi vida se acabó. Pasaron cuatro años para que me dieran esa plata que estaba esperando, ¿y ahora qué?”, dice Carmen Elisa. Desubicada y sin rumbo, recibió el dinero que le entregó Acción Social dentro del proceso de reparación administrativa. El vacío de su pasado no le permite dar un paso en el presente ni mucho menos pensar en el futuro. “Quiero volver a mi casa. Aquí me siento… diferente, me miran raro, como si les fuera a quitar o a pedir algo. Quiero volver a mi rancho, pero si vuelvo me matan como a mi hijito”. Carmen Elisa abre sus ojos todos los días desde Popayán, adonde llegó buscando refugio, después de dejar todo atrás.

Según Jorge Araújo, asesor jurídico de la Unidad de Atención a víctimas de la Defensoría del Pueblo, la reparación administrativa ha tenido grandes avances en el país. Sin embargo, el problema más grave en el Cauca es que la reparación administrativa no garantiza que no se repitan los hechos violentos que dan origen a la compensación económica. “A dos amigos de mi hijo ese día les dijeron que no volvieran al pueblo, pero ellos no se aguantaron en Popayán, regresaron a los dos meses y esa misma noche los mataron”, explica Carmen Elisa, quien sabe que no puede volver a su casa.

En el último semestre, se han presentado en el Cauca 20 hostigamientos e incursiones guerrilleras, explica Álvaro Grijalba Gómez, secretario de gobierno departamental.

En 2010, llegaron a la Defensoría del Pueblo 383 quejas de casos de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cuyas víctimas en un 95% son la población civil que queda en medio del conflicto armado y en un estado de indefensión.

Las estadísticas presentadas por Acción Social indican que el Cauca es el cuarto departamento en el nivel nacional en presentar el mayor número de solicitudes de reparación administrativa. En el primer trimestre de 2010 se registraron 10.288 solicitudes.

El Cauca ha sido catalogado usualmente como “zona roja” por la constante acción de los grupos alzados en armas. El Tambo, municipio ubicado al suroccidente del departamento, es uno de los más afectados por este flagelo que ha marcado el desarrollo económico y social de sus pobladores, quienes se ven inmersos en un conflicto al que no pertenecen.

“Yo no quiero que me maten, sé que no puedo volver, se que allá ellos están pendientes de todo y nadie me puede ayudar”, dice Carmen Elisa. Desde que recibió la reparación económica permanece en Popayán, sin rumbo fijo. Lo único que sabe es que a su pueblo natal no podrá volver hasta que el Estado no le garantice su seguridad.

Los índices de inseguridad y de violencia no se viven solo en las áreas rurales del Cauca, pues éste fenómeno también bordea la capital del departamento, en la comuna siete en tan solo dos meses del 2011 han sido asesinadas 11 personas, dos de ellas acribilladas por encapuchados según estadísticas presentadas por el Departamento de Policía Cauca.

“Me toca dejar a mis hijos solos encerrados en la pieza que cocinen y que coman mientras yo trabajo”. Esta es hoy la vida de Deyanira López Quintero*, quien luego de ser ama de casa, tras el asesinato de su esposo debió pasar a rebuscar el sustento haciendo de padre y madre a la vez.

“Hace siete años me mataron a mi esposo en el antejardín de la casa. Llegaron unos hombres con armas, sacaron de las casas a cuatro vecinos más, los arrodillaron afuera y delante de todos les dispararon en la cabeza”

Ahora, después de siete años, el pánico se revive para Deyanira López. Uno de sus dos hijos ya tiene 19 años y su desvelo es que la historia no se repita. “Llegan esos mismos señores que mataron a mi esposo y le avisan a todo el mundo que se encierre en las casas. No nos dejan salir a la calle por la noche porque si no nos matan. Me da miedo por mis hijos, que ya están grandes. Ellos ya han matado a los que no les hacen caso, se los llevan y nunca vuelven” .

En la vereda La Paila, según sus habitantes, en la noche la justicia la hacen “los armados malos” como todos los conocen allí, y aunque han acudido insistentemente a las autoridades, se siguen llevando muchachos y matando hombres a tan solo cinco minutos de Popayán.

Según el Defensor Regional del Pueblo Víctor Meléndez, éste tipo de casos se repite en por lo menos 39 de los 42 municipios del departamento. Los hechos violentos provocan el éxodo masivo de quienes no aguantan vivir en medio de un conflicto que protagonizan guerrilleros de las Farc, ELN, las bandas emergentes de las autodefensas y los narcotraficantes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene registradas en el departamento del Cauca a 130 mil personas en situación de desplazamiento. Debido al recrudecimiento de la violencia, el Comité debió instalar una sede en Popayán para ofrecer asistencia humanitaria en esta zona del sur occidente del país.

A la fuerte presencia de grupos subversivos en el Cauca se suma un nuevo actor. Se trata de las pandillas, que ya comenzaron a tomar fuerza y a dejar estragos dentro de las poblaciones, en especial del norte del departamento, sin que nadie responda por sus actos. Estas bandas, que no están reconocidas como grupos al margen de la ley, están compuestas en un 90% por menores de edad.

Según la personera de Puerto Tejada, Cauca, uno de los municipios más afectados por este flagelo, en esta localidad son los adolescentes los que más asesinan y se toman la justicia por sus propias manos. Estos casos quedan en la impunidad.

Deyanira y Carmen Elisa son dos mujeres víctimas de la guerra provenientes de puntos diferentes del departamento del Cauca, que no se conocen entre sí, pero a quienes las une un sentimiento, y es el deseo de volver a vivir en paz, de regresar a sus casas y vivir libremente, felices y en familia, como un día lo hicieron.

Por: Dagoberto Muñoz Erazo

«Siento mucho miedo. A mi hijo de 16 me tocó enviarlo donde un hermano, en el departamento de Nariño, pues no quiero que le pase lo mismo que a los otros. Mataron casi a la mitad de mi familia”, me dijo Rosa Helena González hace un mes.

La historia de esta mujer de raza negra, de 55 años, refleja el drama de Puerto Tejada, un municipio de 50.000 habitantes ubicado en el norte del Cauca, a 20 minutos de Cali. En los últimos doce años ella ha enterrado a la mitad de sus doce hijos.

La tragedia llegó a la casa de Rosa Helena doce años atrás, cuando su hija Martha, de 5 años, estaba jugando en la calle. La niña murió en medio de una de las frecuentes balaceras entre pandillas. Hoy, los disparos continúan y las disputas no han terminado.

El actual alcalde, Elver Marino Montaño, habla de un máximo de trece bandas delictivas. Según él, “se aumentó el pie de fuerza y se está ganando la guerra contra las pandillas”. Pero habitantes consultados manifiestan que el número que más se acerca a la realidad es 36 bandas, y puede estar aumentando.

Incluso, para José Ferney Vargas, de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uafroc) de Puerto Tejada, aumentar el pie de fuerza no es la solución, sino que se debería “hacer inversión social y fomentar una cultura por la vida”.

Ever Vásquez Peña, ex secretario de Gobierno del municipio, relata que hasta finales de la década de los 60 Puerto Tejada fue un municipio rico, un paraíso, uno de los principales productores y exportadores de cacao.

Pero cuenta el ex funcionario que con el ‘boom’ de azúcar en la región, “la tierra se fue quedando en manos de unos industriales y una gran cantidad de trabajadores de la Costa Pacífica y de Nariño se asentó en los barrios de oriente”. Empezaron así muchos problemas sociales, entre ellos el pandillerismo.

Agrega que un año después de la muerte de Martha, en el 2000, llegaron los paramilitares y empezaron a matar a los pandilleros.

Ese año, mataron a otro de los hijos de Rosa Helena. Orlinso, un joven de 18 años que trabajaba como carguero en un camión ladrillero, fue asesinado, al parecer, por los paramilitares, cuando caminaba una noche por las calles de esta población.

Hace cinco años el turno fue para Harvy, de 16, quien fue encontrado muerto en el sector El Escape. Vecinos cercanos a la familia afirman que estas muertes, como otras tantas que se registraron durante esos años, ocurrieron por no cumplir los toques de queda impuestos por los paramilitares. Entre el 2000 y el 2005 fueron asesinados más de 1.500 jóvenes a manos de este grupo.

“Mis muchachos eran muy trabajadores”, afirma Rosa Helena, quien es ama de casa, mientras su esposo trabaja como cortero de caña.

“A ellos les gustaba la rumba, pero trabajaban para darse sus gustos. Crié a mis hijos enseñándoles el valor del trabajo. Nunca estuvieron de vagos”, aclara.

La cuarta vez que perdió un hijo ocurrió hace cuatro años. Yimmy, de 19, fue asesinado cuando cobraba un dinero. El año pasado, por quinta vez, le dijeron que habían acabado con la vida de otro de sus vástagos.

“¡Mami, mami, mataron a Armando, mataron a mi hermanito!”… Le dijo Lucía, una de sus hijas menores. El hecho sucedió el 30 de enero del 2010.

Armando tenía 30 años y era uno de los hijos mayores de la mujer. Aunque ella siente miedo de aventurarse a señalar los culpables de la muerte de sus hijos mayores, quienes conocen de cerca la historia, como Julián Vallecilla, ex concejal del municipio, señalan como una de las causas el hecho de que los muchachos no quisieron vincularse a las pandillas.

El ex concejal Julián Vallecilla es residente en un barrio del oriente de Puerto Tejada, uno de los más azotados por el pandillismo. “Hoy hay muchos niños de 11 y 12 años que pertenecen a pandillas y ya no sienten respeto por las personas mayores ni por las autoridades. Quienes no se involucran a estos grupos no pueden salir de su casa porque si lo hacen, son asesinados. El caso más aberrante es el de algunas niñas de trece y catorce años que a esa edad ya son madres de uno o dos niños, en su mayoría producto de violaciones de muchachos pandilleros”, relata Vallecilla.

Hace pocos días, regresé a Puerto Tejada. No pude hablar con Rosa Helena, pero supe que Francisco, el hijo de 16 años que había enviado donde un hermano, también volvió a comienzos de abril.

El pasado 11 de abril fue asesinado. Era el sexto que tenía que enterrar.

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