Nuestra justicia da pena
La justicia, nuestra justicia, es una justicia de conveniencia, laxa y oportunista. Desde el fondo nuestra justicia no responde con oportunidad a las necesidades de protección del individuo. Nos hemos acostumbrado a tener un decreto para cada ocasión, a reformar la Carta Magda según antojo, ante cada crisis el modelo se aleja para responder al delito y a los delincuentes. Nos hemos acostumbrado a colgar sesgos a las normas según la conveniencia particular, y para ello actúa lo más preclaro de la jurisprudencia, como el caso del tristemente célebre senador Jesús Ignacio García Valencia, eminente jurista, profesor universitario, renombrado legislador, acusado de hacedor de “micos” en la pasada reforma por fortuna abortada. ¿Qué podemos esperar, entonces, de un simple parroquiano?
Desde esa medida es visto nuestro país en el exterior: un paraíso para el consumo de drogas, un edén para la prostitución, un atractivo para la pederastia, una reserva para la trata de personas, un bello entorno para ejercer la homosexualidad en forma promiscua, un lugar excelente para lavar dineros, vender alimentos contaminados, comercializar medicamentos prohibidos, atentar contra el medio ambiente. Aquí se han confundido los derechos del individuo con el irrespeto a los derechos sociales, especialmente el derecho a la formación sana de los niños y el derecho a la relación de convivencia de las personas.
Países muy desarrollados consideran una contravención de policía, con pena de cárcel, para quién ejerce la prostitución en vía pública. Eso incluye a los LGTB. En Holanda es legal el consumo de drogas alucinógenas, pero no está permitido meterse “su cacho” en sitios públicos, parques, calles, debajo de los puentes. En Suecia existe matrimonio entre personas del mismo sexo pero son penalizados quienes den espectáculo de “culimanitanteo”, y son multados y su reincidencia da para detención carcelaria por escándalo en sitio público. En Bogotá, en cambio, el alcalde Petro organiza un encuentro que bien podría escandalizar al más libertino proveniente del país más avanzado en derechos sexuales.
Si sucede con los delitos mayores, qué con los menores en los que actuamos sin ninguna prevención. El prevaricato nos ha hecho pasar difíciles momentos de nuestra historia como la cruel guerra contra el narcotráfico que permeó todas las estructuras de nuestra sociedad, mirado con complicidad desde las esferas políticas, administrativas, militares y religiosas. Qué no esperar de las contravenciones menores, de policía, que suelen arreglarse con un billete de baja denominación, por la misma formación de los agentes encargados de reglar dichas contravenciones. Denunciar es una pérdida de tiempo.
En Colombia, muchos delitos son vistos con visos de normalidad y hasta heroísmo. Quién defrauda el erario público se cree con derecho a hacerlo; públicamente es justificado con dichos como “la virgen se presenta una sola vez”, “es su cuarto de hora”, “paga papá gobierno”, “mejor que roben los nuevos, a que sigan robando los mismos”. Mientras la mayoría de la sociedad considera a los delincuentes una excepción, en Colombia, excepción, es quien no se presta para chanchullos, triquiñuelas, componendas. A personas, por el concepto de justicia hecha carrera, quienes evitan violar la ley o sobornar la autoridad, se les considera ingenuos, mentecatos, ignorantes y hasta tontos.
