“MONKEY BUSINESS”
JOSE LOPEZ HURTADO*
Con este título la prestigiosa revista británica The Economist se refirió a los recientes episodios que produjeron la más grave crisis de los últimos tiempos en la vida institucional colombiana , para significar que en el trasfondo de los mismos, existieron algo así como «negocios raros», pero preferimos acercarnos a la traducción literal, que dejamos a consideración del lector, y la que de todas maneras, -sea la que éste escoja – no podrá alejarse mucho de esa sensación que tuvimos, la de intriga, mentiras, acusaciones y pocas responsabilidades, que fueron el común denominador de esos deplorables hechos.
El diario londinense, como para hacer énfasis en el contenido de su editorial, señala que: «En la jerga colombiana (el mico) se refiere a las disposiciones de última hora o subrepticias que se deslizan en la legislación, por lo general al servicio de intereses oscuros”. Una manera muy diplomática de decir las cosas como corresponde a la flema de los ingleses, muy diferente a las expresiones utilizadas en Colombia que nunca se caracterizan precisamente por su finura y delicadeza, contra los presuntos autores del escándalo que afectó gravemente los cimientos del alma colombiana.
Cada quien tiene su particular opinión sobre el fracaso de la reforma a la justicia anunciada con bombos y platillos por el gobierno del Presidente Santos, que terminó archivada en los anaqueles de la imprenta nacional después de dos años de discusiones parlamentarias, en las que hubo de todo, hasta el retiro de las Altas Cortes que participaron en su trámite, pero que finalmente se enderezó hacia la protección de inconfesables intereses.
Lo dicho, dicho está, y lo hecho, hecho está, dirán los pragmáticos.
Pero lo cierto es que la impunidad de la justicia colombiana, que se pretendía exorcizar, continuará postergada hasta otra oportunidad incierta en el tiempo, y la cifra de 2.9 millones de procesos que congestionan los despachos judiciales, seguirá creciendo.
Con este desperdicio histórico ganó el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, encargado de vigilar, controlar y administrar la rama, y semillero de vergonzosos escándalos, que clamaban por su supresión, y la incompetente Comisión de Acusaciones de la Cámara congresional, encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado, pero de la cual hasta hoy no se conoce una sola sentencia condenatoria.
Ganaron también los partidos de oposición del Polo y Mira, que en todo momento votaron en contra del proyecto de reforma constitucional, al denunciar el engendro al que quedó reducida.
En consecuencia, perdió el país y la sociedad colombiana, a pesar de que sin su concurso hubiera sido imposible abortar la iniciativa. Solamente cuando el Presidente sintió que iba a ser arrastrado por la avalancha del descontento popular se enfrentó al Congreso, desautorizándolo. No obstante, el mal ya estaba causado para los protagonistas del entuerto.
En este momento de desorientación, de mensajes cruzados, y de sonambulismo político, todos quieren pescar en río revuelto. Como aquellos que pretenden ahora, promover la celebración de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que modifique la Constitución Nacional hoy vigente, la de 1991, conseguida por el consenso de las más disímiles fuerzas políticas, dizque por esa vía lograr la huidiza reforma judicial, pero que, según todos los indicios que han aflorado, lo que buscan es el regreso al poder de Álvaro Uribe Vélez, hoy dedicado a defender a sus más altos funcionarios en la cárcel, y personero de la más recalcitrante derecha latinoamericana. En esa propuesta también se detectan “Monkey Business”, al decir de los británicos, asuntos turbios y protervas intenciones.
*Analista Internacional, colombiano.
Leer más…
