MEDIDAS QUE VAN Y VIENEN…

Hace algunos días señalábamos en este espacio a raíz del cumpleaños de la Constitución de1991, que sin duda uno de sus logros, a pesar de que en algunos aspectos seguimos igual o peor que antes, era que a los tribunales y a la justicia, se les había puesto overol y olor a pueblo, con figuras como la Tutela, el derecho de petición, las acciones de grupo y populares, la de cumplimiento etc.

Pero a esos avances debe agregarse, lo cual es evidente desde el mismo preámbulo la Carta, la decidida postulación de que Colombia será una república unitaria con una inquebrantable vocación descentralista de sus regiones, a las que se les dotó de instrumentos para el logro de esa finalidad. Ese era un viejo anhelo diseñado desde la misma reforma de 1968 de Lleras Restrepo, sin que hubiera logrado cumplirse, pero que tampoco hoy después de 20 años muestre avances significativos.

Sencillamente por falta de voluntad política de quienes han estado a cargo de la cosa pública, enredados, gran parte de ellos, en la mas oprobiosa maraña de corrupción. Figuras como la Auditoría General de la República, el mismo control Fiscal de la Contraloría, las veedurías ciudadanas, están apenas en formación, comienzan a dar sus primeros pasos. Pero dentro de ese esquema de fortalecimiento de las entidades territoriales, con sus propios instrumentos de autonomía presupuestal, vrg, sus rentas fiscales, algunos gobiernos locales en lugar de utilizar ese escenario, sorprenden con medidas que resultan un retroceso.

Es bien sabido que la educación y la salud se pagan con las utilidades que deja la venta de aguardiente y bebidas alcohólicas. Eso ha sido así desde la época de la Colonia. Pero –sin entrar a analizar los efectos perniciosos que el alcohol produce, porque eso es tema de otro debate-, asistimos hoy a una oleada gubernamental que como se dice coloquialmente se está haciendo un disparo en el pie con proyectiles de alto calibre, al cortar el chorro que representan esos ingresos al erario público. Lo estamos viendo en Popayán, recientemente en Bogotá, y en Barranquilla al parecer, ciudades cuyos gobiernos locales han resuelto hacerse el harakiri, con otras de la costa, que también van a entrar en la onda de los decretos de prohibición de venta de-alcohol.

Las motivaciones de esas disposiciones, que no populares, sino más bien populistas, pretenden controlar los índices de inseguridad, robos y asaltos, que perturban la convivencia ciudadana, según reza la parte considerativa de las mismas. Sin mayores consideraciones sobre las jugosas rentas que la hacienda municipal dejará de percibir y colocando a muchos pequeños comerciantes en una verdadera situación de emergencia económica, para ellos y sus familias.

Esas medidas que en el caso de Bogotá, harán que se deje de percibir casi 120 mil millones de pesos al año, pretenden encontrar el ahogado “aguas arriba”, pero lo que es más significativo, tienen un profundo carácter inconstitucional, como se ha postulado en las demandas que se encuentran en curso en los tribunales administrativos de algunas ciudades del país. Y atentan contra el mismo fortalecimiento institucional que la Carta del 91 pretendió darle a las regiones.

Leer más…