Los incendios que durante las últimas semanas han castigado a 172.000 hectáreas de España y cerca de 98.000 hectáreas arrasadas por el fuego en Francia, no pueden contemplarse desde Colombia como una tragedia distante, limitada a las imágenes aterradoras que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales. Son una advertencia temprana y estremecedora sobre lo que puede ocurrir cuando las altas temperaturas, la vegetación seca, los fuertes vientos y la irresponsabilidad humana encuentran un territorio sin suficiente prevención.
Durante julio de 2026, el sistema europeo Copernicus ha registrado incendios forestales en distintas regiones españolas y francesas. En España se han reportado emergencias en Andalucía, Aragón, el centro del país y otras áreas; en Francia, las autoridades han mantenido niveles elevados de peligro, especialmente en territorios vulnerables por la sequedad de la vegetación y las condiciones propias del verano. Météo-France recuerda un dato que debería estremecernos: nueve de cada diez incendios forestales tienen origen humano.
No se trata, entonces, de catástrofes completamente imprevisibles. Detrás de muchos de estos desastres hay fogatas abandonadas, quemas agrícolas fuera de control, colillas arrojadas a la vegetación, residuos incendiados, vidrios expuestos al sol, acciones intencionales y una cadena de omisiones institucionales y ciudadanas. El fuego comienza muchas veces con una conducta que alguien consideró insignificante y termina destruyendo bosques, viviendas, cultivos, animales, fuentes de agua y vidas humanas.
Colombia debe mirar ese espejo europeo con seriedad. Y debe hacerlo desde ahora.
Los organismos nacionales e internacionales han confirmado la presencia del fenómeno de El Niño, cuya intensidad podría aumentar durante el segundo semestre de 2026 y prolongarse hasta los primeros meses de 2027. Sus efectos no son idénticos en todo el territorio, pero en varias regiones puede producir menos lluvias, temperaturas más altas, disminución de caudales, afectación de cultivos y condiciones favorables para los incendios forestales.
La advertencia está hecha. Lo irresponsable sería esperar las primeras montañas envueltas en llamas para comenzar a reunir consejos de gestión del riesgo, improvisar carrotanques, buscar herramientas, contratar maquinaria o preguntar cuántos bomberos tiene cada municipio.
La prevención debe comenzar con los alcaldes y gobernadores. Cada administración territorial está obligada a revisar y actualizar sus planes de gestión del riesgo, identificar las zonas de mayor amenaza, asegurar recursos, fortalecer los cuerpos de bomberos, organizar brigadas comunitarias, disponer de sistemas de comunicación y vigilancia, mantener reservas de agua y establecer protocolos claros para atender las emergencias. No basta con publicar recomendaciones cuando el incendio ya está fuera de control.
También corresponde a las corporaciones autónomas regionales intensificar el seguimiento de los puntos de calor, proteger los ecosistemas estratégicos, vigilar las zonas de reserva, controlar las quemas y trabajar directamente con campesinos, comunidades indígenas, consejos comunitarios y propietarios rurales. El conocimiento territorial de las comunidades es indispensable para identificar caminos, nacimientos de agua, áreas vulnerables, rutas de evacuación y lugares donde históricamente comienza el fuego.
El Ministerio de Ambiente ha recomendado prohibir las quemas abiertas en áreas de importancia ambiental, fortalecer el monitoreo satelital, apoyar a los cuerpos de bomberos y establecer planes de respuesta rápida. Esas disposiciones no pueden quedarse en circulares archivadas ni en reuniones celebradas únicamente para cumplir requisitos administrativos. Deben traducirse en decisiones verificables en cada departamento y cada municipio.
Pero la responsabilidad no recae exclusivamente sobre el Estado.
Cada colombiano debe comprender que durante una temporada de altas temperaturas cualquier llama puede convertirse en una emergencia. No se deben quemar basuras, rastrojos, pastizales ni residuos vegetales. No se deben encender fogatas en bosques, páramos, montañas o zonas rurales. No se pueden arrojar colillas, fósforos, botellas, vidrios o combustibles en las carreteras y áreas naturales. Las quemas agrícolas no pueden realizarse sin autorización, supervisión y condiciones de seguridad.
Quien observe humo, fuego o una quema fuera de control tiene el deber de informar inmediatamente a los bomberos, la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja o las autoridades municipales. Intentar combatir un incendio de grandes proporciones sin capacitación también puede costar vidas. La actuación ciudadana debe ser rápida, pero responsable y coordinada.
Las empresas de servicios públicos deben proteger las fuentes de abastecimiento, revisar sus planes de contingencia y anticipar posibles reducciones en la disponibilidad de agua. Los productores agropecuarios deben prepararse para el estrés hídrico, evitar prácticas que aumenten el riesgo de incendio y proteger reservas, cultivos y animales. Las instituciones educativas pueden convertir la prevención en una tarea pedagógica permanente. Los medios de comunicación tenemos la obligación de informar antes de la tragedia, no únicamente cuando las llamas ya consumieron el territorio.
Colombia no puede acostumbrarse a reaccionar después de cada desastre. Hemos visto incendios devorar cerros, páramos, humedales y reservas naturales mientras las autoridades discuten competencias, los municipios reclaman falta de recursos y la ciudadanía contempla impotente la destrucción. Esa historia no puede repetirse durante el fenómeno que comienza a sentirse en el país.
Los pavorosos incendios de España y Francia dejan una enseñanza que no admite demora: el fuego no concede tiempo para corregir la improvisación.
La prevención debe ser urgente, inmediata y colectiva. Gobernantes, autoridades ambientales, organismos de socorro, productores, empresas, comunidades rurales y ciudadanos deben actuar desde ahora. Cada quema evitada, cada brigada preparada, cada fuente de agua protegida, cada punto de calor detectado y cada llamada oportuna puede impedir una tragedia.
No esperemos ver arder nuestras montañas para comprender la magnitud de la amenaza. El momento de proteger los bosques, el agua, la producción rural y la vida es hoy.
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El editorial quedó sustentado en información vigente del IDEAM, NOAA, Copernicus, Météo-France, AEMET, Minambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
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