Los paros están de moda

La protesta social como medio de reclamo es el ejercicio de un derecho, el cual se encuentra, tal como se ha afirmado, implícitamente consagrado en nuestra Carta Magna y como tal, no puede ser criminalizada.

Con esto quiero decir y reafirmar que la protesta social es siempre una conducta atípica y que por lo tanto la tarea judicial de intentar encuadrar este modo de reclamos en diversos tipos penales es algo que no puede ser sostenido como válido y por este hecho también los paros están de moda ante el desespero de las comunidades no atendidas oportunamente por el Estado.

El ejercicio de los derechos de ninguna manera puede convertirse en un delito. Los conflictos sociales no pueden resolverse si se los judicializa, esto es así porque el derecho penal no es una herramienta apta para resolver problemas de esta índole ya que no solo no va al fondo de la cuestión, sino que, aún peor, estigmatiza a los intervinientes.

Debemos pasar de un Estado represivo y leguleyo a la adopción de medidas de acción concreta que se dirijan a satisfacer los derechos de todos los sectores de la población cuando de reclamar derechos y promesas incumplidas se trata para no irse a la moda de los paros.

Pero no es menos cierto que el Cauca no merece un paro más. Existen legítimas aspiraciones de los indígenas y campesinos, agricultores inconformes y desplazados, existen también poderosos argumentos para buscar un acuerdo o revisión de los pactos anteriores que eviten un eventual bloqueo o marchas que obstruya carreteras en la región. Los únicos que ganan son los actores violentos o quienes pretenden “pescar” en río revuelto.

Ante la oleada de paros anunciados en el sector agrícola en el país, el Gobierno ha sembrado la tesis de que detrás de todos esos movimientos existe un interés electoral. Así mismo, advirtió que ya no hay más dinero para subsidios y eso está bien hablarles claro a las comunidades para no generarles falsas expectativas que terminan en vanas ilusiones.

Sin revelar nombres, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo la tesis que detrás de todas las movilizaciones actuales y las que se esperan en los próximos días, hay un grupo de personas que tiene aspiraciones al Congreso de la República y aprovecha esta coyuntura para agitar más el ambiente en contra del Ejecutivo.

Las protestas de los campesinos en el Catatumbo, los paros de algunos sectores del agro a comienzos del año, el gran paro nacional que preparan cafeteros, arroceros, papicultores, cacaoteros, ganaderos y camioneros; el paro convocado por los pequeños mineros; todas estas manifestaciones reflejan las consecuencias de muchos años de abandono del campo por parte del Estado y la falta de una verdadera política de desarrollo rural que trace una ruta y articule el campo y la ciudad para generar bienestar a unos y otros.

Pero el mayor costo, ya advierten expertos uno que no es cuantificable, es la pérdida de institucionalidad. Guapi, el sur del Cauca, sectores productivos inconformes del departamento, junto a indígenas, campesinos, mineros y cafeteros anuncian nuevamente sumarse al próximo paro nacional, en el cual se volverían a las vías de hecho como los bloqueos de carreteras.

El Cauca y el país no pueden darse el lujo de repetir esa historia y de perder recursos que, según el informe de la Anif generan un alto ‘costo económico de los paros y descarrilamiento institucional de Colombia’, y es como si la Nación hubiera hecho paro un día completo.

En este frente la reciente actitud del Ministro de Hacienda ha sido sincera y valiente y todos debemos apoyarla. Mauricio Cárdenas ha dicho que el cupo presupuestal se agotó, tras las dádivas ofrecidas en los paros antes comentados y que le corresponde al sector privado cafetero hacer sus esfuerzos para volverse más productivo y competir a nivel global.

El otro mensaje que compartimos del ministro es que flaco favor hacen los analistas y empresarios miopes al creer que la solución es volver a cerrar la economía, poniendo cuotas y elevando aranceles.

En el manejo del paro del Catatumbo nos recuerda, infortunadamente, lo ocurrido con los del Vichada en 1995-1997, donde frente a los éxitos en el control de la producción de la coca, el Gobierno terminó cediendo ante las vías de hecho y el resultado fueron paros escalonados a nivel nacional. En esa época el Gobierno irresponsablemente se comprometió a reajustes salariales, especialmente para los educadores, que tuvieron que ser pagados por los gobiernos siguientes, contribuyendo a descalabros fiscales, que le han tomado cerca de 10 años superarlos”. Las inversiones en el Catatumbo superan los $2 billones, la mayoría en ejecución en infraestructura, agro, salud, educación y otros sectores y habrá que girarles ese cheque.

Llegó la hora de ‘tocarnos’. Ha manifestado el Defensor del Pueblo y ha señalado su profunda preocupación por los paros y movilizaciones que se desarrollan en el Catatumbo, Norte de Santander; San Roque, Cesar; Guapi, Cauca y Ricaurte, Nariño.

Las protestas campesinas de los últimos meses, enfrentan al Gobierno a una cruda realidad: su política de «subsidios al que más duro grite» se está quedando sin margen de maniobra, pues ya el Ministro de Hacienda como anticipándose a lo que ve venir con el anunciado paro nacional agrícola, dijo que no hay cómo dar más subsidios a los cafeteros (gremio tan cercano a los afectos del Presidente y del ministro Cárdenas).

Frente a la iniciativa que presentan algunos sectores sociales en impedir el desarrollo de las actividades cotidianas, los bloqueos se han convertido en el recurso más práctico de dar a conocer una inconformidad colectiva. Lo que se desconoce en cuanto a estos actos son los daños que son ocasionados y que la mayoría de veces son difíciles de medir en términos de ver la celeridad del Gobierno Nacional en resolver este tipo de situaciones y sobretodo qué tanto se vulneraron los derechos de las mayorías, en Popayán y el Cauca muchos comerciantes y medianos empresarios se quebraron por el último bloqueo de la carretera Panamericana.

En Guapi, la comunidad no aceptó las propuestas acordadas, ya que en ningún punto plantearon el tema central por la cual se encuentran en paro cívico que es la salida del alcalde Yarley Ocoró por vía de renuncia o por fallo legal de los organismos  de control respectivos.