Liberan a 18 soldados secuestrados en el Chocó

Tras 36 horas de retención en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, fueron liberados los 18 soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN. La liberación se produjo en la noche del lunes 22 de diciembre, luego de una mediación humanitaria en la que participaron la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y locales.

Los uniformados, adscritos a la Brigada 15, estaban en operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN cuando fueron rodeados por integrantes de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, del pueblo Embera Katío. De acuerdo con la versión del Gobierno, estas comunidades habrían sido instrumentalizadas por esa estructura guerrillera para impedir el avance de los operativos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en confirmar la liberación por medio de su cuenta en X. En su pronunciamiento reiteró que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública” y advirtió que el Estado no aceptará presiones criminales ni el uso de comunidades para frenar la acción militar frente a los grupos armados ilegales.

Sánchez anunció además que se interpondrán denuncias penales por secuestro y obstrucción a la función pública, así como por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares retenidos, al considerar que esa conducta puso en riesgo su vida y favoreció el accionar del ELN. Las autoridades judiciales deberán ahora avanzar en la identificación de responsables para establecer eventuales responsabilidades penales individuales.

Desde la Séptima División del Ejército se confirmó que los 18 hombres de la Brigada 15 fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno departamental, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, tras cerca de cuatro horas de diálogo. Posteriormente, los militares iniciaron su traslado hacia Quibdó, donde se evalúa su estado físico y emocional.

El caso reaviva el debate sobre los límites de la protesta y la movilización social frente a la Fuerza Pública, así como sobre el papel de los grupos armados ilegales en la presión sobre comunidades indígenas y campesinas. El Gobierno ha insistido en que las operaciones en la zona buscan proteger a la población civil ante riesgos como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otras formas de violencia asociadas al conflicto armado.