Las Listas de la Infamia como medio de persecución imperial
De Roma a Washington
Por Emilio José Idrobo Enríquez / Las listas de la infamia, o de la deshonra o el descrédito, como actos del poder político, son y han sido a lo largo de la historia acciones de persecución contra aquellos que se perciben como amenaza a su estabilidad e indemnidad. Su origen es antiquísimo, y se remonta por lo menos a la época del Imperio Romano en tiempos de Nerón y el acosamiento brutal y despiadado contra los Cristianos a quienes usó como “chivo expiatorio” del incendio a la ciudad que él mismo perpetró. La acción del cruel descendiente de la Dinastía de los Julios-Claudios, fue continuada por Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano; pertenecientes a las otras dinastías, la de los Flavios, Antoninos y Severos.
El maestro de retórica, Lactancio, latino de origen africano, converso al cristianismo y que vivió entre el 240 al 320 de nuestra era; autor de la famosa obra, Instituciones Divinas, considerado uno de los clásicos y quizá el primero de los tratados más consistentes de exposición y defensa de la doctrina Cristiana, en otra obra menos célebre que ésta – Muerte a los Perseguidores– con enjundia menciona y vitupera a todos y cada uno de estos emperadores.
Luego, en tiempos del emperador Constantino y tras su conversión al Cristianismo y la erección de ésta, como la religión oficial del Imperio, los otrora perseguidos fueron ahora perseguidores.
Y si seguimos ese curso lineal de la historia tal y como nos la han enseñado, la Edad Media y la Edad Moderna tampoco escaparon a esta lógica del poder imperial. Así, por ejemplo, el imperio español de Isabel de Castilla y con el impulso del Cardenal Cisneros (en contravía al espíritu humanista del Renacimiento que influenciaba el resto de Europa) impusieron el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, que chamuscó en la hoguera a brujas y herejes a granel; ambos enemigos públicos del statu Quo.
También calcinaron incontables libros de autores –también por herejes- muchos hoy son clásicos del pensamiento universal, Dante, Petrarca, Cervantes, entre otros. La lista es interminable, esto a cuenta de la oprobiosa Index Liborum Prohibitorum et Exporgatorum, vigente desde 1559 y hasta 1966. Hasta nuestro compatriota José María Vargas Vila no pudo huir de la infame lista.
La Alemania Nazi, bajo el gobierno del denominado Tercer Reich, también tuvo en las listas de la ignominia a minorías sociales como la hoy llamada comunidad LGBTI, o minorías étnicas como los gitanos o los judíos. Ambas no compaginaban con la delirante y macabra idea del Führer de la supremacía racial alemana. Los integrantes de ambas comunidades fueron identificados con marcas tatuadas en sus cuerpos y perseguidas hasta la muerte; los judíos confinados en campos de concentración y exterminados en las cámaras de gas en una cifra se dice superior a los cinco millones, aun cuando el propósito era su exterminio total según la política de Solución Final.
El otro régimen totalitario que sacudió la Europa de entreguerras (el Stalinismo soviético) hizo también lo propio con minorías cristianas y con opositores políticos e hizo uso de los llamados Gulac o colonias de internamiento de trabajos forzados.
Estados Unidos, erigido como potencia hegemónica global junto a la antigua Unión Soviética, según el orden internacional de la Segunda Posguerra, es decir la llamada Guerra Fría y para contener la paranoia de la penetración de la ideología comunista encarnada en su enemigo, aquende sus fronteras, llevó a cabo su propia “caza de brujas”, la era del Macartismo, esto en alusión a su mayor instigador, el senador Joseph McCarthy. En el contexto de esta política de contención a la “amenaza comunista”, la persecución a personalidades de la cultura, el arte, el cine, la literatura e incluso, de la ciencia, fue implacable. Por mencionar solo a algunos de los tristemente célebres, se cuenta a, Charles Chaplin, Bertolt Brecht o Albert Einstein.
Tras la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la antigua URSS, hechos que precipitaron el fin de la guerra fría, Estados Unidos, sin la presencia de su archienemigo euro asiático que le hiciera sombra, o contrapeso en ese orden bipolar que el politólogo francés Raymond Aron, llamó “el equilibrio del terror”, ha asumido la supremacía única y global del orden internacional y, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la cruzada que emprendió en contra del “terrorismo internacional”, su nuevo enemigo público, pareciera haber reforzado su rótulo de República Imperial Global, superando en magnitud, a los imperios del pasado.
En el intermezzo de ese lapso que comprende el fin de la Guerra Fría y el 11 de septiembre y la guerra que vino después en Oriente Próximo (Afganistán dos semanas después e Irak en 2003 para ser más preciso) Estados Unidos profirió dos listas negras o de la infamia: La Ley Helms Burton de 1996, que endureció el embargo todavía vigente sobre Cuba y la orden ejecutiva 12978 de 1995, también bajo la Presidencia del Demócrata Bill Clinton, de ahí que coloquialmente en nuestro país se le conozca a secas, como la “lista Clinton”.
Esta, la lista Clinton, es una lista de la infamia también, técnicamente es, como lo han explicado muchos analistas y expertos en la materia, un instrumento del que dispone la OFAC, por sus siglas en inglés, Office of Foreign Assets Control, “una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar y hacer cumplir los programas de sanciones económicas y comerciales impuestos por el gobierno norteamericano” explica la abogada y doctora en Estudios políticos de la universidad Externado de Colombia y consultora independiente, Marcela Anzola, en su columna “¿Qué es la OFAC y qué significa entrar en su lista de sanciones?” publicado por el portal Razón Pública, fechado el 23 de octubre de 2025[1] y dice también en el ante penúltimo párrafo de su escrito: “Pero antes de alimentar rumores o interpretaciones políticas, conviene subrayar que la OFAC no actúa a la ligera ni por motivos mediáticos: sus sanciones requieren fundamentos jurídicos y evidencias verificables” y, quizás, esto puede estar en gracia de discusión.
En Colombia han estado ahí, personajes como los antiguos jefes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodriguez Orejuela, y empresas y algunas personas naturales que tuvieron vínculos probados con la organización criminal que ellos dirigieron. La lista hoy, también se ha ampliado a organizaciones consideradas por Washington como terroristas, esto después de los atentados a la Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 de 2001 y de las respectivas Políticas de Seguridad Nacional de los dos gobiernos de George Bush hijo y gobiernos sucesivos.
Pero la inclusión no siempre es así de diáfana e inequívoca, muchas veces ha estado rodeada de acusaciones de arbitrariedad y violación a las más mínimas garantías fundamentales de la persona humana, contenidas en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tales como, la Presunción de Inocencia, el Derecho al buen nombre, o el Debido Proceso.
Las listas negras o de la infamia que aquí se han mencionado han servido para perseguir y matar a los que en ella se incluyen. Así lo plantea el poeta Jota Mario Arbeláez, en el prólogo que escribe al libro Lista en Mano. De las listas negras a la lista Clinton, del profesor Libardo Orejuela Díaz, un texto publicado en el año 2005 y que por estos días vale la pena leer o releer. Las listas anteriores a la Clinton implicaban la eliminación física de los perseguidos; la lista Clinton a su vez, implica otro tipo de muerte: la financiera. “No es una lista en mano que sale en pos de la ejecución de los señalados, para asesinarlos o descuartizarlos, sino que propicia en forma automática la muerte civil y comercial de quien incorpore, con razón o sin ella, o sea que conduce a la más aberrante condición de paria en su propia patria”, apunta el vate nadaísta.
Esta es una verdad incontrastable, la inclusión en ella, trae consigo la imposibilidad de adquirir cualquier producto del sistema bancario, como cuentas de ahorros o corrientes, tarjetas de crédito, seguros de vida, hasta el depósito y pago de los salarios o las pensiones son un proceso agónico; actividades tan cotidianas como imprescindibles para sobrevivir en el ecosistema de la sociedad de mercado actual. Y, por si esto fuera poco, el estar ahí metido se asume social y culturalmente como una especie de lepra con la que no se puede entrar en contacto y, que solo verla causa repulsión.
La salida de ella es un camino largo y sinuoso y, aunque en Colombia es un Derecho Humano fundamental el Hábeas Data, el cual implica que los antecedentes o reseñas por actividades delictivas de una persona no pueden estar a perpetuidad en las bases de datos y deben desaparecer con el tiempo de éstas, aquel que estuvo en la Lista Clinton pareciera hallarse en un eterno laberinto con la salida bloqueada. El estigma social será como una sombra imborrable. Una especie de “privación del derecho de la buena memoria” o “damnatio memoriae” aquella figura del antiguo derecho romano que se aplicaba después de la muerte del perduellis (es decir del que cometia perduellio, aquel delito contra el orden político establecido y considerado de alta traición). La damnatio memoriae se encaminaba a “la deshonra sobre la memoria del reo” lo dice el historiador y romanista alemán Teodoro Mommsen en su clásica obra, Derecho Penal Romano.
Alto revuelo en medios de comunicación nacionales y extranjeros ha causado la noticia de la última semana en Colombia, la inclusión del presidente Gustavo Petro y personas cercanas de su círculo familiar y de su gobierno en la ominosa lista Clinton.
¡Que sean el tiempo y el Tribunal de la Historia los que juzguen la veracidad de este acontecimiento!, pero no hay que dejarse guiar por los escarceos de un Donald Trump, egocéntrico, vengativo; un Narciso que se cree la reencarnación de Nerón o Calígula.
[1] Puede consultarse en: https://razonpublica.com/la-ofac-significa-figurar-lista-sanciones/
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