Las “buenas” EPS

De un momento a otro pasaron a ser “impecables”, cuando iban a ser modificadas radicalmente en su estructura actual, al pasar a ser sólo gestoras y no administradoras absolutas y omnipotentes de más de 90 billones de pesos anuales (cerca de 22.000 millones de dólares) que en promedio les gira el gobierno para que cumplidamente paguen a clínicas, hospitales, laboratorios, proveedores de medicamentos, etc., y que desde la vigencia de la ley 100 de 1993, vienen manejando sin mayores controles y sin honrar las deudas.

El problema es que con tanta plata girada sin tener quien los vigile, los dueños de las EPS manejaron esa plata como un Baloto para su beneficio, sin separar un fondo de “reservas técnicas” destinado a pagar deudas.

Movidos por ambición fundaron sus propias clínicas, laboratorios, centros de rehabilitación, droguerías, etc., a las que si pagaban a tiempo los sobrecostos con que cotizaban sus servicios y los de algunos difuntos; mientras a hospitales públicos, clínicas y demás entidades que no eran de su propiedad, les dilataban y negaban pagos por atención a pacientes, medicamentos, servicios e insumos suministrados, poniendo en peligro su viabilidad y generando avalanchas de tutelas acentuadas desde principios del siglo XXI, al negarles cirugías y medicamentos costosos.

Algunos dueños de EPS como Palacino de Saludcoop, no sólo invirtieron billones girados por el gobierno para construir sus propias clínicas y laboratorios. También financiaron condominios lujosos, canchas de golf, gimnasios y hasta equipos profesionales de futbol, como La Equidad.

Después que llenaron sus bolsillos aseguraron billones saqueados por medio de familiares, testaferros, inversiones en otros países y jugosas cuentas escondidas en paraísos fiscales; muchas EPS se declararon en quiebra y, como nadie los obligaba, se fueron sin pagarle a nadie, esperanzados que el gobierno asumiera sus deudas.

En momentos en que directivos de ACEMI, el gremio que agrupa a las EPS, ya habían aceptado cambiarse de receptoras y administradoras de los billones de la salud a gestoras y afiliadoras de la población en determinadas ciudades y regiones, tal como lo tenía diseñado la reforma a la Salud aprobada en la Cámara y -en tránsito a la Comisión 7a del Senado, controlada por la oposición al actual gobierno-, gracias a la desmejora de atención a los afiliados, la manipulación de existencias de: medicamentos, insulina, pañales, etc, y a la colaboración de la mayoría de grandes medios de comunicación que les lavaron la imagen, -olvidando la recurrente repetición de fallas en la atención a los pacientes y suministro de medicinas, que se viene registrando desde que fueron creadas-; de un momento a otro, las EPS, fueron presentadas como la buenas del “paseo de la muerte”, a las que supuestamente el gobierno, les debe dineros; pero el ministro de salud en reciente informe, aseguró que les han girado oportunamente para que paguen actuales obligaciones y no deudas acumuladas años atrás y que debieron cubrir con el fondo de reservas que no crearon, tal como sucedió con la Nueva EPS, a la que después de ser intervenida por la Superintendencia de Salud, encontraron facturas escondidas y no registradas desde años atrás, por cerca de $5 billones.

Ante este saqueo continuado, el gobierno no quiere seguir echándole más billones al barril sin fondo en que se convirtieron las EPS desviando dineros públicos hacia empresas de papel, paraísos fiscales y bolsillos de particulares que las administran, aliados con familiares, amigos y políticos financiando campañas electorales de varios partidos.

A la amplia campaña desinformativa se han sumado  influyentes medios de comunicación de grandes grupos económicos que también han controlado recursos de la salud y pensiones, y ante la cercanía de las elecciones para renovar Cámara, Senado y elegir presidente de la Republica en 2026, ven gran oportunidad para recuperar el gobierno, al bloquear las reformas, culpar al actual gobierno de todos los males desencadenados después del trámite en el Congreso de las reformas a la Salud, Laboral y Pensional para cambiar las agenciadas por el neoliberalismo iniciado en el gobierno de Cesar Gaviria y acelerado en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

La Consulta Popular, si es aprobada, o las elecciones para Congreso y presidencia en 2026, definirán la situación.