La vida en Cauca es un riesgo

Recuperar el Cauca exige decisiones inmediatas,
no más diagnósticos ni promesas electorales

En las últimas horas secuestraron a Milton Jiménez, Cristina Quiguanas y a su hijo Jordy Jiménez, miembros del resguardo indígena de Totoró, cuando se desplazaban por una vía del centro del departamento. Una familia entera arrancada de su cotidianidad por un grupo armado que se siente con derecho a disponer de la vida de los demás.

Simultáneamente, en Morales, un dron cargado con explosivos deja dos civiles y un policía heridos, mientras en Balboa, la explosión de otra motocicleta bomba provoca al menos trece lesionados, entre ellos una niña de siete años, un uniformado y varios ciudadanos que estaban cerca de la estación de Policía y de la Cooperativa de Caficultores.

En Caldono, mientras se realizaba el Primer Encuentro de Autoridades Indígenas del Pueblo Nasa en el corregimiento de El Pital, la Guardia y las autoridades de Sa’th Tama Kiwe lograron rechazar el ingreso de una estructura armada de las disidencias de las Farc. La comunidad había reportado retenes ilegales y propaganda del grupo armado en Caldono, La Laguna y Las Mercedes.

En Santander de Quilichao, autoridades ancestrales Neehnwe’sx del territorio Am Yu’ Kiwe habían encontrado una fosa con tres cuerpos en la vereda Quinamayó. Al parecer, se trataría de María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson El Coicue Ul, desaparecidos desde agosto de 2022. Madre e hijos, enterrados en silencio en un territorio que acumula duelos sin respuestas.

Estos casos y todos los anteriores, dolorosamente registrados en diferentes medios, forman parte de una misma realidad: comunidades indígenas y campesinas sometidas al miedo diario, mientras la presencia estatal se reduce a comunicados, inútiles consejos de seguridad y oferta de recompensas.

Todo comprueba que al Cauca lo convirtieron en laboratorio de estadísticas. Se miden hectáreas sembradas, toneladas incautadas, explosivos desactivados, o explotados, capturas, bajas, secuestros, desapariciones, desplazamientos, reclutamiento de menores, atentados. El Cauca es un caso de estudio permanente para informes y presentaciones académicas con tablas y gráficas; inclusive, para emitir alertas, algunas tempranas.

Los ciudadanos únicamente pueden transitar, cuando no está bloqueada, por la Vía Panamericana; de norte a sur, o viceversa: Valle  del Cauca, Santander de Quilichao, Piendamó, Popayán, Timbío, Rosas, El Bordo-Patía, Nariño. Listo; nadie puede salirse de ese eje vial sin permiso previo. Ni se les ocurra pegar hacia el oriente (Toribío, Jambaló, o Caldono) ni hacia el occidente (Buenos Aires, Suárez, El Naya, para llegar al mar Pacífico por el norte, ni por Balboa, Argelia, El Plateado, Cañón del Micay, también para llegar a los puertos clandestinos del mar Pacífico por el sur) porque está prohibido. Adivinen ¡quién tiene prohibida la libre circulación!: los dueños de las carreteras, que no es el Estado. Acá, las vías que conducen al mar, son privadas: rutas al servicio del narcotráfico.

La situación no da esperanzas, simplemente, la gente debe vivir preparada, alertada, para el siguiente zarpazo porque, como puede comprobarse, el Gobierno Nacional perdió el control territorial, social, económico y político en la mayor parte del Cauca. Es evidente que las autoridades cedieron terreno paso a paso, con decisiones equivocadas, omisiones y una incapacidad crónica para proteger la vida. Los alcaldes cumplen con algunas de sus funciones, ahí en su sito, sin mucha autonomía, controlados.

Desde Proclama del Pacífico hemos criticado, y seguiremos criticando, la forma en que se analiza y se registra el padecimiento de las comunidades. Pero la crítica ya no basta. Por eso, frente a este panorama, y aunque a nadie con poder de decisión parece interesarse, preciso, por ausencia de Estado, planteamos algunas tareas mínimas que las autoridades competentes podrían emprender, si se les ocurriera empezar a recuperar el Cauca para la vida civil.

En nuestros territorios funcionan guardias indígena, cimarrona y campesina que hacen control territorial sin armas. Las autoridades deberían suscribir convenios formales con cabildos, consejos comunitarios y asociaciones campesinas para articular las guardias con planes de seguridad y convivencia. Incluirlas, con voz real, en consejos de seguridad y comités de prevención de reclutamiento, desplazamiento y accidentes por minas.

La guerra en el Cauca se alimenta de coca, rutas, laboratorios y lavado de activos. El campesino que se ve obligado a sembrar coca no lo hace por vocación criminal, sino por falta de alternativas reales. En consecuencia, es necesaria la implementación de los acuerdos de paz 2016 en lo concerniente con los planes de sustitución (café, cacao, frutales, ganadería sostenible, turismo comunitario), con metas claras por municipio.

En concordancia, se debería fijar una política de compras públicas obligatorias para que el PAE, el ICBF, el Ejército y la Policía en el Cauca compren sus alimentos a productores locales a precios justos y con pago inmediato. Sin un mercado seguro, la sustitución se quedaría en discurso y el campesino regresaría a la economía ilícita.

La minería armada que devasta ríos y montañas del Cauca se sostiene en una cadena urbana que pasa por comercializadoras, casas de compra y exportadores, generalmente ilegales. Los gobiernos locales debieran convocar mesas mineras para diferenciar minería tradicional de minería asociada a grupos armados y para proteger microcuencas, resguardos y territorios colectivos.

El Gobierno Nacional debería hacer uso de su capacidad para rastrear y sancionar lavado de oro en ciudades, intervenir empresas fachada, fortalecer a ANM, Fiscalía, UIAF y DIAN en los eslabones donde el metal se vuelve dinero. La Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC- debiera abandonar su sospechosa ceguera y de verdad funcionar en beneficio del medio ambiente.

El reclutamiento forzado se ha convertido también en un método de control territorial. Los grupos armados ofrecen moto, celular y un dinero que el Estado no ofrece a cambio de nada. Como reacción preventiva, los gobiernos competentes podrían declarar zonas de protección reforzada para la niñez y la juventud en los municipios más golpeados, para garantizar transporte escolar, jornada extendida y oferta cultural y deportiva permanente. Crear becas rápidas para jóvenes de estas zonas, en alianza con SENA y universidades públicas.

En muchos sectores del Cauca la frase es siempre la misma: el Estado no entra porque no hay vías, y las vías no se hacen porque los contratistas externos son extorsionados o atacados. Una salida concreta sería contratar directamente con Juntas de Acción Comunal y organizaciones étnicas la construcción y mantenimiento de vías terciarias y placas huella, con acompañamiento técnico, pero sin intermediarios que se quedan con el dinero y desaparecen.

La gente quiere ver acciones verificables que mejoren de manera directa y rápida las condiciones de vida.

Desde Proclama del Pacífico no pretendemos exponer soluciones únicas, ni más faltaba. Planteamos una cosa más sencilla: medidas posibles y urgentes que no dependen de discursos sino de decisiones administrativas y políticas que se pueden tomar ya.

El Cauca no necesita más diagnósticos. Necesita que los organismos competentes entiendan que la única forma de disputarle el territorio a la delincuencia armada es hacer que la legalidad resulte más segura y más rentable que la economía del miedo.

La historia de la humanidad ha demostrado que es imposible que el hombre (y la mujer, claro) viva en paz. Buscando lo que nunca se va a encontrar se va la vida. Lo se sí podemos exigir, por lo menos parodiando a Turbay Ayala, es que la violencia se reduzca a sus justas proporciones (si es que hay justicia en la guerra). La vida, en este departamento, ya ha pagado demasiado por los errores y la indiferencia de quienes dicen gobernarlo.

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