La Superintendencia y el Contralor del Cauca
Ejemplar la actitud del Contralor Departamental del Cauca, Dumer Cifuentes, al negarse a presidir el acto al en el que se citó al Superintendente Nacional de Salud para denunciar la crítica situación que presenta el sector en el Cauca y especialmente los hospitales públicos afectados por las cuantiosas deudas a cargo de Caprecom y otras EPS del Estado y privadas, a las que en el papel deben vigilar y controlar.
Fuera del precedente de no aceptar la ‘pordebajeada’ que para con el Cauca hizo el alto funcionario, después de larga preparación del evento, -situación frecuente con otros funcionarios del gobierno central-, lo cierto es que en el sector salud, ineficiente labor han cumplido las superintendencias encargadas de controlar su funcionamiento, pues no tienen dientes, ‘ni hambre’ para morder a los abusadores del sistema, pues en numerosas ocasiones los funcionarios nombrados provienen de las empresas a las que deben controlar, o simplemente, son cuotas políticas que desconocen sus funciones.
El reciente escándalo desatado por Juan Gossain, al destapar en una crónica en El Tiempo los exagerados precios de los medicamentos en el país, comparándolos con el resto del mundo, evidencia la realidad del sector y también la inoperancia de la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de regular los precios de las drogas.
En este caso, en el 2003 y siguiendo la política económica neoliberal que rigió su octavenio, el gobierno del presidente Uribe decretó la libertad de precios de los medicamentos, con el falso argumento que la competencia entre los laboratorios se encargaría de regularlos por lo bajo. Esto fue como amarrar los perros con longaniza, pues entre los diversos fabricantes, la mayoría multinacionales armaron un cártel para nivelar precios por las nubes, en complicidad con los comercializadores privados y de las EPS, algunos médicos incentivados con premios para recetar drogas caras de sus laboratorios y las distribuidoras de productos farmacéuticos que aprovechándose de las tutelas y fondos del Fosiga, contribuyeron al despilfarro, el enriquecimiento de unos pocos y altos costos en los tratamientos de las enfermedades.
Para cerrar el capítulo, el contralor Cifuentes, acaba de anunciar, ante la Contraloría General de la Nación, una demanda contra la Superintendencia de Salud, por “detrimento patrimonial” al no cumplir funciones adquiridas para vigilar las EPS que han incumplido con el pago de sus obligaciones con los hospitales: Universitario San José, Susana López de Popayán, Francisco de Paula Santander y otros públicos y privados del departamento a los que adeudan más de $40.000 millones.
