La ‘privatización’ de Cedelca
Antes del debate citado en el Senado por Aurelio Iragorri Hormaza, en la última semana de mayo, y siguiendo el ejemplo de los caleños que protestaron ruidosamente por la liquidación de Emsirva, el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto Gonzáles, hizo pública una carta dirigida a la Superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, por la manera cómo a finales del año pasado, procedieron a adjudicar por 20 años, a una misteriosa empresa de inversionistas de Armenia y Pereira, – coincidencialmente, de donde son el secretario privado de la Presidencia, Bernardo Moreno y de Pereira, de donde es Jorge Mario Eastman, el asesor de imagen del Presidente Uribe, – y la cual poco tiempo antes de la adjudicación, había sido registrada en Panamá con diez mil dólares de capital.
Protestaba el gobernador, por no haber tenido en cuenta, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Gobierno Nacional, para informar y consultar sobre la negociación, a los Gobiernos Departamental y a los Municipios del Cauca, que cuentan con el 40% de las acciones de Cedelca, empresa que cobra las tarifas más caras del país y ya mostraba claros signos de recuperación técnica, administrativa y financiera, después de reorganizaciones internas y negociaciones con los trabajadores y empleados de Cedelca, desde cuando fue gerente interventor, Sebastián Silva Iragorri.
Días antes, en el diario El Liberal, Santiago Zambrano Simmonds, después nombrado secretario de Planeación del Departamento del Cauca, había denunciado lo oscuro de la adjudicación de Cedelca a particulares, que prácticamente con la cédula, se ganaron un ‘chicharrón de varios vagones’, prometiendo invertir cerca de 400 millones de dólares en 20 años, para mejorar el servicio, pero sin mostrar la solvencia financiera necesaria, tal como lo han demostrado hasta el momento, incumpliéndoles en el pago oportuno a proveedores, contratistas y empleados y prácticamente apoyándose en los cobros de las elevadas tarifas a los usuarios y en los cortes eso sí, muy veloces, cuando estos, apenas acaban de recibir la factura, con el fin de ganar más con las reconexiones.
Semanas antes, en Cali, se había registrado un suceso similar cuando la SSP, decidió acabar con la Empresa de Servicios Varios, Emsirva, encargada de la recolección y tratamiento de los residuos sólidos y orgánicos, barrido de calles y administración de las plazas de mercado, militarizando la sede, antes de hacer el anuncio, y sin, previamente a la decisión, consultar con las autoridades de Cali, encabezadas por el alcalde Jorge Ospina.
La protesta de éste, trabajadores cesantes, los concejales, medios de comunicación, gremios y comerciantes de las galerías, no se hizo esperar y una manifestación de más de 20.000 personas recorrió calles céntricas de Cali, lo que obligó al rápido viaje del Presidente Uribe, para tratar de calmar los ánimos anunciándoles que la desvalorizada y moribunda, Empresas Municipales de Cali, EMCALI, con cerca de diez años de intervención, por parte de la Superintendencia, no correría igual suerte que EMSIRVA.
El 4 de agosto, en el Senado, Aurelio Iragorri Hormaza y sus colegas de Cámara y Senado, citaron a Eva María Uribe, para darle a conocer las inquietudes de los caucanos por la mala calidad del servicio que viene prestando la empresa Centrales Eléctricas del Cauca, CEC, y el incumplimiento en el pago de sus obligaciones económicas con Cedelca, los trabajadores, contratistas y proveedores, además e cobrar altas tarifas, solicitando la cancelación del contrato.
La Superintendente de Servicios, se defendió argumentando que el que debe ejercer el control y la interventoría de la ejecución del contrato, es el gerente de Cedelca, Ricardo Rodríguez y anunció que investigará sobre las denuncias y protestas presentadas por los congresistas caucanos y el gobernador Guillermo A. Gonzáles.
Sin desconocer que los grandes depredadores de las empresas de servicios públicos, como Cedelca, Emsirva y Emcali, han sido los políticos clientelistas, que se apoderaron de ellas y por décadas las desangraron, como en el caso de Cedelca, – donde durante años reinó Aurelio Iragorri Hormaza, cuando era liberal y antes de voltearse para el partido de la «U» y últimamente el senador José Darío Salazar -, las privatizaciones a la tapada, no dejan que reine la confianza en un Gobierno en el que altos funcionarios particulares promotores de la trielección y hasta los hijos del presidente Uribe, se han visto involucrados en negocios, en los que el tráfico de influencias, el uso abusivo de información privilegiada, el control de la nómina estatal, el uso de los recursos del Sisben, de Familias en Acción y otros programas asistencialistas y de los grandes contratos públicos han sido la principal arma para mantenerse en el poder, en una sociedad donde reina el ‘analfabetismo funcional’, de mayorías fácilmente manipulables por los medios masivos de comunicación y que a duras penas leen los periódicos deportivos y sensacionalistas, para ver las fotos de los muertos y la crónica diaria de la delincuencia común más no la de cuello blanco.
No hay que olvidar, como lo recordó recientemente el abogado Henry Ruiz Tosse, los caucanos pagamos, durante 50 años, cerca de $700.000 millones, por concepto del recargo del 2 X 1.000 al impuesto predial, para ayudar al proceso de electrificación de las diferentes regiones del departamento.
