La muerte como recurso electoral
En Colombia, la violencia sigue marcando la vida política. Los recientes atentados en Cali, Amalfi y Florencia, entre otros, recuerdan que la población civil continúa siendo la víctima de acciones indiscriminadas.
En medio del luto, es imperativo que la ciudadanía se mantenga alerta no solo ante las amenazas violentas, sino también frente a la explotación electoral de esas tragedias. La prevención debe ser una tarea colectiva, pero el rechazo a la utilización política del dolor es una responsabilidad moral de cada vecino.
En Colombia, la historia ha mostrado que el asesinato puede convertirse en un insumo político. La indignación inducida se transforma en capital político y el miedo en votos.
Este patrón, especialmente recurrente en la extrema derecha, utiliza la tragedia y el sufrimiento para legitimar agendas de poder y movilizar adhesiones. El dolor se transforma en un recurso para cimentar liderazgos y justificar la represión, con el visto bueno de ciudadanos que se dejan manipular.
En este sentido, es evidente que el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha creado nuevas circunstancias que ciertos sectores ya comienzan a aprovechar para inducir la manera de votar en las próximas elecciones. Su muerte se transformó en herramienta electoral: su papá, Miguel Uribe Londoño, aprovechó el duelo para presentarse como posible candidato presidencial por el uribismo.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. La historia global está llena de ejemplos donde el asesinato ha servido de trampolín político.
En Italia, por ejemplo, el asesinato del socialista Giacomo Matteotti (1924) fue utilizado por Benito Mussolini para consolidar su dictadura fascista. En los Países Bajos, el homicidio de Pim Fortuyn (2002) convirtió al político populista en mártir y fortaleció a su partido de extrema derecha. En Chile, la dictadura de Pinochet se sostuvo justificando los asesinatos de opositores como “necesarios” para salvar al país.
Aquí, no más, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenó «La Violencia», un período que permitió a los sectores más conservadores afianzar su poder. El magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989 generó una ola de indignación que fue capitalizada por la derecha para endurecer las políticas de seguridad. La estrategia de la «Seguridad Democrática» de Álvaro Uribe Vélez, construida sobre el temor y la necesidad de mano firme, se posicionó como la solución a la violencia, obteniendo un apoyo masivo que culminó en su presidencia en 2002. Incluso los «falsos positivos» entre 2002 y 2008, el asesinato de más de 6.402 jóvenes presentados como guerrilleros, sirvieron para sostener la narrativa de un éxito en materia de seguridad, convirtiéndose en un trampolín discursivo y electoral.
Los magnicidios de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo eliminaron alternativas democráticas y favorecieron la consolidación del statu quo.
Estos casos demuestran un patrón: la violencia se convierte en una oportunidad para aquellos que saben cómo transformar el miedo en votos y el luto en una bandera política.
Hoy, en la antesala de una nueva campaña presidencial, el uribismo busca nuevamente proyectar un liderazgo sobre la base del sacrificio personal.
Este comportamiento revela una lógica perversa. El asesinato y la violencia son herramientas válidas para la movilización, la consolidación del poder y la justificación de una agenda que, a menudo, limita las libertades civiles en nombre de la protección.
Es una táctica que transforma la muerte en capital político y el miedo en adhesión.
En consecuencia, la ciudadanía debe cuestionar los fundamentos de un liderazgo que se construye sobre el asesinato y explota la violencia como estrategia política. Debe ser capaz de detectar cuándo le están construyendo esa lógica que convierte el crimen en una oportunidad.
En un país donde tantas familias han sufrido la violencia, resulta alarmante que el dolor privado se eleve a recurso electoral. Patrocinar esto es justificar la violencia. Por eso, repito, la sociedad debe rechazar la normalización de esta lógica perversa. Prevenir nuevas violencias implica también impedir que el sufrimiento humano sea utilizado como capital político.
