La injusticia de cada mes
La injusticia de cada mes
En Santander de Quilichao, un grupo de pensionados se ve obligado a salir a las calles y golpear puertas para reclamar algo que ya es suyo: el pago puntual de su pensión. Es lamentable que, en pleno 2025, los adultos mayores —quienes deberían estar recibiendo el mayor respaldo del Estado— tengan que protestar para exigir respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales.
Los manifestantes acudieron recientemente a las instalaciones de Proclama del Pacífico, confiando en que esta red de medios siga siendo, como siempre lo ha sido, su vocera. Denuncian que el Banco Agrario, entidad oficial del gobierno nacional encargada de girarles sus mesadas, se niega sistemáticamente a cumplir con los pagos de manera oportuna, afectando gravemente su sustento, su tranquilidad y su salud.
Según los afectados, no es cierto que Colpensiones esté fallando en los giros. Aseguran que se trata de una estrategia del banco para utilizar los recursos de los pensionados como instrumento financiero los fines de semana festivos y fines de mes, algo que, de ser comprobado, sería inadmisible y profundamente lesivo para el contrato social. Si los recursos están disponibles, no hay razón para que se retarden los pagos a quienes más los necesitan.
Peor aún, cuando Proclama del Pacífico intentó establecer comunicación con la gerente del Banco Agrario en Santander de Quilichao, no obtuvo respuesta. El silencio institucional frente a una problemática tan delicada no solo es preocupante, sino inaceptable. Quienes administran lo público tienen el deber de rendir cuentas y actuar con solidaridad, especialmente hacia los sectores más vulnerables.
Hacemos un llamado urgente al Banco Agrario y a los entes de control para que investiguen y corrijan de inmediato esta situación. También exhortamos a Colpensiones y a los ministerios competentes a intervenir, supervisar y garantizar que los recursos de los pensionados sean entregados sin dilación ni excusas, de manera oportuna.
No se trata de favores ni de trámites complejos. Es justicia simple. Es cumplirle a quienes trabajaron toda su vida y ahora solo esperan lo que por derecho les corresponde.
A nuestros adultos mayores no se les debe nada. Se les debe todo.
De edificio público a muladar: el costo del desgobierno
Pero este no es el único agravio del Banco Agrario hacia la comunidad quilichagüeña. Hace varios años, y sin justificación pública conocida, esta entidad oficial decidió abandonar sus amplias y cómodas instalaciones propias —ubicadas en la calle 4 con carrera 9, frente al parque central— para trasladarse a un centro comercial privado, donde ahora paga arriendo con recursos públicos. La decisión no solo ha significado incomodidades permanentes para los usuarios, sino que representa un uso ineficiente del patrimonio estatal, que en lugar de fortalecerse se entrega al negocio inmobiliario privado. Una paradoja inaceptable cuando se trata de una institución que representa al Estado.
El edificio abandonado, que podría haberse destinado como Casa de la Cultura, centro de convenciones o sede comunitaria, hoy está en ruinas: un espacio inutilizado, convertido en refugio para habitantes de calle y foco de riesgo para la ciudadanía, albergando incluso colonias de abejas agresivas que ya han atacado a transeúntes. Es la imagen literal del abandono institucional. ¿Qué hace falta para que las autoridades competentes gestionen la cesión, recuperación o reutilización de ese bien público? ¿Hasta dónde llegará esta ausencia de dolientes por lo que es de todos? Esta también es la “presencia” del Estado: dejar morir su infraestructura y ceder protagonismo a intereses privados.
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