LA DISCUSIÓN CONCEPTUAL QUE HAY DETRÁS DEL “DECRETAZO” PRESIDENCIAL
LA DISCUSIÓN CONCEPTUAL QUE HAY DETRÁS DEL “DECRETAZO” PRESIDENCIAL
El revuelo político y jurídico que desató el “decretazo” presidencial que convoca a la consulta popular abre interesantes discusiones conceptuales alrededor de términos como Estado Social de Derecho (ESD) y Estado de Derecho (ED), democracia representativa y participativa, legalidad y legitimidad, asumidos por el jefe del Estado y la oposición bajo condiciones antinómicas insuperables.
De un lado, la clase política y empresarial dominante ve como un riesgo que el presidente Petro invite al constituyente primario a manifestarse sobre la reforma laboral; entre tanto, las fuerzas progresistas que emergieron de la mano del caudillo popular que encarna Petro y que hace recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, la entienden como una oportunidad y un derecho indeclinable a cambiar esos escenarios de precariedad en el marco de una democracia participativa moral y éticamente superior a la tradición de una democracia representativa ejercida por congresistas-lobistas, presidentes de la República, alcaldes y gobernadores que acuden al voto popular únicamente para consolidar el Estado de Derecho como la única forma de actuación de la organización política que lo precede.
En su alocución desde la Plaza de San Francisco de Cali, ante una multitud de caleños, Gustavo Petro discurrió en torno a las acepciones que existen de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho y de cómo hay sectores de poder que prefieren hablar de la primera nomenclatura y figura jurídico-política porque les permite quedarse cómodamente instalados en la idea de un orden normativo constitucional que de manera taxativa naturaliza las históricas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusiones de todo tipo, haciéndolas insuperables y naturales de acuerdo con las condiciones que genera el débil aparato productivo nacional y la división de clases sociales; mientras que Petro optó por hablar de Estado Social de Derecho como posibilidad social y política de superar el penoso lugar que ocupa Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.
Asegurar condiciones de vida digna para la gente las asume el gobierno Petro como un imperativo moral, mientras que la derecha que le hace oposición lo entiende como un asalto a la democracia y un quiebre constitucional, a pesar de que el artículo primero de la Constitución política señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en el prevalencia del interés general”.
Así entonces, estamos ante de dos visiones irreconciliables alrededor de la operación del Estado bajo los imperativos morales de un Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución, pero negado políticamente por quienes a través del tiempo le apostaron a capturar el Estado para su propio beneficio y en desprecio de las necesidades de las grandes mayorías, eso sí, apegados al carácter normativo del Estado de Derecho.
Si el decreto expedido por el presidente Petro y firmado por todos sus ministros es declarado ilegal e improcedente bien por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dichas cortes estarían defendiendo de manera exclusiva y excluyente al Estado de Derecho y de esa forma negarían el Estado Social de Derecho como el camino expedito para que el Estado colombiano sirva a la “comunidad, promueva la prosperidad general, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación… asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…” tal y como está planteado en el artículo 2 de la carta política.
Volver realidad lo prescrito en la Constitución política tiene hoy enfrentados política e ideológicamente a quienes le apuestan a dejar las cosas como están porque siguen siendo funcionales a los sectores dominantes y a aquellos que creen que es tiempo de cambiar lo que constituye una vergüenza: ¡ser el tercer país más desigual del mundo!
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