La demanda de Nicaragua
Un día antes que venza la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, sobre nuestro país, Nicaragua demandó a Colombia, por amenazas y desconocimiento del fallo que el año pasado les asignó cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, que hasta ese momento pertenecían legalmente a Colombia.
El anuncio coincide con la autorización concedida por el gobierno nicaragüense, para que por las aguas reconocidas por La Haya, transiten naves de las armadas norteamericana y rusa, en labores de persecución a los narcotraficantes, que desde nuestros país y otros vecinos, como Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, transportan hacía Centroamérica, México y Estados Unidos, toneladas de droga, en lanchas rápidas, minisubmarinos y camufladas en barcos ‘pesqueros’.
Es un nuevo episodio del combate legal que de lejos va ganando Nicaragua, no sólo por la habilidad, permanencia y experiencia del equipo jurídico que lo respalda desde hace décadas, mientras en los sucesivos gobiernos colombianos pasando por Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, ha predominado la improvisación y menosprecio a los diplomáticos y abogados ‘nicas’, que en conocimiento del Derecho Internacional, les han dado “sopa y seco”.
Al presidente Santos le tocó el fallo del pleito que se cocinaba desde hace años, afrontando las críticas de Uribe, que siendo en parte responsable de los errores cometidos en la defensa del territorio de la Nación, no vacila en aprovechar cualquier situación para criticarlo y con mayor razón, en vísperas de elecciones para Congreso y Presidencia.
En agosto de 2013, el gobierno colombiano, anunció que el fallo de La Haya, es inaplicable, mientras los dos países no firmen un tratado limítrofe. La armada colombiana continúa ejerciendo jurisdicción sobre aguas en litigio, que pueden ser surcadas por pescadores de San Andrés y Nicaragua y por naves de otros países, al estar fuera de la plataforma continental.
Recién conocido el fallo de La Haya, varios expresidentes, excancilleres y especialistas en Derecho Internacional, recomendaron al gobierno de Santos, reunirse con el gobierno de Nicaragua, para llegar a un acuerdo, que controlara la exploración petrolera para garantizar preservación del área de corales existente, y que se les permitiera a los habitantes y pescadores de San Andrés, continuar con sus faenas de pesca; pero la presión de la reelección y las críticas de Uribe, lo llevaron a dilatar las negociaciones y declarar la inaplicabilidad del fallo.
La nueva demanda de Nicaragua y la autorización a las armadas rusa y gringa para perseguir naves de narcos son otro golpe jurídico contra Colombia.
