La CEO responde con evasivas

La CEO responde con evasivas
Cauca sigue apagándose ante la indiferencia del concesionario

Alfonso Luna Geller

La expectativa pública era palpable. Tras un Derecho de Petición que buscaba respuestas concretas a las fallas continuas y generalizadas del servicio de energía eléctrica en el Cauca, la Compañía Energética de Occidente (CEO) ha respondido. Y la conclusión es tan clara como decepcionante: la respuesta, aunque oportuna en el tiempo, es una ratificación de la ineficiencia y la incompetencia, un eco vacío que no resuelve ninguna de las inquietudes planteadas y que, lamentablemente, no vislumbra solución alguna por parte del concesionario responsable.

El problema que motivó nuestra solicitud persiste, con la misma crudeza y sin tregua. Las interrupciones constantes, las fluctuaciones de voltaje y la falta de comunicación efectiva siguen siendo la realidad de miles de caucanos. Y ante esta crisis, la CEO opta por la negación y la evasión, una estrategia que raya en el desconocimiento deliberado de la realidad que padece la comunidad.

La negación de una crisis y la carga al ciudadano

Cuando se preguntó por las causas estructurales, técnicas o administrativas de las fallas, la respuesta fue contundente en su negación: «No hay una causa estructural, técnica o administrativa que genere las interrupciones del servicio». Afirman contar con «capacidad técnica, financiera y administrativa para garantizar la prestación». ¿Cómo, entonces, se explica la recurrencia de los apagones masivos y las fluctuaciones que afectan la vida diaria y la economía del departamento? Esta postura, que reduce cada evento a un «caso particular» o a la «influencia del estado del tiempo», la «manipulación de terceros» o el «orden público», es una burla a la inteligencia de los usuarios. Es una forma de desconocer la magnitud de la problemática o, peor aún, de negarla porque saben que, sin una representación sólida y una defensa contundente, las comunidades no tienen quién las proteja de estos abusos.

La misma evasión se observa en las supuestas «medidas correctivas». La CEO describe un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Pero estas descripciones genéricas, que hablan de «diagnóstico de la red» y «atención 365 días con brigadas», carecen de cualquier cifra, meta o cronograma que demuestre un compromiso real con la mejora. Es una lista de acciones que, en la práctica, no se traducen en una disminución tangible de los problemas que sufrimos.

Y cuando se trata de la reclamación por daños, la respuesta es una bofetada a la justicia. Si bien detallan los canales para radicar una solicitud, la CEO se apresura a aclarar que «no son procedentes los recursos establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994». Esto significa que, si la respuesta de la empresa no satisface al usuario, este queda a la deriva, obligado a buscar «mecanismos establecidos por el ordenamiento legal colombiano», es decir, a iniciar procesos más complejos y costosos. Es una estrategia clara para desincentivar las reclamaciones y trasladar la carga y el costo al ciudadano afectado.

El silencio como política y el desprecio a la prensa

Quizás el punto más indignante de la respuesta es la justificación de la CEO para no emitir comunicados públicos frente a las publicaciones periodísticas, denuncias ciudadanas y editoriales que cuestionan su gestión. «Evitamos entrar en controversias ajenas a la naturaleza del servicio público que prestamos», afirman, reservándose el derecho a responder solo a «opiniones que no estén sustentadas en hechos verificables, o que contengan expresiones ofensivas». Esta es una declaración de guerra a la transparencia. ¿Quién decide qué es «verificable» o «ofensivo»? La CEO se arroga la potestad de censurar la crítica pública, descalificando de antemano el trabajo periodístico y las denuncias de una ciudadanía que clama por un servicio digno.

Agradecen nuestra «labor social» y «autorizan» la publicación de su respuesta «siempre y cuando se mantenga el contexto en el que se origina esta solicitud». Esta «autorización» es una imposición velada, un intento de controlar la narrativa y limitar la libertad editorial. No necesitamos su permiso para publicar lo que es de interés público, y el contexto lo define la realidad de los apagones y la frustración ciudadana, no la versión edulcorada de la empresa.

La inclusión, al final de su respuesta, de un «copy-paste» de más de 60 páginas del Contrato de Condiciones Uniformes, es la cereza del pastel de la incoherencia. Un documento extenso e irrelevante para las preguntas puntuales, que solo evidencia la burocracia y la falta de voluntad para ofrecer respuestas claras y directas.

Un contrato que debe ser revisado

La respuesta de la CEO no solo es insuficiente; es una afrenta a la ciudadanía del Cauca. Demuestra que las autoridades locales, regionales y nacionales, y la clase política que representa a las comunidades víctimas de este pésimo servicio, deben hacer todas las gestiones necesarias para revisar y, si es el caso, rescindir el contrato vigente. La ineficiencia y la incompetencia de la CEO no son rumores; son una realidad que se vive a diario en cada hogar y empresa del Cauca.

Es hora de que los entes de control, los representantes políticos y la sociedad civil se unan para exigir soluciones reales y no más excusas. El derecho a un servicio público de calidad no es negociable, y la transparencia en la gestión no puede ser una opción, sino una obligación ineludible. Proclama del Pacífico seguirá visibilizando esta realidad, porque la verdad, por más incómoda que sea, es el primer paso hacia la justicia y el cambio.