Instituciones y víctimas en el Cauca trabajan por la justicia y la reparación integral en casos de despojo de tierras.
Las víctimas de despojo y abandono de tierras en el Cauca no se rinden en su lucha por la justicia y la reparación integral, a pesar de los desafíos. Entre tanto, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil trabajan juntas para ofrecer apoyo a quienes perdieron sus predios en el marco del conflicto armado. Todos estos actores buscan un futuro más justo y equitativo, donde a las víctimas se les restituya lo que les fue arrebatado y se les reconozca su dignidad y derechos humanos.
Por: Juan Carlos Ramos / Comunicaciones Fundación Tengo Ganas / www.tengoganas.org
En el departamento del Cauca, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas han sido víctimas de despojo y abandono de tierras durante décadas. A pesar del dolor y la incertidumbre que han vivido, muchas de estas personas aún mantienen la esperanza de una reparación integral y creen en el trabajo de las instituciones para lograrlo.
Amanda Pérez*, representante de la Mesa de Víctimas del Cauca, es una de esas personas. Amanda, quien ahora es una líder comunitaria y defensora de los derechos de las víctimas, recuerda cuando ella y su familia fueron desplazados de su hogar en el municipio de Buenos Aires (Cauca)**, ahí los obligaron a abandonar todo lo que tenían y les tocó huir para salvar sus vidas. “Fue una época muy difícil para nosotros”, dice esta lideresa, “pero siempre hemos mantenido la fe en la justicia y en la reparación que merecemos”.
Rafael Zúñiga, director territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), señala que no es una tarea fácil, pues a pesar de que la Unidad ha recibido más de 6028 solicitudes de restitución de tierras en el departamento, solo se han resuelto un porcentaje de ellas y otro tanto están en proceso. “Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos comprometidos con las víctimas del conflicto, por eso la URT está de puertas abiertas para la gente”, comenta el director. “Restituir la tierra es “armonizar” la vida de las víctimas. Estamos trabajando en conjunto con otras entidades que hacen parte del proceso, y también con cooperantes, lo que nos permite llegar a distintas zonas del departamento y atender de manera directa a las comunidades”, agrega el director.
Según Zúñiga se estima que pueden existir muchos casos que aún no han sido registrados, y que se espera puedan ser atendidos próximamente a través de una articulación más sólida entre las alcaldías, las asociaciones de víctimas y la URT regional; de allí la necesidad de fortalecer las acciones interinstitucionales para facilitar la recepción y atención de los casos.
En ese contexto, el pasado 16 de febrero, el Programa Justicia Inclusiva de USAID apoyó a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad de Restitución de Tierras en el desarrollo de una jornada de atención y acompañamiento a víctimas de violencia y desplazamiento en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca). En esta jornada se atendieron cerca de 140 personas y se recibieron 31 solicitudes nuevas que inician trámite administrativo a cargo de la URT del Cauca.
Y es que el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y la Unidad de Restitución de Tierras, han venido trabajando articuladamente con el Programa Justicia Inclusiva de USAID, para acercar la oferta institucional en materia de restitución de tierras a los territorios, y fortalecer el funcionamiento y la incorporación de instrumentos, herramientas y procedimientos que garanticen una respuesta efectiva a las víctimas de despojo de tierras y de desplazamiento forzado.
Un proceso para retornar y perdonar
En el Cauca, desde el año 2012 se creó el juzgado especializado en restitución de tierras de Popayán, el único en el departamento, y que actualmente es liderado por la jueza primera civil del circuito Lesly Ruales Mora. A su cargo está el desarrollo de la etapa judicial del proceso de restitución de tierras, que consiste en recibir las solicitudes captadas por la URT, estudiar las demandas, realizar las audiencias individuales o colectivas correspondientes, y finalmente emitir sentencia ordenando la restitución, si hubiera lugar a ello. De igual manera, la labor de estos jueces especializados es supervisar y acompañar el cumplimiento de las sentencias emitidas, en una etapa conocida como “post-fallo”, para garantizar la real ejecución de las acciones de reparación a las víctimas.
Recordemos que el proceso de restitución de tierras tiene dos fases: la etapa administrativa y la etapa judicial. En la primera, es la URT la encargada de microfocalizar ciertos municipios o territorios donde se han producido serios desplazamientos o afectaciones ocasionadas por el conflicto armado con el fin de incluirlos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Esta entidad realiza la intervención inicial y es la que recolecta las declaraciones de las víctimas, declara la condición de víctima del reclamante y deriva los casos a los juzgados especializados. Según nos cuenta la jueza Ruales Mora, la etapa judicial está a cargo de estos juzgados, quienes reciben los procesos y expedientes que la unidad especializada ha ayudado a recolectar, los estudian y dictan sentencias. La jueza Ruales Mora y su equipo trabajan con estos expedientes para garantizar que cada caso sea tratado de manera justa y eficiente. Desde el año 2012, en el Cauca se han presentado 1340 solicitudes individuales y 31180 solicitudes étnicas. Además, el juzgado también ha tramitado 1330 demandas de tutela.
A menudo, este suele ser un proceso lento y con muchos obstáculos, pero la jueza Lesly Ruales dice que ha visto progreso en los últimos años gracias al fortalecimiento de los juzgados especializados y asegura que “estamos viendo más decisiones favorables hacia las víctimas, y eso es una señal de que el sistema está funcionando y que los resultados han sido buenos”. Además, “a las víctimas debemos decirles que tienen derechos, que no están solas, que hay toda una institucionalidad detrás dispuesta para la garantía de sus derechos. Debemos recordarles que esto es un proceso totalmente gratuito, que no requiere intermediarios, que está diseñado para que las víctimas puedan ser atendidas y realmente puedan acceder a la justicia y a la reparación”, agrega la jueza.
Entre tanto, desde que se creó la Ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras, poco a poco surgieron las Mesas Municipales y Departamentales de víctimas, instancias donde se garantiza una efectiva participación de las víctimas, para que ellas discutan, interlocuten, se capaciten, retroalimenten y hagan seguimiento a lo dispuesto en la Ley. Amanda Pérez* manifiesta que «gracias a ese espacio, hoy podemos tener un diálogo directo con las instituciones y así hacer que se escuchen nuestras voces y se atiendan nuestras demandas».
Como Amanda, muchos otros líderes comunitarios han dedicado sus vidas a esta causa, y están convencidos de que la reparación integral es la única forma de cerrar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.
*Nombre cambiado a solicitud de la fuente. **Espacio cambiado a solicitud de la fuente.
