El Hospital Universitario San José de Popayán enfrenta dificultades financieras que amenazan el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. La institución registra una cartera cercana a los $448.000 millones y, según la advertencia de su gerente, Juan Carlos Arteaga Cifuentes, los suministros disponibles permitirían sostener la atención durante aproximadamente ocho días.
La situación fue expuesta públicamente el jueves 12 de noviembre de 2026, durante una entrevista concedida por el directivo a La FM. Arteaga explicó que las demoras en el reconocimiento y pago de los servicios prestados a diferentes entidades promotoras de salud (EPS) han reducido la liquidez del hospital y dificultado la adquisición de materiales necesarios para su funcionamiento.
El problema adquiere especial relevancia por tratarse de un hospital de referencia que recibe pacientes de los 42 municipios del Cauca, incluidos ciudadanos que requieren tratamientos especializados, atención de urgencias y procedimientos derivados de lesiones relacionadas con el conflicto armado.
Aunque la gerencia confirmó restricciones en algunos quirófanos, aclaró que los servicios de urgencias y emergencias continúan funcionando. La advertencia sobre los ocho días de abastecimiento corresponde a la información entregada el 12 de noviembre; todavía no se dispone de un inventario actualizado que permita establecer si las existencias han cambiado.
Una cartera de $447.690 millones
De acuerdo con un comunicado institucional divulgado el 6 de noviembre, el Hospital Universitario San José registraba, con corte al 31 de octubre de 2026, una cartera de $447.690.345.049.
Aproximadamente el 86 % de ese valor corresponde a obligaciones de EPS. Del total, cerca de $258.345 millones están asociados a aseguradoras sometidas a medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Un documento de cartera conocido por PeriódicoVirtual.com identifica entre los principales saldos pendientes los de Nueva EPS, con $153.532 millones; Asmet Salud, con $72.840 millones; la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I), con $71.310 millones, y Emssanar, con $25.565 millones.
Estas cuatro entidades concentran aproximadamente el 72 % de la cartera reportada.
Sin embargo, las cifras requieren una precisión. El documento registra facturas por alrededor de $670.601 millones y pagos pendientes de aplicación detallada por $222.911 millones. La diferencia corresponde al saldo divulgado por la institución.
Por esta razón, resulta necesario establecer qué valores han sido reconocidos por las EPS, cuáles presentan objeciones y cuánto dinero puede recuperarse mediante los procesos de conciliación.
Arteaga señaló que las dificultades se han prolongado durante los últimos dos años. Según su explicación, los cambios de interventores en varias EPS y las demoras en la revisión de cuentas han impedido resolver obligaciones pendientes.
Las deudas afectan el suministro de medicamentos
La falta de recursos ha comprometido la relación comercial del hospital con sus proveedores.
Según la información entregada por la institución, algunas empresas han reducido los plazos de crédito y otras solicitan pagos anticipados para suministrar medicamentos, dispositivos médicos y materiales quirúrgicos.
Esta situación obliga a la administración a distribuir los recursos disponibles entre las necesidades asistenciales y sus obligaciones de funcionamiento.
Durante la entrevista del 12 de noviembre, el gerente advirtió que la disponibilidad de insumos era limitada. También reconoció restricciones en los quirófanos y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener una prolongación de las dificultades financieras.
La institución no ha anunciado un cierre general de sus servicios. La continuidad de la atención, particularmente en las áreas de mayor complejidad, dependerá de la disponibilidad de suministros, personal y capacidad hospitalaria.
La alerta roja también explica el aplazamiento de cirugías
Las dificultades financieras coinciden con una medida sanitaria que permanece como antecedente de las restricciones asistenciales.
Mediante la Circular 336 del 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Salud del Cauca declaró la emergencia humanitaria y la alerta roja hospitalaria ante los niveles de ocupación de la red departamental, las consecuencias del terremoto registrado ese mes y las limitaciones para recibir pacientes en otras instituciones.
La disposición estableció la priorización de emergencias vitales y la suspensión de procedimientos quirúrgicos no urgentes que requirieran hospitalización o utilización de unidades de cuidados intensivos.
Según los reportes divulgados por la Gobernación del Cauca, la ocupación de diferentes servicios de mediana y alta complejidad llegó a superar ampliamente su capacidad instalada.
En un pronunciamiento del 6 de noviembre, el Hospital San José explicó que determinadas cirugías estaban siendo reprogramadas conforme a la alerta hospitalaria y a las evaluaciones médicas de cada paciente.
La institución precisó que continuaban funcionando los servicios de urgencias, hospitalización, atención de pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos urgentes, sujetos a sus condiciones clínicas y operativas.
Esta aclaración permite distinguir las restricciones adoptadas por la sobreocupación hospitalaria de aquellas relacionadas con dificultades para adquirir medicamentos y materiales médicos.
Trabajadores también han advertido dificultades
La situación financiera coincide con cuestionamientos de organizaciones sindicales sobre las condiciones asistenciales y laborales del hospital.
El 4 de noviembre, la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (ANTHOC), subdirectiva Popayán, manifestó su preocupación por presuntos aplazamientos de procedimientos quirúrgicos, dificultades en el suministro de insumos y asuntos relacionados con la contratación del personal.
La organización solicitó la intervención de las autoridades sanitarias y de los organismos de control.
Durante los primeros días del mes también se conocieron diferencias entre la administración hospitalaria y agremiaciones sindicales por la continuidad de contratos asistenciales. Posteriormente, medios regionales informaron sobre la firma de acuerdos para cerca de 300 trabajadores.
Las denuncias laborales requieren ser examinadas de manera independiente de las obligaciones económicas que mantienen las EPS con el hospital.
Un problema que venía de años anteriores
La crisis financiera del Hospital San José tiene antecedentes documentados.
En diciembre de 2025, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales había advertido que las obligaciones pendientes de Nueva EPS estaban afectando la sostenibilidad del centro asistencial y poniendo en riesgo la continuidad de determinados servicios para sus afiliados.
El panorama nacional también muestra dificultades en el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas informó que, con corte a junio de 2026, la deuda registrada con 232 instituciones participantes en su estudio alcanzaba los $27,8 billones.
La situación de Popayán forma parte de ese problema de financiación, aunque todavía se requiere una revisión de los estados financieros, los gastos operativos y la evolución de la cartera del Hospital San José para determinar el alcance de sus causas particulares.
¿Qué respuestas necesita el Hospital San José?
Ante las dificultades, el gerente Juan Carlos Arteaga solicitó atención del Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para facilitar la revisión de cuentas y recuperar los recursos pendientes.
La institución ha informado que adelanta gestiones administrativas, financieras y jurídicas, incluidas mesas de depuración de cartera y espacios de conciliación con las entidades responsables de los pagos.
Queda por establecer cuánto dinero ha ingresado efectivamente al hospital durante noviembre, qué acuerdos han alcanzado las EPS deudoras y cuáles son las medidas previstas para evitar nuevas dificultades de abastecimiento.
También está pendiente conocer el inventario actualizado de medicamentos e insumos, así como el número de procedimientos reprogramados por razones financieras o por las restricciones derivadas de la alerta roja.
Mientras se conocen esas respuestas, el Hospital Universitario San José continúa atendiendo pacientes en un departamento donde la demanda de servicios especializados está relacionada tanto con las necesidades ordinarias de salud como con las emergencias y las consecuencias del conflicto armado.
