Guerra informativa y jurídica, antes de elecciones.
La «Paz Total » recibió muchas críticas por el cese al fuego prolongado y sin contraprestaciones que el gobierno de Petro ordenó a las Fuerzas Armadas, el cual fue aprovechado por guerrillas como las disidencias de las FARC y el ELN para enfrentarse entre ellas, con la población civil en medio, buscando apoderarse de más territorios.
Aunque muchos de los datos divulgados en la investigación de Caracol TV, sean ciertos, hay que ubicarlos en el contexto de las negociaciones que el gobierno facilitaba con el grupo de Calarcá.
La creación de una agencia de seguridad para la protección de los dirigentes de los diferentes grupos armados, con participación de los desmovilizados ya se ha dado en anteriores gobiernos y procesos de negociación con otros grupos guerrilleros como el M19, las FARC y paramilitares de las AUC, tanto por asuntos de logística como de seguridad y confianza que puedan sentir los negociadores custodiados, recelosos de estar protegidos sólo por sus antiguos enemigos.
Tampoco hay que desconocer que al interior del ejército han existido grupos de oficiales con viejos vínculos con paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de armas, y que, según algunos analistas, pueden aprovechar y filtrar información sesgada para vengarse del general Huertas que los desenmascaró y dañó cuantiosos negocios ilegales.
La CIA norteamericana, como filtradora de información manipulada, también puede estar detrás en los intentos de tumbar no sólo a Maduro como se lo ordenó el presidente Trump, sino también, para desestabilizar y desacreditar al gobierno de Petro, con mayor razón, cuando se acercan las elecciones para renovar el Congreso y por la Presidencia de la República y el gobierno norteamericano está interviniendo abiertamente a favor de sus socios ideológicos de derecha como lo hizo apuntalando a Milei, en Argentina antes de las elecciones legislativas que ganó, con un préstamo de US$ 20.000 millones, y como acaba de hacerlo en Honduras anunciando su respaldo al candidato de la derecha.
No hay que desconocer la gran influencia que tienen sobre el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno y otros congresistas republicanos, el círculo ligado al expresidente Uribe, encabezado por sus hijos residenciados en Miami, que según denunció el periodista Daniel Coronel, con participación de agentes del FBI y testigos falsos, están armando una investigación contra Iván Cepeda para vincularlo con carteles del narcotráfico, y la presión hecha pública de funcionarios y políticos colombianos como el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia que piden la intervención del gobierno norteamericano y sus instituciones en contra del gobierno de Petro y otros funcionarios a quienes piden que los juzguen y extraditen.
En este panorama prelectoral de intereses encontrados cae como anillo al dedo que el escándalo revelado por Caracol Televisión estallé dos días después que las disidencias de Calarcá habían logrado seis puntos para desempantanar el séptimo ciclo de las negociaciones de paz con el gobierno.
“Esos puntos incluyen temas como para desactivar el conflicto, con un compromiso del EMBF de no reclutar menores de edad; acceso a la tierra, con zonas de reserva campesina; proteger los parques naturales y contener la deforestación; y un pacto para que las elecciones del 2026 se desarrollen con garantías para ciudadanos, partidos y candidatos”, informa El País, de España.
Sin embargo, en este país donde la avalancha del Nevado del Ruiz desplazó de los titulares la toma y masacre del Palacio de Justicia, el escándalo desatado por las revelaciones de Ricardo Calderón en Caracol Televisión, sobre los entretelones de las negociaciones de paz que adelanta el gobierno y la inteligencia del Estado con las disidencias de Calarcá, temporalmente fue desplazado por la condena en segunda instancia que el Tribunal Superior de Antioquia, acaba de proferir contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe y posible integrante de la lista del Centro Democrático al Senado, por delitos relacionados con su liderazgo en la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 apóstoles”.
Ahora contragolpea la derecha con otro episodio más de la batalla prelectoral, justo a tiempo para ponerle palos a la rueda a la fusión de la izquierda y la inscripción de listas unificadas para el Congreso, cuando el politizado Consejo Nacional Electoral, CNE, con mayoría de miembros pertenecientes a partidos de Oposición, por primera vez acaba de sancionar a una campaña presidencial, la de Petro, después que ignoraron las contundentes pruebas que vincularon a la campaña de Santos con financiación de Odebrecht y a la Duque con aportes del asesinado narcoganadero “Ñeñe” Hernández.
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