Grito del Cauca en el amanecer del terror

Grito del Cauca en el amanecer del terror

El suroccidente colombiano amaneció sumido en el pánico. La reciente alborada desató una ola de terror sin precedentes que se tradujo en más de dieciséis atentados en apenas cuatro horas, sembrando muerte y destrucción en el Valle del Cauca y, con especial crudeza, en nuestro amado Cauca. Las explosiones con cilindros bomba sacudieron los barrios Meléndez (donde un cuidador de motos perdió la vida), Marroquín, Manuela Beltrán y Los Mangos en Cali. En la vía a Andalucía, dos cilindros bomba fueron hallados; otros dos, camino al aeropuerto de Palmira. Jamundí vio cómo desactivaban un cilindro en su entrada principal. En Buenaventura, una granada estalló en el CAI del barrio El Pailón.

Pero fue el Cauca quien pagó la cuota más alta, con ocho ataques simultáneos en igual número de municipios. La explosión de un carro bomba frente a la Secretaría de Tránsito de El Bordo, cerca de la Panamericana, devastó la Alcaldía, viviendas y locales. Minutos después, otro carro bomba detonó en el parque principal de Corinto, cuyo puesto de Policía fue atacado con ráfagas de fusil, cobrando la vida de un valeroso agente. El horror se extendió con lanzamientos de granada en Buenos Aires, un ataque con dron en El Patía contra la Fuerza Pública, y enfrentamientos en la zona rural de Miranda. La barbarie alcanzó la vida de algunos uniformados: el patrullero Jair Gonzalo Gurrute, de 24 años, fue asesinado por un francotirador en Caloto, y un policía de tránsito murió en el peaje de Villa Rica. Al final de la jornada, el suroccidente contaba cuatro vidas menos: dos uniformados de la Policía y dos civiles.

Ante semejante embestida, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, levantó su voz con indignación, rechazando categóricamente la escalada de violencia y exigiendo redoblar esfuerzos para restablecer el orden. Pero, ¿con qué apoyos cuenta el gobernador? Es imperioso decirlo con la verdad que nos asiste: el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, prácticamente está solo. Y lo está porque el respaldo institucional del Estado ha sido, en el mejor de los casos, una mera retórica vacía. Lo está porque los proyectos estratégicos que el Cauca clama para combatir estructuralmente la violencia –ese «Pacto Cauca» que prometería inversión en vías, educación, salud, empleo juvenil y programas productivos– siguen atrapados en la maraña impenetrable de la burocracia nacional. Lo está porque sus propios congresistas, con contadas y honrosas excepciones, han guardado silencio cómplice e imperdonable.

Solo el senador Ferney Silva Idrobo, a través de su cuenta en X, ha sido una de las pocas voces que se ha alzado con propuestas claras y concretas. Él ha planteado declarar un Estado de Conmoción Interior en el Valle del Cauca y el Cauca, ha urgido la implementación del Pacto Cauca para llevar inversión social y reactivación económica, ha exigido al comisionado de paz mostrar la ruta y avances de la «paz total» (cuyo fracaso en el suroccidente es inocultable), y ha demandado volcar todos los esfuerzos de la fuerza pública e inteligencia militar para prevenir estos hechos. Desde Proclama del Pacífico, lo hemos dicho con insistencia: el Cauca necesita hechos, no discursos; inversiones, no promesas.

Como ha señalado el excongresista Roy Barreras y como se desprende de la gravedad y sincronización de los eventos, nos encontramos ante un plan desestabilizador en contra del Gobierno nacional. Los grupos armados organizados, cuya fuente de poder es el narcotráfico, parecen confabular con sectores políticos que contribuyen a romper el orden institucional democráticamente establecido. El telón de fondo incluye el atentado contra el senador Uribe Turbay, las nuevas amenazas contra la vida del presidente Petro, sus hijos y los del ministro Benedetti, el paro legislativo en el Congreso, y la inexplicable inasistencia de la oposición a una reunión vital con Petro para redefinir reglas de seguridad electoral. La violencia, mientras tanto, sigue ensañándose con comunidades y líderes.

Pero la soledad del gobernador Guzmán Gutiérrez se ahonda en el abandono político. La bancada parlamentaria del Cauca, elegida precisamente para defender los intereses del territorio, ha desaparecido en medio del clamor ciudadano. ¿Dónde están los congresistas cuando se necesita su presión política frente al Ejecutivo? ¿Dónde están las sesiones de control, los debates urgentes, los llamados a los ministros que brillan por su ausencia? El gobierno nacional no actúa porque nadie lo obliga a hacerlo, y la tragedia del Cauca se profundiza con cada omisión, y no se supera con la sola crítica ni con discursos de campaña electoral.

Mientras el Estado se muestra ausente o llega a cuentagotas, las comunidades indígenas, afros, campesinas y urbanas resisten como pueden. Los grupos armados y la criminalidad, impunes, avanzan sobre la sangre derramada. La tan cacareada «paz total» no puede construirse sobre el olvido de los territorios más golpeados por la guerra. No puede haber paz mientras no haya inversión real, justicia efectiva y garantías tangibles de seguridad para quienes habitan esta tierra.

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