Gobierno Nacional frena despidos injustificados antes de la Ley de Garantías.
El Gobierno Nacional ordenó a todas las entidades de la Rama Ejecutiva abstenerse de realizar desvinculaciones arbitrarias o decisiones administrativas que afecten la estabilidad laboral, en la antesala de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, prevista para el próximo 31 de enero de 2026.
La directriz fue impartida mediante la Circular Externa 100-002-2026, firmada por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán, por instrucción del Gobierno Nacional. El documento exhorta a ministros, directores y jefes de talento humano a gestionar el empleo público con criterios estrictamente técnicos, garantizando la continuidad del servicio y el respeto por la dignidad de los trabajadores.
La circular advierte que ninguna decisión administrativa puede estar motivada por intereses coyunturales o electorales, y que cualquier movimiento en la nómina estatal deberá responder exclusivamente a necesidades reales del servicio público, debidamente sustentadas.
“Bajo el marco del artículo 53 de la Constitución Política, nuestra administración debe ser garante de la igualdad de oportunidades y la estabilidad laboral. El empleo público no es una cifra: es un compromiso con los derechos humanos y el trabajo decente”, afirmó Barragán, al explicar el alcance de la medida.
Desde Función Pública se enfatizó que esta orientación busca proteger el empleo estatal de presiones políticas previas a los comicios, evitando prácticas que históricamente han generado inestabilidad institucional y vulneración de derechos laborales durante los periodos preelectorales.
Con esta decisión, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su postura de que la gestión del talento humano del Estado debe estar por encima de la coyuntura electoral, garantizando que la transición hacia la Ley de Garantías se realice sin afectar a los servidores públicos ni el funcionamiento de las entidades.
